El Poder Oculto del Keynesianismo: Economía Intervencionista y Debate Político en Colombia

En un mundo donde las cifras macroeconómicas se disputan en cada debate público y las decisiones de política fiscal se tornan en instrumentos de transformación social, es ineludible reconocer que el keynesianismo jamás ha sido un ente apolítico. Aunque en los textos académicos se presenta como una teoría técnica que explica el comportamiento de la demanda agregada y la necesidad de intervención estatal en épocas de recesión, en la práctica sus postulados se traducen en decisiones de corte político que moldean la estructura del Estado y la distribución del ingreso. Este enfoque no es simplemente una herramienta de análisis económico, sino un poderoso marco de acción política que determina en gran medida el destino de las economías, y Colombia no es la excepción.

Si observamos la coyuntura actual de nuestro país, donde la desigualdad, el desempleo y las carencias estructurales en infraestructura siguen marcando la pauta, se evidencia cómo la intervención estatal se ha convertido en un elemento esencial para contrarrestar las crisis y estimular el crecimiento. Las políticas públicas inspiradas en el pensamiento keynesiano –como el incremento del gasto en obras públicas, la inversión en educación y salud, o la ampliación de los programas de protección social– no surgen de un vacío técnico, sino que reflejan una visión política que asume que el Estado debe jugar un rol central en la regulación de la economía. En Colombia, donde el debate sobre la austeridad y el gasto público se vive en un contexto de tensiones sociales y desafíos estructurales, la aplicación de este paradigma evidencia la inherente politización del keynesianismo.

La historia nos enseña que, durante la Gran Depresión, la propuesta de John Maynard Keynes de incrementar la demanda agregada mediante la inversión estatal se tradujo en una lucha de poder que involucró a distintos actores políticos y sociales. Hoy, al igual que en aquellos tiempos convulsos, la economía colombiana se debate entre las fuerzas del libre mercado y aquellos que abogan por una intervención estatal audaz para corregir desequilibrios históricos. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá o Medellín, la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y el impulso de programas sociales no solo buscan dinamizar la economía, sino también articular un pacto social que permita enfrentar la creciente brecha entre ricos y pobres, así como mejorar la calidad de vida de la población.

Resulta imprescindible destacar que la clave de este debate reside en la noción de que la economía de mercado, sin la intervención consciente del Estado, rara vez alcanza el pleno empleo ni garantiza una distribución equitativa de la riqueza. Las fluctuaciones del ciclo económico –que en Colombia se reflejan en episodios de crecimiento dispar y crisis recurrentes– ponen en evidencia que el “laissez-faire” es una utopía que ignora la volatilidad inherente a las decisiones de consumo y producción de millones de ciudadanos. Así, cuando el gobierno decide invertir en sectores estratégicos o ampliar la cobertura social, se está apostando no solo por una recuperación económica, sino por un proyecto político que reconfigura el contrato social entre el Estado y la ciudadanía.

Esta visión no es ajena a la realidad cotidiana de millones de colombianos que, cada día, ven cómo las políticas de subsidios, inversión en infraestructura y mejoras en la educación pública se convierten en la base para una mayor inclusión social. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la misma intervención estatal puede, en ciertos contextos, acarrear problemas de corrupción, burocracia excesiva o ineficiencias en la asignación de recursos. Este dilema, inherente a cualquier sistema de intervención pública, exige un debate riguroso sobre el tamaño y la forma del Estado, en el que la economía keynesiana actúa como catalizadora de tensiones entre quienes consideran que la intervención es el remedio indispensable y aquellos que temen una expansión estatal descontrolada.

La discusión se enriquece al considerar cómo la globalización y la digitalización están remodelando los mercados, generando nuevos desafíos y oportunidades para la acción pública. En Colombia, donde la economía informal y la desigualdad estructural coexisten con sectores de alta tecnología y modernización, la necesidad de políticas fiscales y monetarias que no solo respondan a las crisis, sino que impulsen el desarrollo sustentable, cobra una relevancia renovada. De hecho, estudios recientes señalan que inversiones en infraestructura digital y energías renovables pueden actuar como motores de crecimiento, pero requieren de un compromiso estatal que asegure un equilibrio entre eficiencia y justicia social.

A lo largo de las últimas décadas, el keynesianismo ha sido interpretado y reconfigurado por diversas corrientes, tanto en el ámbito internacional como en el propio escenario colombiano. Mientras algunos economistas insisten en que las medidas de estímulo son esenciales para contrarrestar los ciclos económicos adversos, otros argumentan que estas mismas políticas pueden inducir déficits insostenibles si no se acompañan de reformas estructurales profundas. Este contrapunto revela que el debate sobre el rol del Estado en la economía no es una cuestión meramente técnica, sino que está profundamente imbricado en valores políticos y visiones del futuro que, en última instancia, determinan el rumbo del desarrollo nacional.

En definitiva, afirmar que el keynesianismo es apolítico es ignorar su naturaleza como propuesta política. Sus fundamentos teóricos y prácticos están orientados a transformar la realidad económica mediante la intervención del Estado, lo que inevitablemente lo coloca en el centro de las disputas ideológicas. En un país como Colombia, donde las tensiones sociales y económicas están a flor de piel, reconocer esta dimensión política es esencial para entender las políticas públicas y para generar un debate constructivo sobre el futuro de la nación. El desafío consiste en equilibrar la necesidad de intervención estatal para lograr la equidad y el desarrollo, con la imperiosa exigencia de eficiencia y transparencia, de modo que las políticas keynesianas puedan adaptarse a los tiempos modernos sin sacrificar la libertad individual ni perpetuar desigualdades históricas.

La reflexión sobre este tema nos invita a repensar el rol del Estado y a considerar que, en tiempos de crisis y transformación, no basta con postular que el libre mercado es suficiente para alcanzar el bienestar general. Es precisamente en la articulación de un proyecto político, basado en la intervención estatal informada y en la capacidad de respuesta ante los retos contemporáneos, donde reside el verdadero poder del keynesianismo. Así, en el escenario colombiano, donde cada inversión pública y cada reforma fiscal tienen el potencial de reconfigurar el tejido social, el debate sobre el keynesianismo debe trascender la mera técnica para convertirse en un diálogo profundo sobre el futuro que queremos construir.