El arancel es un muro invisible: sobre la libertad que no se ve, pero se siente

Vivimos en una época donde el concepto de libertad se ha desgastado por el abuso de su invocación. Políticos de todos los espectros, desde la izquierda identitaria hasta la derecha conservadora, proclaman defenderla. Se habla de libertad para amar, para expresarse, para protestar, para creer o no creer. Y, sin duda, todas esas dimensiones son valiosas. Pero hay una libertad más elemental, más profunda, más silenciosa, que rara vez ocupa los titulares o los discursos encendidos en la plaza pública: la libertad de vivir de tu trabajo sin que te lo arrebaten por la fuerza de la ley. Esa es la libertad económica, y sin ella, todas las otras libertades son ornamentos vacíos.

En Colombia, donde cada día más personas intentan abrirse camino con esfuerzo propio, levantar un negocio, importar un bien, vender un producto o simplemente sobrevivir con dignidad, los aranceles funcionan como una cadena invisible que aprieta el cuello sin que muchos lo noten. Son presentados como instrumentos de “protección nacional”, “defensa del empleo” o “soberanía económica”, pero detrás de esas etiquetas se esconde una verdad brutal: los aranceles son mecanismos de despojo legalizados. No son otra cosa que impuestos sobre la libertad de intercambiar. No son otra cosa que barreras impuestas para obligar a los colombianos a comprar más caro, a trabajar más por menos, a subsidiar sin saberlo a aquellos que tienen poder de lobby o conexiones con el aparato estatal.

Y en esa trampa, ¿quién pierde? Pierde el tendero que quisiera importar electrodomésticos más baratos desde Panamá. Pierde el agricultor que necesita fertilizantes a mejor precio. Pierde el joven que emprende y no puede competir porque sus insumos tienen un 10, 20 o incluso 35 % adicional en costos artificiales. Pierde la madre cabeza de hogar que gasta más en útiles escolares, alimentos o vestuario, todo porque alguien en Bogotá decidió que debía “protegerse la industria nacional”. Pero, ¿a cuál industria? ¿La que innova, compite y mejora, o la que sobrevive gracias al privilegio y la protección forzada?

En una economía donde más del 60 % del empleo es informal y donde el salario mínimo apenas alcanza para cubrir la mitad de la canasta básica, hablar de libertad mientras se elevan aranceles es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo se supone que un colombiano es libre si no puede elegir qué comprar ni a quién comprarle, porque el Estado ya lo hizo por él? ¿Cómo se puede hablar de equidad si el sistema está diseñado para favorecer a unos pocos empresarios con acceso a funcionarios, mientras millones de ciudadanos pagan precios más altos por lo esencial?

Históricamente, las barreras al comercio han sido una de las formas más eficientes de saquear sin usar armas. Bastaba con legalizar el robo y envolverlo en una bandera tricolor. Ya lo advertía Frédéric Bastiat en el siglo XIX: “Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de personas en una sociedad, con el tiempo desarrollan un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”. Y en Colombia, ese sistema ya está en funcionamiento. Cada vez que se impone un arancel, alguien se beneficia artificialmente, pero muchos más se empobrecen silenciosamente.

En un país donde se clama por igualdad de oportunidades, los aranceles son una trampa para los más pobres. No solo pagan más por los bienes que consumen, sino que se les niega el derecho de progresar con base en su ingenio y esfuerzo. Se les condena a competir en un terreno inclinado, donde el éxito no depende del mérito, sino de los favores que se puedan negociar en la capital. Y cuando la riqueza depende del acceso al poder y no de la productividad, la corrupción no es una anomalía, es una consecuencia inevitable.

Hay quienes dirán que sin aranceles “nos invadirían los productos chinos” o que “quebraríamos a nuestros agricultores e industriales”. Pero ese argumento parte de una falsa premisa: que el colombiano es incapaz de competir si no es protegido. Nada más falso, nada más ofensivo. El talento, la resiliencia y el trabajo duro del colombiano no necesitan muletas. Lo que necesitan es dejar de cargar el peso muerto de las políticas que encarecen, limitan y distorsionan. En lugar de proteger industrias ineficientes, deberíamos liberar a los ciudadanos para que puedan importar, exportar, producir e intercambiar libremente. La verdadera protección no viene de un muro arancelario, sino de un marco institucional que garantice competencia leal, reglas claras y respeto por la propiedad privada.

El discurso proteccionista apela al miedo: miedo a perder empleos, miedo a la competencia externa, miedo al cambio. Pero el progreso nunca ha nacido del miedo, sino de la libertad. Fue la apertura económica en los años noventa la que permitió a millones de colombianos acceder a bienes antes impensables. Fue la libertad de comerciar lo que multiplicó las opciones de consumo, bajó precios y trajo innovación. Y aunque esa apertura fue incompleta, limitada y muchas veces mal implementada, demostró algo esencial: cuando se le permite a la gente actuar libremente en el mercado, los resultados superan siempre las promesas del proteccionismo.

Hoy, cuando el país se debate entre modelos que prometen “más Estado” y otros que proponen “más mercado”, es urgente poner la conversación en el terreno correcto. No se trata de elegir entre caos y control, entre liberalismo salvaje y regulación paternalista. Se trata de comprender que la libertad económica no es un lujo, sino un derecho. No es una ideología, sino una condición para que florezcan todas las demás libertades.

El colombiano de a pie no necesita que lo protejan de los productos extranjeros; necesita que lo protejan del saqueo legalizado, de las políticas que lo excluyen, de las decisiones tomadas por burócratas que jamás han tenido que vender algo para comer. La verdadera soberanía no está en cerrar las fronteras, sino en abrir oportunidades. No está en blindar al productor ineficiente, sino en empoderar al consumidor, al emprendedor, al ciudadano común que solo quiere vivir de su trabajo con dignidad.

Porque sin esa libertad —la libertad de trabajar, producir, comerciar y prosperar— todas las demás libertades son una ilusión. Votar no llena la nevera. Tener derechos en el papel no paga las cuentas. Y si queremos una Colombia verdaderamente libre, no basta con cambiar los rostros en el Congreso. Hay que desmantelar los privilegios, los aranceles y las mentiras que nos mantienen presos del atraso.

La libertad económica no es solo una causa liberal. Es una causa humana.