El analfabetismo económico: la ignorancia que nos condena a repetir la pobreza

Hay una ignorancia que no hace ruido, que no lanza piedras, que no se manifiesta en las calles ni incendia ciudades, pero que es profundamente corrosiva. Es silenciosa, cotidiana y se instala en la mente como una verdad que no necesita ser cuestionada. Es el analfabetismo económico, ese desconocimiento casi estructural que impide comprender cómo funciona el mundo que habitamos, cómo se generan los precios que pagamos, por qué sube o baja el dólar, por qué hay escasez de ciertos productos o por qué las decisiones de un gobierno pueden hundirnos en una recesión o devolvernos al camino del crecimiento. Este analfabetismo no se limita a quienes jamás han tenido una educación formal; alcanza incluso a profesionales, opinadores, líderes sociales y legisladores. Es transversal, peligroso y está profundamente arraigado en la cultura política de Colombia.

Vivimos en una época donde se confunde lo público con lo gratuito, lo estatal con lo eficiente, y lo social con lo populista. En nombre de los más pobres se justifican medidas que, paradójicamente, los hunden aún más en la pobreza. En Colombia, por ejemplo, hay una exaltación casi religiosa del Estado como proveedor universal, como si el Estado fuera una entidad que genera riqueza por sí misma y no una organización que gasta lo que previamente ha quitado a quienes producen. Cuando se pide más gasto público sin entender de dónde viene el dinero, se comete un acto de fe económica peligrosamente irresponsable. Los subsidios eternos, los programas clientelistas, la impresión de dinero sin respaldo o el control de precios no son “solidaridad con el pueblo”; son venenos lentos que distorsionan los incentivos, arruinan a los productores y destruyen la confianza en las reglas del juego.

En Colombia, gran parte del debate económico se reduce a frases vacías y eslóganes emocionales. Frases como “el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda”, “el salario mínimo debe ser digno” o “la salud no es un negocio” suenan justas, casi indiscutibles. Pero detrás de cada una hay decisiones económicas complejas, que exigen análisis técnico, sentido común y visión de largo plazo. ¿Qué significa subir el salario mínimo por decreto si la productividad no lo respalda? ¿Qué impacto tiene eso sobre el empleo formal en un país donde más del 57% de los trabajadores están en la informalidad? ¿Qué pasa con la vivienda “gratuita” cuando el Estado no tiene recursos suficientes y se endeuda para financiarla, comprometiendo el futuro de generaciones que aún no votan ni trabajan?

El problema no es solo la ignorancia individual, sino el uso sistemático de esa ignorancia como herramienta de manipulación política. Un pueblo que no comprende cómo se crea la riqueza es fácilmente seducido por quienes prometen repartirla. En los últimos años, hemos visto cómo se romantiza la lucha contra “el capital”, cómo se culpa al “neoliberalismo” por todos los males del país, mientras se pasan por alto las verdaderas causas de nuestra desigualdad estructural: la corrupción, la baja productividad, la educación desconectada del mercado, la inseguridad jurídica para emprender, y el aparato estatal ineficiente que consume más de lo que produce. En nombre de la justicia social, se castiga al que genera empleo y se premia al que espera recibir sin aportar.

Esta dinámica no es nueva. Es la misma que han vivido otros países de la región, desde Argentina hasta Venezuela. El populismo económico es hijo legítimo del analfabetismo económico. Cuando el ciudadano promedio no sabe cómo se financia el gasto público, cómo se mide la inflación o qué significa una reforma tributaria, se convierte en presa fácil de discursos que prometen el paraíso con los bolsillos ajenos. Y el problema se agrava cuando esa ignorancia es replicada por influencers, académicos y periodistas que, lejos de educar, desinforman. El debate público colombiano está plagado de voces que opinan con una seguridad inversamente proporcional a su conocimiento.

En el día a día, esto se traduce en decisiones individuales erróneas: personas que no entienden cómo funciona el crédito y se endeudan a tasas impagables, trabajadores que creen que el salario depende de la voluntad del empleador y no de la productividad, ciudadanos que aplauden subsidios sin preguntarse quién los paga. Se traduce también en decisiones colectivas desastrosas: gobiernos elegidos con promesas inviables, congresos que aprueban reformas sin evaluar sus consecuencias económicas, movimientos sociales que exigen más gasto sin evaluar la sostenibilidad fiscal. Y al final, la cuenta siempre llega. Llega en forma de inflación, de desempleo, de fuga de capitales, de inversión estancada, de oportunidades perdidas.

La solución no es técnica, es cultural. No se trata de aumentar el número de cursos de economía en las universidades, sino de construir una ciudadanía con criterio económico básico desde la escuela. Una ciudadanía que entienda por qué los precios no pueden fijarse por decreto, por qué imprimir billetes no crea riqueza, por qué el Estado no puede gastar lo que no tiene, por qué el emprendimiento no es un privilegio sino una vía legítima hacia la prosperidad. El día que cada colombiano sepa qué es el déficit fiscal, cómo funciona la oferta y la demanda, y por qué la propiedad privada es fundamental para la libertad, ese día dejaremos de ser rehenes de los vendedores de humo y podremos construir un país menos desigual no por decreto, sino por mérito.

Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se repite el ciclo de la pobreza disfrazada de justicia, del clientelismo disfrazado de solidaridad, y del estatismo disfrazado de progreso. Porque mientras el analfabetismo económico siga siendo la norma, el desarrollo seguirá siendo una promesa rota. En una democracia sin educación económica, el voto es libre, pero no es libre el futuro. Y eso, tarde o temprano, nos pasa la factura a todos.