Aranceles: el disfraz patriótico de la economía del saqueo

En un país donde la pobreza sigue siendo el pan de cada día, donde millones de personas aún esperan una oportunidad real para producir y salir adelante sin depender del Estado, defender los aranceles como política económica legítima no es solo una ingenuidad técnica: es una traición moral. Colombia, como muchos países en vías de desarrollo, ha sido víctima durante décadas de una élite política y empresarial que se escuda en el lenguaje del proteccionismo para justificar la transferencia silenciosa de riqueza desde los más pobres hacia los más cercanos al poder. Los aranceles, que muchos siguen considerando medidas “nacionalistas”, “productivas” o “estratégicas”, no son más que un instrumento sofisticado de redistribución forzada. Pero no redistribuyen hacia los más necesitados, sino hacia los mejor conectados. Y esa, precisamente, es la esencia del Estado de bienestar en su forma más corrupta: el uso sistemático de la violencia institucional para privilegiar a unos pocos a costa de todos.

Para comprenderlo hay que bajar la discusión desde las alturas abstractas del “país”, del “modelo productivo” o del “interés nacional”, y colocarla donde realmente ocurre: en la calle, en el mercado, en la relación simple y directa entre dos personas que desean intercambiar algo. Imagínese que vive en Barranquilla y quiere comprar una camisa hecha en Medellín. Todo marcha bien. Ahora supongamos que quiere comprar una camisa igual de buena, pero hecha en Panamá, y que le cuesta menos. Usted está satisfecho. El productor panameño también. Es un intercambio voluntario, pacífico, mutuamente beneficioso. Pero de repente interviene un tercero —el Estado— y le dice que debe pagar un impuesto por esa camisa porque no fue hecha en Colombia. ¿Por qué? Porque, según los burócratas, hay que “proteger” a la industria nacional. Es decir, impedirle a usted, consumidor libre, elegir lo que mejor se ajuste a su presupuesto, para forzarlo a comprar lo que a otros les conviene que compre. Este tipo de lógica, que pasaría por absurda en cualquier otra esfera de la vida diaria, se convierte en política pública cuando se habla de fronteras.

La realidad es que los aranceles no protegen a la nación. Protegen a sectores organizados, empresas que no pueden competir por sí solas, industrias que sobrevivirían si no fuera por la mediocridad de sus propios gestores, y que acuden al Estado no para mejorar su productividad, sino para obligarnos a todos a pagar más por sus productos. En otras palabras: una camisa que podría costar $40.000 termina costando $65.000. ¿A quién ayuda esto? ¿A los millones de colombianos que viven con un salario mínimo? ¿A las familias que hacen rendir hasta el último peso en los supermercados y en las tiendas de barrio? No. Ayuda a un puñado de empresarios protegidos y a los políticos que les conceden ese privilegio.

El proteccionismo, entonces, no es solo una mala política económica. Es una política inmoral. Porque parte de la base de que el consumidor es incapaz de decidir por sí mismo. Porque sacrifica el bienestar de muchos para sostener artificialmente negocios ineficientes. Porque se basa en la idea de que el Estado tiene derecho a interrumpir el libre acuerdo entre dos personas si ese acuerdo traspasa una línea imaginaria en el mapa. No es diferente —en su lógica de fondo— a la del Estado que cobra altos impuestos para mantener una burocracia ineficiente o que reparte subsidios clientelistas para ganar votos.

Y aquí viene el punto neurálgico: si defiendes los aranceles como herramienta de política económica, estás defendiendo el Estado de bienestar, por más que digas odiar el socialismo. Porque en ambos casos estás justificando el uso de la fuerza —sí, de la fuerza— para alterar el orden espontáneo de la cooperación voluntaria. Y eso se llama economía del saqueo. Lo único que cambia es a quién se saquea y con qué narrativa se justifica.

En Colombia, esta economía del saqueo se ha disfrazado de muchas formas. Se nos dijo que había que proteger al agro, y terminaron beneficiadas un par de familias que concentran la tierra y reciben subsidios millonarios, mientras los campesinos siguen sin vías ni tecnología. Se nos dijo que había que proteger la industria nacional, y se creó una clase empresarial rentista que vive más de los favores del Estado que de su capacidad de competir. Se nos dijo que el TLC nos destruiría, pero nadie habla de cómo muchas empresas hoy exportan a países que antes ni siquiera conocían, o de cómo los consumidores ahora tienen acceso a productos más baratos y variados.

El discurso del proteccionismo, igual que el del Estado de bienestar, apela siempre a las emociones. “¡Defendamos lo nuestro!”, dicen. Como si lo nuestro fuera un concepto místico, uniforme, ajeno a la voluntad de los individuos que componen el país. Lo nuestro, en realidad, es el derecho a elegir, a intercambiar, a crear valor. Lo nuestro es la libertad de una madre soltera en Soacha que encuentra en un celular importado la posibilidad de trabajar desde casa. Lo nuestro es el derecho de un joven emprendedor de Montería que importa insumos más baratos para producir y competir. Cada vez que defendemos un arancel, estamos diciendo que esa madre y ese joven deben pagar más para que otros vivan mejor. ¿Es eso justo? ¿Es eso patriótico?

Colombia no necesita más muros ni más barreras. Necesita más comercio, más integración, más libertad. Necesita empresarios que entiendan que la única forma de prosperar sosteniblemente es ofreciendo valor, no pidiendo favores. Necesita políticos que dejen de vender proteccionismo como nacionalismo. Y necesita ciudadanos que se atrevan a llamar las cosas por su nombre: los aranceles no son instrumentos de política industrial; son instrumentos de saqueo legalizado.

La verdadera defensa de la soberanía no está en cerrar las puertas, sino en abrirlas de par en par. Porque un país verdaderamente fuerte no teme competir. Un país verdaderamente libre no necesita protegerse de la libertad de los demás. Y una sociedad verdaderamente justa no utiliza la ley para perjudicar a quienes deciden libremente cómo comprar, cómo vender, cómo vivir.

Quien defiende los aranceles, defiende la coerción. Quien defiende la coerción, defiende la estructura moral del Estado de bienestar, aunque lo niegue. Así que es hora de tomar partido. O estás con la libertad de elegir, o estás con la economía del saqueo. No hay punto medio.