¿Puede el gobierno hacer crecer una economía?

En el debate económico que atraviesa Colombia, uno de los argumentos más repetidos es que el gasto público puede ser un motor de desarrollo y prosperidad. El gobierno, armado con esta convicción, ha incrementado el presupuesto estatal en sectores como infraestructura, programas sociales y subsidios, argumentando que estas medidas son necesarias para aliviar la pobreza y reactivar la economía. Sin embargo, este enfoque, aunque tentador, oculta una realidad más compleja: el crecimiento económico sostenible no puede sostenerse sobre los hombros del gasto público.

La idea de que el Estado puede impulsar la economía a través de mayores erogaciones encuentra su origen en teorías que ven la demanda agregada como el motor principal del desarrollo. Pero en un país como Colombia, donde los recursos son limitados y la informalidad alcanza cifras alarmantes, depender de este mecanismo equivale a intentar llenar un barril sin fondo. Cada peso que el gobierno gasta debe provenir de algún lado: impuestos que drenan el poder adquisitivo de las familias y empresas, deuda que compromete a generaciones futuras o emisión monetaria que amenaza con desatar la inflación.

Pensemos, por ejemplo, en los programas de subsidios que proliferan en nombre de la equidad social. Aunque su intención puede ser noble, la realidad es que estos esquemas, en muchos casos, generan dependencias y desincentivan la productividad. En un barrio de cualquier ciudad colombiana, no es raro encontrar personas que prefieren mantener ingresos mínimos garantizados por subsidios antes que arriesgarse a buscar un empleo formal, en parte porque los costos asociados a la formalidad, como aportes a la seguridad social, hacen que sea menos rentable trabajar que depender del Estado. Así, en lugar de atacar las causas estructurales de la pobreza, se perpetúan ciclos de dependencia que frenan la movilidad social.

Lo que es peor, el gasto público excesivo tiende a desviar recursos de usos productivos hacia proyectos politizados. Pensemos en las grandes obras de infraestructura que se anuncian con bombos y platillos, pero que muchas veces terminan en elefantes blancos. Mientras los políticos celebran la inauguración de carreteras o puentes que en ocasiones no conducen a ninguna parte, las empresas locales luchan por obtener créditos para financiar proyectos que podrían generar empleos reales y riqueza tangible. La economía de mercado, que se basa en la asignación eficiente de recursos a través de las decisiones descentralizadas de millones de individuos, queda relegada por una burocracia que, por más bienintencionada que sea, carece de la información necesaria para decidir cómo y dónde invertir.

La intervención estatal también tiene un costo menos visible pero igual de perjudicial: distorsiona las señales del mercado. Cuando el gobierno subsidia ciertos sectores o fija precios artificiales, altera las decisiones de productores y consumidores. Por ejemplo, los controles de precios en productos básicos, implementados con la intención de proteger al consumidor, suelen generar escasez, ya que los productores dejan de encontrar rentable continuar con su actividad. Basta mirar las dificultades recientes para acceder a alimentos o medicinas esenciales en algunos rincones del país. Estas distorsiones no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que también desincentivan la inversión privada, el verdadero motor del progreso.

Durante las crisis económicas, la tentación de recurrir al gasto público como salvavidas se intensifica. En Colombia, esta dinámica se vio con claridad tras los efectos económicos de la pandemia. Los llamados a aumentar el gasto estatal fueron casi unánimes, y se adoptaron medidas como subsidios al empleo y ayudas directas a familias vulnerables. Aunque estas acciones ofrecieron alivio temporal, también dejaron al país con un déficit fiscal histórico y una deuda creciente. Ahora, enfrentamos las consecuencias: una economía que crece a ritmos insuficientes, una inflación persistente y una ciudadanía que espera que el gobierno solucione problemas que, paradójicamente, ayudó a crear.

La solución no está en gastar más, sino en permitir que el mercado haga lo que mejor sabe hacer: asignar recursos de manera eficiente. Esto implica dejar de intentar manipular la economía desde un escritorio y confiar en las decisiones de millones de individuos que, al buscar su propio beneficio, terminan beneficiando al conjunto de la sociedad. El mercado, aunque imperfecto, es mucho más eficaz que cualquier plan centralizado, porque respeta las preferencias de los consumidores y se ajusta rápidamente a los cambios en las circunstancias.

Permitir que el mercado funcione también significa aceptar las crisis como parte del proceso de corrección económica. Las crisis no son un fracaso del sistema, sino una oportunidad para eliminar inversiones ineficientes y reasignar recursos hacia usos más productivos. Sin embargo, esto solo es posible si el gobierno evita la tentación de intervenir y permite que los precios y las tasas de interés se ajusten libremente. En Colombia, esto podría significar renunciar a rescates financieros para sectores en dificultades y enfocar los esfuerzos en reducir las barreras que impiden el emprendimiento, como la excesiva regulación y los altos costos de la formalidad.

El camino hacia un crecimiento económico sostenible en Colombia no pasa por aumentar el gasto público, sino por crear un entorno donde el ahorro y la inversión puedan florecer. Esto requiere confianza en el individuo, en su capacidad para innovar y crear riqueza, y en el mercado como un mecanismo para coordinar esos esfuerzos de manera eficiente. Mientras sigamos confiando en que el gobierno puede resolver nuestros problemas económicos, estaremos perpetuando un ciclo de dependencia y mediocridad. Pero si damos un paso atrás y dejamos que el mercado haga su trabajo, podríamos sentar las bases para una Colombia más próspera y libre.