Presion Politica: Cuando la Inerción Política Es Nuestro Peor Enemigo

Colombia, un país de paisajes exuberantes y una cultura vibrante, también es una nación que enfrenta retos significativos en su manejo fiscal. A medida que el mundo avanza hacia la recuperación económica post-pandemia, nuestro país se encuentra atrapado en un ciclo de gasto excesivo y deuda creciente, que amenaza con socavar las bases mismas de nuestra prosperidad futura. Pero, ¿qué es lo que realmente mantiene esta situación en marcha? La respuesta es desconcertantemente simple: la falta de presión ciudadana efectiva sobre quienes toman las decisiones.

No es ningún secreto que los políticos responden a la presión. En cada elección, las promesas de austeridad fiscal y recortes de gastos abundan, solo para desvanecerse una vez que los votos han sido contados. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pero sus efectos aquí son especialmente perniciosos. El gasto público no controlado se traduce en un endeudamiento creciente, que luego se convierte en una carga para las generaciones futuras. Cada peso gastado de más hoy es un peso que no se invertirá en el bienestar de mañana. Y sin embargo, el ciclo continúa.

Uno podría pensar que los políticos que ahora controlan el Congreso actuarán de acuerdo con sus promesas de campaña simplemente por un sentido de deber. Pero, la realidad es mucho más cínica. La política es, en su esencia, un juego de incentivos. Los representantes electos tienen incentivos a corto plazo: satisfacer a sus bases, asegurar su reelección y evitar decisiones impopulares. Implementar recortes de gastos puede ser necesario, pero también es impopular, y sin una presión considerable y sostenida desde la base, es improbable que ocurra.

La situación fiscal de Colombia ilustra cómo los políticos, a menudo, toman el camino de menor resistencia. Esto se ve reflejado en el uso constante de fondos para financiar proyectos de infraestructura que, aunque necesarios, a menudo están mal gestionados o son excesivamente costosos. La corrupción y la ineficiencia administrativa agravan la situación, creando un ambiente donde el dinero público no rinde sus frutos. En los barrios de las ciudades colombianas, uno puede observar calles sin pavimentar o sistemas de alcantarillado defectuosos, mientras que los informes oficiales muestran presupuestos sobregirados y mal administrados.

Para cambiar esta dinámica, es fundamental que la ciudadanía asuma un rol protagónico. La presión no puede ser un evento aislado que se activa durante las elecciones; debe ser constante y omnipresente. Desde el café de la esquina hasta los foros de redes sociales, la conversación debe girar en torno a la responsabilidad fiscal y la transparencia. No se trata solo de exigir menos gasto, sino de exigir mejor gasto. La educación, la salud y la infraestructura son inversiones esenciales, pero deben administrarse de manera eficiente y efectiva.

Un ejemplo revelador se encuentra en la forma en que se manejan los recursos educativos en el país. Las instituciones públicas enfrentan carencias de recursos, mientras que los informes de despilfarro y malversación de fondos son comunes. Aquí, la presión ciudadana podría transformar el panorama. Imagínese un movimiento nacional que exija auditorías regulares y transparentes de las finanzas públicas, donde cada ciudadano tenga acceso fácil a cómo se gasta su dinero. La tecnología ofrece herramientas para hacer esto posible, pero requiere la voluntad colectiva de implementarlas.

Además, la movilización no solo debe ocurrir en el plano digital. La participación activa en reuniones comunitarias, la organización de grupos de vigilancia ciudadana y el uso de mecanismos legales para exigir rendición de cuentas son pasos esenciales. Cada ciudadano tiene el poder de influir, pero ese poder solo se materializa cuando se utiliza. La historia nos enseña que las grandes transformaciones políticas a menudo comienzan con acciones colectivas decididas.

Es crucial también abordar el papel de las instituciones independientes en este proceso. Instituciones como la Contraloría General y el Departamento Nacional de Planeación deben fortalecerse y dotarse de mayor independencia para que puedan actuar como contrapesos efectivos al gasto desmedido del gobierno. El apoyo a estas instituciones debe ser tanto político como ciudadano, garantizando que cuenten con los recursos y la autonomía necesarios para desempeñar su labor.

En última instancia, el cambio dependerá de nuestra capacidad para transformar nuestra cultura política. No podemos seguir delegando toda la responsabilidad en los políticos y esperar resultados diferentes. La participación activa, informada y constante de cada uno de nosotros es la única garantía de que se tomen decisiones que realmente beneficien a la mayoría. El futuro de Colombia está en nuestras manos, y solo ejerciendo una presión sostenida podremos asegurarnos de que nuestros representantes actúen en favor del bien común. Como ciudadanos, es hora de que reconozcamos nuestro poder y responsabilidad en este proceso. Es tiempo de exigir un cambio real y duradero.