La Trampa de la Solidaridad: El Sistema Pensional Colombiano en Crisis

El sistema pensional de reparto en Colombia se presenta ante la sociedad como un acto de solidaridad intergeneracional, donde los trabajadores activos contribuyen para financiar las pensiones de los jubilados actuales. A primera vista, parece un pacto justo y solidario, una especie de acuerdo social en el que todos ganan. Sin embargo, al desentrañar las complejidades económicas y demográficas que subyacen, emerge una realidad alarmante: el sistema es esencialmente una estafa piramidal, una estructura que, como cualquier otra pirámide financiera, depende de una base amplia y creciente de contribuyentes para sostenerse. La reforma pensional promovida por el gobierno de Gustavo Petro y aprobada recientemente no solo no soluciona estas fallas estructurales, sino que las profundiza, poniendo en riesgo el futuro económico de Colombia.

La esencia de un sistema de reparto es que los aportes de los trabajadores actuales se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Esto funciona mientras haya más trabajadores que jubilados. Sin embargo, con el envejecimiento de la población y las tasas de natalidad en declive, la proporción de trabajadores a jubilados disminuye, lo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Además, el aumento en la esperanza de vida significa que los jubilados recibirán pensiones por más tiempo, incrementando aún más la carga sobre los contribuyentes. Este es el trasfondo que hace del sistema de reparto una bomba de tiempo económica.

La reforma de 2024, en lugar de introducir mecanismos que fomenten el ahorro individual y la responsabilidad personal, centraliza aún más el control del sistema en manos del Estado. Esto no solo desincentiva el ahorro privado, sino que también incrementa la dependencia de los ciudadanos en un sistema que ya muestra signos de insostenibilidad. Cuando se considera que la Contraloría ha proyectado que el pasivo pensional podría alcanzar el 146,8% del PIB para el año 2100, el panorama se torna aún más sombrío. Esta cifra no es solo un número en un informe técnico; representa una carga fiscal inmensa que recaerá sobre las futuras generaciones, limitando su capacidad de crecimiento económico y desarrollo personal.

Imaginemos por un momento a una joven familia en Colombia que intenta planificar su futuro. Con salarios que apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas y un sistema pensional que promete muy poco, la opción de ahorrar para su propia jubilación se convierte en una quimera. Con una carga tributaria creciente destinada a cubrir un sistema de reparto fallido, el sueño de adquirir una vivienda, educar a sus hijos o incluso iniciar un negocio se ve obstaculizado. Este escenario no solo es injusto, sino también inviable. Una economía sana no puede prosperar cuando el incentivo al ahorro y a la inversión se ve erosionado por la promesa de un sistema pensional que, en esencia, es un castillo de naipes.

Es vital analizar cómo otros países han enfrentado situaciones similares. En Chile, por ejemplo, el sistema de capitalización individual, aunque no perfecto, ha proporcionado una mayor estabilidad a largo plazo. Cada trabajador tiene una cuenta individual donde sus aportes se invierten, generando rendimientos que financian su propia jubilación. Este modelo no solo fomenta el ahorro personal, sino que también desvincula el sistema de las fluctuaciones demográficas, creando un marco más sostenible. Países con altos índices de libertad económica, como Suiza y Australia, también han implementado sistemas mixtos que combinan componentes de reparto con cuentas individuales, asegurando así que los ciudadanos tengan una red de seguridad mientras se promueve el ahorro privado.

La solución para Colombia pasa por una transición hacia un sistema más diversificado y sostenible. Se debe fomentar la creación de cuentas de ahorro individuales, administradas de manera transparente y con incentivos fiscales para fomentar la participación. Al mismo tiempo, es crucial mantener un componente básico de reparto que garantice una pensión mínima para quienes no puedan ahorrar lo suficiente, financiado a través de impuestos generales y no exclusivamente sobre la masa laboral activa. Esta reforma debe ir acompañada de políticas que promuevan el crecimiento económico, la formalización del empleo y la inclusión financiera, asegurando que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en el sistema.

En este contexto, el papel de la Corte Constitucional es crucial. La revisión de la reforma pensional debe considerar no solo su legalidad, sino también su viabilidad económica y su impacto a largo plazo en el bienestar de los colombianos. Es una decisión que no debe tomarse a la ligera, ya que el futuro de la estabilidad económica y la justicia social en Colombia está en juego. Solo a través de una visión clara y decidida hacia un sistema pensional más equilibrado y sostenible podremos garantizar una vejez digna para todos los colombianos, sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones.