La narrativa de la gratuidad: el Estado contra la economía

En el entramado de la vida cotidiana, donde las decisiones económicas afectan desde el precio del café que bebemos hasta la posibilidad de enviar a nuestros hijos al colegio, se revela una lucha silenciosa y persistente: la batalla entre la economía y el Estado. Los economistas, al diseccionar los principios básicos de la escasez, se enfrentan a un enemigo natural, un adversario que opera bajo una narrativa peligrosa y seductora: la promesa de lo gratuito.

Todo comienza con un principio incuestionable de la economía: los bienes son escasos. Para satisfacer nuestras necesidades, es necesario producir, y ese proceso requiere tiempo, esfuerzo y recursos limitados. Cuando un bien es otorgado a una persona, otra queda inevitablemente privada de su uso. Este principio no es solo una abstracción teórica; es la realidad palpable de todos los días. Un agricultor debe elegir qué cultivar porque no puede sembrar de todo; un trabajador destina sus horas a un empleo a costa de otras actividades. Vivimos inmersos en un mundo de decisiones constantes donde cada elección implica un costo. Pero el Estado, con su promesa de soluciones fáciles y su discurso de abundancia ilimitada, rechaza esta verdad incómoda.

En Colombia, el espejismo de la gratuidad está presente en cada esquina del debate público. Desde la promesa de educación gratuita hasta los subsidios para combustibles y alimentos, el Estado pretende erigirse como un ente benefactor que puede dar sin quitar. Sin embargo, cada peso que el gobierno distribuye proviene de la sociedad misma, ya sea a través de impuestos, deuda o la emisión monetaria que alimenta la inflación. Esta ilusión de algo por nada no solo es insostenible; también distorsiona los incentivos y mina la autonomía individual. El ciudadano, que debería ser un agente libre y productivo, se convierte en un dependiente de la maquinaria estatal.

Imaginemos al pequeño comerciante en una ciudad intermedia de Colombia. Con esfuerzo, mantiene una tienda que abastece a su comunidad. Cuando el Estado impone más impuestos para financiar sus programas sociales, el comerciante enfrenta una decisión: trasladar ese costo al cliente, reducir su personal o cerrar el negocio. Ninguna opción es atractiva, y todas tienen consecuencias graves para la economía local. Este mismo comerciante observa cómo las promesas de subsidios y gratuidades generan una competencia desleal, donde quienes reciben el favor del gobierno no enfrentan las mismas restricciones que él. La narrativa estatal, en lugar de aliviar la carga, la multiplica.

La escasez también es evidente en el manejo de los recursos energéticos. En un país como Colombia, donde el transporte y la logística son el corazón de la economía, el aumento en los precios de la gasolina no es un simple ajuste técnico; es un golpe directo al bolsillo de millones. Cada litro de combustible que encarece incrementa el costo del transporte de bienes, desde los alimentos en los mercados hasta los insumos para la industria. Mientras tanto, el Estado mantiene su discurso de transición energética sin ofrecer alternativas viables que permitan mitigar el impacto en el corto plazo. El ciudadano de a pie paga el precio de decisiones políticas que parecen ignorar las realidades del mercado.

El aumento del salario mínimo es otro ejemplo de cómo el Estado ignora las leyes económicas básicas. Aunque presentado como una victoria para los trabajadores, este aumento obliga a las pequeñas y medianas empresas a asumir costos que muchas no pueden soportar. En lugar de mejorar la calidad de vida, estas medidas generan despidos, informalidad y un mercado laboral más precario. No hay mayor ironía que una política diseñada para beneficiar a los trabajadores termine privándolos de sus empleos.

Mientras tanto, las reformas tributarias que se anuncian para el futuro inmediato revelan un patrón preocupante. El Estado parece incapaz de planificar a largo plazo, recurriendo constantemente a exprimir a los mismos contribuyentes. En lugar de ampliar la base tributaria mediante la formalización y el crecimiento económico, se opta por gravar más a quienes ya cumplen con sus obligaciones. Esto no solo desincentiva la inversión y la innovación, sino que también alimenta el resentimiento y la desconfianza hacia las instituciones.

En este contexto, la lucha entre la economía y el Estado no es solo una cuestión teórica; es una realidad que define el presente y el futuro de Colombia. El mercado, con todas sus imperfecciones, respeta las leyes de la escasez y busca soluciones basadas en la coordinación voluntaria y la información descentralizada. El Estado, por el contrario, pretende sustituir este proceso natural con una intervención centralizada que, lejos de resolver los problemas, los agrava.

Es hora de que como sociedad cuestionemos el mito de la gratuidad estatal y entendamos que cada recurso tiene un costo, cada decisión un sacrificio. Solo entonces podremos construir un país que valore la libertad, la responsabilidad y la prosperidad basada en el esfuerzo individual y colectivo. Porque, al final, no hay nada más caro que aquello que se nos promete como gratuito.