El Silencio del Estado: Una Reflexión sobre la Protección y la Democracia en Colombia

En el eco de las calles, entre los murmullos de quienes buscan una vida mejor, resuena una pregunta inquietante: ¿quién protege al ciudadano cuando el Estado permanece en silencio? Esta interrogante se convierte en un clamor en naciones como Colombia, donde la promesa de la democracia se ve constantemente desafiada por la realidad de una protección insuficiente. El Estado, esa entidad en la que se deposita la esperanza de seguridad y justicia, a menudo parece alejarse de su deber más fundamental: salvaguardar la vida y los derechos de su pueblo.

La democracia no es un concepto abstracto que flota en discursos políticos o en las páginas de los libros de historia. Es una práctica viva que se manifiesta en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En Colombia, el espectro de la violencia, que ha sido una constante histórica, sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando las instituciones fallan. Los ciudadanos comunes, aquellos que trabajan día a día para mantener a sus familias, se encuentran atrapados entre la promesa de protección y la realidad de una inseguridad que acecha cada esquina.

Cada asesinato no resuelto, cada robo que queda impune, es una grieta en la estructura de confianza que sostiene una democracia. El principio de que todos los ciudadanos merecen vivir sin miedo es fundamental, pero cuando este principio es violado de manera constante, el contrato social comienza a desmoronarse. La confianza en las instituciones, esa fe en que las leyes serán aplicadas de manera justa y equitativa, es el pegamento que mantiene unida a una sociedad. Sin ella, el tejido social se fragmenta y las personas buscan alternativas fuera del marco estatal.

En un país donde la violencia es una amenaza diaria, la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno es más que una omisión; es una traición a los principios democráticos. La anarquía, que debería ser el enemigo natural de cualquier Estado, se infiltra cuando los ciudadanos pierden la fe en que sus derechos serán protegidos. Pero, ¿cómo se puede mantener esa fe cuando la realidad ofrece pruebas constantes de la incapacidad estatal para garantizar lo más básico: la vida?

Los ejemplos cotidianos de esta desconexión entre el Estado y sus ciudadanos son abrumadores. Los desplazamientos forzados, las extorsiones y los asesinatos de líderes sociales son reflejos de una estructura de poder que no protege, sino que a menudo parece permitir que la violencia prospere. Cada acto de violencia sin justicia no solo afecta a la víctima directa, sino que envía un mensaje claro a toda la sociedad: el Estado no puede o no quiere protegerte.

En este contexto, la función de las instituciones debe ser repensada y reforzada. La construcción de una democracia sólida no es un objetivo que se alcance una vez para siempre; es un proceso constante que requiere instituciones robustas y responsables. La policía, los tribunales, las fuerzas de seguridad deben ser algo más que símbolos de autoridad; deben ser efectivos, accesibles y justos. Cuando fallan, no solo pierden credibilidad; ponen en peligro todo el sistema democrático.

La falta de protección no es solo una cuestión de seguridad física; es una cuestión de derechos humanos. La incapacidad de un gobierno para proteger a sus ciudadanos equivale a negarles su derecho a vivir en paz y seguridad. Esta negación es una forma de violencia institucional que perpetúa el ciclo de pobreza, miedo y desigualdad.

Los ciudadanos de Colombia, como en cualquier otra parte del mundo, merecen vivir sin temor a la violencia. Merecen un Estado que cumpla con su promesa fundamental de proteger. Sin embargo, cuando el Estado falla, el precio es alto: la pérdida de confianza en el gobierno, el aumento de la violencia y la fragmentación social. La democracia no puede florecer en un entorno de inseguridad y desconfianza.

En este sentido, la responsabilidad de un gobierno va más allá de mantener el orden público. Implica crear un entorno donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen o posición social, puedan vivir libres de violencia y miedo. Implica garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que todos tengan acceso a la justicia.

La tarea de proteger no es solo una obligación moral; es una necesidad práctica para la estabilidad de cualquier sociedad. Un gobierno que no protege a sus ciudadanos es un gobierno que fracasa en su función más básica. Y en ese fracaso, la democracia se convierte en una palabra vacía, desprovista de su verdadero significado.

En Colombia, el camino hacia una verdadera democracia pasa por el fortalecimiento de sus instituciones y el cumplimiento de la promesa de protección. Solo entonces se podrá construir una sociedad en la que los ciudadanos puedan confiar en su gobierno y en la que los derechos humanos sean más que una aspiración. El Estado debe dejar de ser un espectador y asumir su papel como garante de la seguridad y el bienestar de su pueblo. Solo así, la democracia puede cumplir con su promesa de libertad, igualdad y justicia para todos.