El espejismo de la prosperidad: reflexiones sobre las medidas económicas recientes en Colombia

A menudo, los gobiernos prometen soluciones rápidas a problemas estructurales profundos, como si la economía de un país fuera un rompecabezas simple, donde cada pieza encaja perfectamente con solo un poco de voluntad política. En Colombia, las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro parecen dibujar ese espejismo de prosperidad. Pero, ¿qué ocurre cuando se observa con atención? El retrato deja de ser idílico y revela una serie de contradicciones y riesgos que pueden hipotecar el futuro de millones de colombianos.

Comencemos con el aumento del salario mínimo, una medida que en principio parece un acto de justicia social. Subir el salario de 1.300.000 pesos a 1.423.500 pesos podría ser visto como un alivio para los trabajadores, una manera de proteger su poder adquisitivo frente a la inflación rampante. Sin embargo, la economía no funciona en un vacío. Este aumento implica también un incremento significativo en los costos laborales para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que son las principales generadoras de empleo en el país. El resultado previsible es un aumento del desempleo y de la informalidad laboral, problemas que ya aquejan a nuestra economía. Es un fenómeno cíclico: se incrementa el salario, pero también el costo de vida, anulando cualquier ganancia real para los trabajadores. Al final, la medida parece más un paliativo que una solución estructural.

Los incrementos en los precios de la gasolina y el diésel son otro punto de tensión. Cada vez que un colombiano llena el tanque de su carro o una empresa de transporte ajusta su tarifa, la economía también sufre una sacudida. Estos aumentos impactan directamente en el costo del transporte de bienes, elevando los precios de los productos básicos y afectando especialmente a las familias de menores ingresos. Además, en un país donde gran parte de la población depende del transporte informal para subsistir, estas medidas no solo agravan la inflación, sino que también golpean la competitividad de la economía nacional. Mientras tanto, las promesas de invertir en energías renovables parecen quedarse en el papel, dejando al país atrapado en una dependencia cada vez más costosa de los combustibles fósiles.

El aumento en las tarifas de peajes es otro recordatorio de cómo las medidas económicas pueden desconectarse de la realidad cotidiana de los ciudadanos. Viajar por carretera se ha convertido en un lujo que muchos ya no pueden permitirse. Cada peso adicional en los peajes representa menos ingresos disponibles para las familias, menos oportunidades para los pequeños empresarios que dependen de estas vías para transportar sus productos, y una creciente sensación de injusticia en una población que ve cómo su dinero no se traduce en mejores condiciones de infraestructura vial. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que el estado insista en estas medidas mientras sectores enteros del país permanecen aislados por la falta de vías adecuadas?

Por otro lado, el plan de austeridad y la reducción del presupuesto general en cerca de 2.800 millones de dólares pueden sonar razonables en el papel, pero en la práctica plantean preguntas inquietantes. ¿Cómo se espera que un país avance hacia una economía más equitativa y competitiva si se recortan los recursos para la educación, la salud y la infraestructura? Estas áreas no son gastos; son inversiones fundamentales para el desarrollo sostenible. En lugar de construir un país más fuerte, esta política de austeridad corre el riesgo de perpetuar las desigualdades y las barreras estructurales que han frenado a Colombia durante décadas.

Finalmente, está el anuncio de una nueva reforma tributaria para 2025. Aunque aún no se conocen todos los detalles, el simple hecho de que sea necesaria una nueva reforma pone en evidencia las fallas en la planificación económica del gobierno. En un contexto donde la informalidad laboral alcanza niveles alarmantes y el tejido empresarial lucha por sobrevivir, aumentar la carga tributaria podría tener consecuencias desastrosas. La clave para una recaudación fiscal sostenible no está en gravar más a los mismos de siempre, sino en ampliar la base tributaria a través de la formalización de la economía y la generación de empleo de calidad.

A medida que avanzamos en este 2025, es fundamental reflexionar sobre las prioridades económicas del gobierno. Las soluciones simples para problemas complejos rara vez funcionan, y las medidas adoptadas hasta ahora parecen responder más a necesidades políticas que a una visión integral de desarrollo. Si no se corrige el rumbo, el costo de estas políticas podría ser devastador, no solo para la economía, sino también para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

En un país como Colombia, donde las brechas sociales y económicas son profundas, es imperativo adoptar una perspectiva más amplia y sostenible. Solo así podremos construir una economía que no solo crezca, sino que también incluya y beneficie a todos los colombianos. Mientras tanto, queda en manos de la sociedad civil, los empresarios y los académicos cuestionar, proponer y, sobre todo, exigir un cambio real.