Seguridad: ¿Es el alcalde culpable o somos nosotros los responsables?

La inseguridad es el telón de fondo de nuestras conversaciones diarias, una sombra que nos sigue por las calles de Barranquilla, en la soledad del transporte público y hasta en la intimidad del hogar. Cada asalto, cada asesinato, cada robo, pareciera dibujar una flecha que apunta con fuerza hacia el despacho del alcalde. Lo señalamos, le exigimos respuestas inmediatas, soluciones contundentes y resultados tangibles. Sin embargo, bajo esta reacción casi instintiva yace una pregunta que evitamos hacernos: ¿de verdad puede un alcalde controlar la conducta de cada ciudadano o las dinámicas de un sistema que se desmorona desde mucho antes de su llegada al cargo? La respuesta es incómoda, pero necesaria.  

El problema de la inseguridad, aunque parece nuevo y urgente, tiene raíces profundas que no germinan exclusivamente en el presente. Barranquilla no es ajena a los problemas estructurales que azotan a muchas ciudades latinoamericanas: pobreza, desigualdad y una institucionalidad débil que se tambalea frente al poder corrosivo de las economías ilegales. Pedirle a un alcalde que erradique de raíz el crimen equivale a esperar que cure una enfermedad sin tener las herramientas adecuadas ni la autoridad suficiente. En Colombia, la Policía Nacional no depende de los gobiernos locales, sino del Ministerio de Defensa, un organismo distante de las realidades barriales. Entonces, ¿por qué insistimos en buscar en el alcalde una solución a lo que parece ser un mal sistémico?  

Quizá la respuesta radica en la comodidad que nos ofrece culpar a una figura visible. Es más fácil señalar a un responsable con nombre y apellido que admitir que la inseguridad también es un reflejo de nuestras propias fallas como sociedad. Hemos aprendido, por costumbre o desesperación, a esperar que el Estado nos resuelva la vida. Queremos que las autoridades vigilen cada calle, frenen cada delito y castiguen cada acto criminal, mientras nosotros permanecemos como espectadores, criticando la obra desde nuestras tribunas. Pero, ¿qué hemos hecho como ciudadanos para reclamar nuestro espacio en la construcción de una Barranquilla más segura?  

A esta pasividad se suma una paradoja alarmante: las políticas nacionales, en lugar de disuadir el crimen, parecen incentivarlo. El programa de “gestores de paz”, presentado como una apuesta para reducir la violencia, ha generado una peligrosa percepción de impunidad. Bajo este esquema, personas con antecedentes delictivos graves son integradas a procesos que, en teoría, buscan la reconciliación, pero que en la práctica envían un mensaje equivocado: delinquir no solo es rentable, sino que incluso puede abrir puertas hacia beneficios ofrecidos por el mismo Estado. Esta estrategia, lejos de aplacar la criminalidad, alimenta la sensación de que las reglas solo aplican para quienes deciden vivir dentro de la legalidad.  

El resultado es visible en las calles: más violencia, más inseguridad, más desconfianza. En lugar de fortalecer las instituciones y garantizar justicia para las víctimas, el gobierno parece estar premiando a quienes han optado por el camino de la ilegalidad. ¿Qué motivación queda para el ciudadano común, que trabaja y se esfuerza dentro de los límites de la ley, cuando ve que su vecino, el delincuente, recibe recompensas en nombre de la paz? En este contexto, exigir resultados a las alcaldías locales se convierte en una tarea aún más titánica, pues sus esfuerzos se ven socavados por decisiones nacionales que minan la confianza en el sistema.  

El miedo, por supuesto, juega un papel central. Tememos involucrarnos porque las represalias son reales. Tememos organizarnos porque el poder del crimen organizado a menudo parece superior al del Estado. Tememos incluso discutir sobre medidas más radicales, como el libre porte de armas, porque intuimos que esto abriría una caja de Pandora de consecuencias impredecibles. Sin embargo, también sabemos que los bandidos no cumplen las leyes de desarme y que, en demasiados casos, la policía llega tarde, con recursos insuficientes y estrategias que se quedan cortas frente a la magnitud del problema.  

Pensar en el libre porte de armas como una solución es un tema espinoso que divide a la sociedad. Por un lado, podría parecer una forma de empoderar a los ciudadanos frente al crimen. Si los delincuentes no temen enfrentarse a una población desarmada, quizás lo pensarían dos veces antes de actuar si supieran que su próxima víctima potencial puede defenderse. Pero esta idea, aunque seductora, está lejos de ser una panacea. En una sociedad donde la cultura de la responsabilidad y el respeto por la vida son insuficientes, ¿qué garantías tenemos de que más armas no conducirán a más tragedias? En un contexto como el de Barranquilla, donde las emociones suelen superar a la razón, ¿podríamos manejar el poder que supone llevar un arma?  

Lo que está claro es que, mientras debatimos estas cuestiones, el crimen sigue evolucionando. Se organiza mejor, se adapta más rápido y encuentra fisuras en un sistema que parece demasiado lento para reaccionar. Barranquilla no puede permitirse el lujo de esperar soluciones milagrosas del gobierno central ni de sus alcaldes. Es necesario repensar el papel de la ciudadanía, no como un ente pasivo que observa desde la barrera, sino como un actor clave en la búsqueda de soluciones. La autogestión comunitaria no es una idea romántica, sino una necesidad urgente. Los barrios que se organizan, que construyen redes de apoyo mutuo y que promueven la confianza entre vecinos, suelen ser menos vulnerables al crimen que aquellos donde reina la indiferencia.  

Y aquí surge otra reflexión incómoda: ¿hasta qué punto hemos contribuido nosotros mismos a la fragmentación del tejido social? La inseguridad no es solo el producto de bandidos armados o de políticas fallidas, sino también de una falta de cohesión comunitaria. Cuando cada quien se preocupa únicamente por lo suyo, dejando que el vecino enfrente solo sus problemas, estamos creando el ambiente perfecto para que el crimen prospere. La seguridad no es una responsabilidad exclusiva del alcalde o de la policía; es un esfuerzo colectivo que exige sacrificios y valentía.  

Pero no se trata solo de organizarnos, sino también de exigir. Los ciudadanos tenemos el poder de presionar a nuestros líderes para que rindan cuentas y se enfoquen en soluciones reales y sostenibles. No basta con iluminar las calles o aumentar la presencia policial; es necesario invertir en educación, empleo y programas que desactiven las raíces del crimen. Una sociedad que ofrece oportunidades es una sociedad que reduce los incentivos para delinquir.  

Al final, el verdadero desafío es superar el letargo. Mientras sigamos buscando culpables en lugar de soluciones, mientras esperemos que otros resuelvan lo que nos afecta a todos, Barranquilla seguirá atrapada en este círculo vicioso. La inseguridad es, sí, un problema de liderazgo, pero también es un problema de ciudadanía. Y hasta que no lo entendamos, seguiremos señalando alcaldes, soñando con salvadores y temiendo salir de casa, mientras la ciudad se desmorona a nuestro alrededor.