Reparaciones e Injusticia: Un Camino que Podría Destruirnos Más que Sanarnos

En un mundo cada vez más dividido por las heridas abiertas del pasado y las complejidades del presente, la idea de la justicia a través de reparaciones suena cada vez más seductora. Colombia, un país marcado por profundas desigualdades y cicatrices sociales, parece un escenario ideal para discutir cómo compensar las injusticias que han perdurado durante generaciones. Pero detrás de esta aparente solución justa y reparadora se esconde un dilema ético que amenaza con fracturar aún más la frágil cohesión social que hemos intentado construir.

Es comprensible que en una sociedad como la nuestra, marcada por historias de exclusión, violencia y marginación, la idea de reparar los daños del pasado tenga un atractivo moral. La justicia exige que no ignoremos el sufrimiento de los grupos históricamente oprimidos, y la empatía nos impulsa a querer corregir esas desigualdades. Sin embargo, la pregunta crítica que debemos hacernos es: ¿a qué costo y con qué métodos? La verdadera justicia no puede lograrse mediante mecanismos que perpetúan la injusticia en nuevas formas. Es aquí donde el principio del Estado de derecho se vuelve fundamental, recordándonos que los fines no siempre justifican los medios.

Imaginemos, por un momento, la implementación de impuestos dirigidos a financiar programas de reparaciones. En teoría, suena como una forma justa de nivelar el campo de juego, de ofrecer a los más vulnerables una oportunidad que históricamente se les ha negado. Pero la realidad es mucho más compleja y desafiante. En la práctica, imponer cargas financieras a ciudadanos que no son responsables de las injusticias históricas, simplemente porque ahora son parte de la base tributaria, crea un resentimiento que socava cualquier intento de reconciliación genuina. La idea de justicia que guía estas políticas es defectuosa porque olvida que imponer una carga sin culpa demostrada es, en sí mismo, una forma de injusticia.

En un contexto como el colombiano, donde las tensiones de clase y los problemas de inequidad se entrelazan con la historia del conflicto armado y la corrupción, es aún más peligroso utilizar métodos que no consideran la responsabilidad individual. Piénsese, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda. Es cierto que las políticas discriminatorias en el pasado limitaron las oportunidades de propiedad para muchos, dejando secuelas duraderas en ciertas comunidades. Pero cuando la solución es obligar a toda la sociedad a pagar por esas injusticias, incluidos aquellos que no tuvieron ninguna relación con esas prácticas, el resultado no es un acto de reparación sino de alienación. En lugar de sanar las heridas, esta medida podría abrir nuevas, alimentando el resentimiento entre los diferentes sectores de la población.

El caso de los impuestos destinados a mejorar la educación, la salud y las oportunidades laborales para ciertos grupos es un ejemplo perfecto de cómo la buena intención puede llevar a resultados nefastos. Imponer estos programas de manera generalizada, sin distinciones adecuadas, no solo es un error ético sino también un riesgo político. En Colombia, un país donde los ciudadanos ya sienten que el sistema está diseñado para favorecer a unos pocos a costa de muchos, estas políticas pueden ser el chispazo que reavive viejas hostilidades. Las personas que perciben que sus impuestos se utilizan de manera injusta, que financian beneficios que no se distribuyen de manera equitativa, podrían terminar enfrentándose en lugar de unirse.

La esencia del problema es que el método importa tanto como el objetivo. No se puede construir una sociedad más justa utilizando las mismas herramientas que perpetúan el conflicto y la desigualdad. La justicia no debe ser un juego de suma cero, donde el bienestar de unos se logra a costa del sufrimiento o la indignación de otros. Necesitamos un enfoque que sea inclusivo, que considere las complejidades de la responsabilidad histórica sin simplificar la realidad al extremo de hacer nuevas víctimas.

Pero, ¿cuál es la alternativa? Una posible solución es centrarnos en políticas que promuevan el desarrollo y la igualdad de oportunidades sin imponer injusticias a otros. Por ejemplo, en lugar de castigar a la clase media con más impuestos, podríamos trabajar en programas que fomenten la inversión privada en comunidades desfavorecidas, creando empleos sostenibles y oportunidades económicas reales. Podemos fortalecer el acceso a la educación y la salud sin recurrir a la coerción, buscando alianzas entre el sector público y privado que no sobrecarguen a los contribuyentes. Este enfoque requiere creatividad y una visión a largo plazo, pero es posible.

Otro aspecto que no podemos ignorar es el peligro de reabrir viejas heridas. En Colombia, la historia de nuestro conflicto armado es un recordatorio de lo fácil que es dividir una nación. Las políticas que reavivan estas divisiones, que vuelven a trazar líneas de conflicto entre diferentes grupos, son una receta para el desastre. Imponer impuestos de reparación sin una base sólida y ampliamente aceptada no solo arriesga el descontento social, sino que también podría llevar a un ciclo interminable de revanchismo y polarización.

Y más allá de las implicaciones inmediatas, está el tema de la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo puede sostener un gobierno políticas que generan descontento y resentimiento antes de que el tejido social comience a desmoronarse? La estabilidad de un país no solo se mide por su crecimiento económico, sino también por la cohesión de su pueblo, por la sensación de que todos, independientemente de su historia o contexto, tienen la oportunidad de prosperar sin ser vistos como enemigos o como culpables.

En última instancia, lo que necesitamos es un enfoque de justicia que no divida ni imponga cargas arbitrarias. Debemos ser lo suficientemente valientes para buscar soluciones que unan en lugar de dividir, que promuevan el bienestar colectivo sin sacrificar la equidad individual. En un país tan complejo como Colombia, la justicia no debe ser solo un resultado deseado, sino un proceso que fortalezca, no que debilite, el tejido que nos une. Y eso solo se logra entendiendo que la justicia verdadera nunca nace de la injusticia.