La Farsa de la “Democracia” Centralizada en Colombia

Las elecciones nacionales en Colombia exponen la ilusión de una democracia participativa cuando, en realidad, estamos atrapados en un sistema centralizado que impone su voluntad desde Bogotá, ignorando las particularidades y necesidades de las regiones. Al aceptar este status quo, estamos permitiendo que una clase política centralizada decida, muchas veces desde la distancia y el desconocimiento, qué políticas se implementarán en nuestras comunidades. Es como si cada rincón de Colombia fuera un simple reflejo de las decisiones del centro, donde el gobierno dicta normas sin reparar en la diversidad y autonomía que deberían caracterizar a cada región.

Este modelo se asemeja a una prisión sin salida en la que, al igual que quienes sufren el síndrome de Estocolmo, muchos ciudadanos terminan apoyando al régimen central bajo la idea de que “las reglas son las reglas”. Esta propaganda, bien elaborada, ha logrado que una buena parte de la población acepte sin cuestionar la autoridad centralizada, como si la centralización misma fuera el único camino posible. El absurdo de este sistema se ilustra de forma aún más cruda cuando consideramos que, aunque una región se oponga en su mayoría a una administración o a sus políticas, no tiene ningún derecho a cuestionar su pertenencia al país o exigir una autonomía real para decidir por sí misma.

Si una mayoría abrumadora en cualquier región colombiana vota consistentemente contra las políticas centrales, la respuesta desde el centro es siempre la misma: eso no cambia nada. Los ciudadanos deben aceptar lo que la autoridad central decide repartir, sin importar cuánto afecten estas decisiones sus intereses locales o economías regionales. Y al final, lo que les queda es la esperanza de que su puñado de representantes logre, en algún pleno del Congreso, emitir discursos que rara vez alcanzan a contrarrestar la maquinaria centralista que impone, día tras día, su voluntad sobre todo el territorio nacional.

Imaginemos por un momento que cualquier organización privada operara de la misma manera que el gobierno central colombiano. Sería como decirles a los accionistas de una empresa que, aunque la dirección ignore sistemáticamente sus intereses, no pueden vender sus acciones ni abandonar la organización. O que los socios de una institución estuvieran forzados a pagar cuotas sin la opción de retirarse, por mucho que los líderes incumplan sus promesas o desatiendan sus necesidades.

El problema de la centralización no es únicamente político, sino profundamente humano. No se trata de que cada región busque su independencia; se trata de reconocer que cada rincón de Colombia posee características y desafíos únicos que merecen ser atendidos con particularidad. En lugar de un gobierno que centralice todas las decisiones, necesitamos una estructura que permita a cada región gestionar sus asuntos con autonomía, adaptándose a sus propias realidades y necesidades.