La democracia económica: cuando los deseos colectivos chocan con la realidad

  

La democracia, con su premisa de que el poder reside en el pueblo, parece perfecta en papel. Sin embargo, cuando se traslada al ámbito económico, revela tensiones fundamentales entre los deseos colectivos y las realidades que impone la naturaleza. En una sociedad donde las masas buscan simultáneamente un Estado de bienestar robusto, recortes drásticos de impuestos y un presupuesto equilibrado, el conflicto entre deseos y límites se torna evidente. Esta es la paradoja que define nuestra era: ¿cómo cumplir con todo sin traicionar la lógica económica?  

Los partidarios de la oferta, conocidos por su pragmatismo político, han respondido a esta disyuntiva con una fórmula aparentemente mágica: el uso estratégico de la curva de Laffer. Según esta teoría, reducir los impuestos puede, bajo ciertas condiciones, aumentar los ingresos fiscales al estimular el crecimiento económico. Sin embargo, esta promesa, aunque seductora, a menudo ignora los matices de la economía real. En muchos casos, se convierte en una herramienta para justificar déficits perpetuos, sostenidos por un gasto público descontrolado y una deuda que recae sobre las generaciones futuras.  

En Colombia, esta tensión entre los deseos populares y las restricciones económicas es palpable. Las demandas por un mayor gasto social, subsidios amplios y programas que combatan la pobreza coexisten con la resistencia visceral a aumentar los impuestos. Este deseo de lo mejor de ambos mundos genera políticas inconsistentes que prometen beneficios inmediatos sin considerar las implicaciones a largo plazo. La deuda pública crece, mientras los ciudadanos sienten que el peso del gasto estatal no se traduce en mejoras tangibles en sus vidas.  

En el ámbito monetario, la situación es igual de problemática. Las masas parecen desear la estabilidad y seguridad del patrón oro, pero al mismo tiempo no están dispuestas a renunciar a las ventajas percibidas de una política monetaria inflacionaria y de dinero barato. Este deseo contradictorio crea un sistema donde los bancos centrales, como prestidigitadores hábiles, intentan satisfacer ambos impulsos. Prometen estabilidad económica mientras inundan los mercados con dinero creado de la nada, erosionando el poder adquisitivo de las monedas y exacerbando las desigualdades económicas.  

La historia reciente de Colombia, como la de muchos países, ilustra las consecuencias de este enfoque. Las políticas de expansión monetaria, diseñadas para estimular el crecimiento o contrarrestar crisis económicas, han alimentado burbujas especulativas, devaluaciones y un costo de vida en aumento. Las clases más vulnerables, que supuestamente deberían beneficiarse de estas políticas, son las que más sufren cuando los efectos inflacionarios se despliegan. En este contexto, las promesas de estabilidad se convierten en meras ilusiones, empaquetadas con el lenguaje técnico de la banca central y respaldadas por una fe mal informada en las instituciones monetarias.  

El verdadero problema radica en la creencia subyacente de que la democracia económica debe ser un sistema que otorgue al público todo lo que desea, sin importar la coherencia o las consecuencias de esos deseos. Esta idea, encapsulada en la definición cínica de democracia como “la visión de que la gente sabe lo que quiere y merece conseguirlo con todas sus fuerzas”, plantea preguntas fundamentales sobre los límites del populismo económico. ¿Hasta qué punto debe un sistema político o económico ceder ante los impulsos colectivos, especialmente cuando estos contradicen los principios básicos de sostenibilidad y racionalidad?  

La respuesta no es sencilla, pero debe comenzar con una revalorización de la educación económica. La ignorancia masiva sobre los fundamentos de la economía permite que los políticos manipulen las expectativas públicas con promesas imposibles. Si las masas desean simultáneamente menos impuestos, más beneficios y estabilidad monetaria, es porque no comprenden las restricciones inevitables que impone la realidad económica. Y mientras esta ignorancia persista, los gobiernos y las élites económicas seguirán explotándola, creando políticas que son populares en el corto plazo pero destructivas en el largo plazo.  

Una solución potencial es reorientar el debate hacia una economía de la responsabilidad. En lugar de intentar complacer a todos, los líderes deben ser honestos sobre las limitaciones y los costos reales de las políticas que proponen. Esto implica romper con la cultura del clientelismo y el populismo que domina la política colombiana, donde los votos se compran con promesas de beneficios inmediatos que rara vez se cumplen. También requiere una mayor transparencia en la gestión fiscal y monetaria, para que los ciudadanos comprendan cómo se utilizan sus recursos y qué se sacrifica en nombre de sus deseos.  

En última instancia, la democracia económica no debe ser un sistema que otorgue al público todo lo que pide, sino uno que lo eduque y lo guíe hacia decisiones más informadas y sostenibles. Esto no significa ignorar las demandas populares, sino enfrentarlas con un enfoque honesto y basado en principios. Si las masas desean un Estado de bienestar, deben entender que este requiere sacrificios en términos de impuestos y eficiencia gubernamental. Si anhelan estabilidad monetaria, deben aceptar las restricciones que ello impone sobre el gasto y la emisión de dinero.  

La verdadera democracia no consiste en satisfacer todos los caprichos del público, sino en construir una sociedad donde los ciudadanos comprendan las realidades económicas y participen en la toma de decisiones de manera informada y responsable. Solo entonces podremos superar las contradicciones que hoy definen nuestro sistema, y avanzar hacia un futuro donde las políticas públicas sean un reflejo de la racionalidad y no de los impulsos pasajeros de las masas.