El Gobierno es el Problema: Reflexiones en la Sociedad Contemporánea
Para comprender esta crítica, basta con mirar a nuestro alrededor. Pensemos en la economía, ese motor fundamental que debería funcionar con fluidez y agilidad, pero que en lugar de eso se encuentra trabado por una maraña de regulaciones y burocracia. Los emprendedores, en teoría los agentes que más deberían impulsar la prosperidad y la innovación, enfrentan un sinfín de obstáculos: permisos que nunca llegan, impuestos que asfixian antes de que las ideas despeguen, trámites infinitos que convierten la creación de empleo en una odisea. En Colombia, cualquier pequeño negocio debe sortear más de una decena de requisitos legales, y la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién se beneficia de este exceso de control? No son los ciudadanos de a pie, no son los trabajadores, y ciertamente no son los emprendedores que buscan aportar algo nuevo. Los únicos beneficiados parecen ser aquellos que han aprendido a jugar el juego del Estado, las grandes empresas con conexiones políticas que saben cómo navegar o incluso manipular estas regulaciones en su favor, manteniendo su posición dominante y cerrando las puertas a la competencia genuina.
El drama se extiende a otros ámbitos igual de esenciales. La educación, por ejemplo, se ha convertido en un campo de batalla donde el Estado controla lo que se enseña y cómo se enseña. A través de una estructura que impone uniformidad, los estudiantes no siempre reciben las herramientas para cuestionar, para innovar, para pensar críticamente. Se les ofrece un currículum homogéneo que responde a las prioridades de quienes legislan, más que a las necesidades reales de una sociedad diversa y cambiante. En este esquema, la educación deja de ser un instrumento de liberación para convertirse en una herramienta más de control. Y mientras tanto, las escuelas privadas más caras, inaccesibles para la mayoría, son las únicas que pueden permitirse un enfoque diferente. De nuevo, el patrón se repite: el Estado no nivela el campo de juego, lo inclina en favor de los pocos que ya tienen una ventaja.
Y luego está la cuestión de la intervención gubernamental en el ámbito social, el supuesto papel protector del Estado hacia los más vulnerables. Aquí es donde la ironía se vuelve más cruda. Los programas de asistencia social, diseñados en teoría para cerrar la brecha entre ricos y pobres, terminan creando dependencias en lugar de soluciones sostenibles. Cuando una familia depende del Estado para su subsistencia, se convierte en un rehén de las decisiones políticas, vulnerable a cambios de gobierno o recortes presupuestarios. Las ayudas que deberían empoderar a las personas las mantienen atrapadas en una situación precaria, sin la capacidad real de ascender socialmente. Más aún, estas políticas a menudo son utilizadas con fines electorales, convirtiéndose en instrumentos de poder en lugar de mecanismos de justicia social. Así, la población se divide entre los que pagan, a menudo de mala gana, y los que reciben, a menudo con resentimiento, perpetuando un ciclo de animosidad y fragmentación.
Pero tal vez el ejemplo más doloroso y actual de la incapacidad gubernamental sea la forma en que el Estado maneja las crisis. La pandemia de COVID-19 expuso las fisuras de un sistema que, en teoría, debería haber estado preparado para protegernos. Las cuarentenas draconianas, las restricciones que asfixiaron a miles de pequeños negocios, y la lentitud en la implementación de soluciones sanitarias básicas demostraron que el Estado, lejos de ser un salvador omnipotente, es un gigante lento, torpe y a menudo corrupto. Mientras las burocracias se enredaban en procesos interminables, fue la acción de ciudadanos comunes y empresas privadas la que respondió con rapidez: redes de solidaridad que surgieron espontáneamente para ayudar a los más necesitados, empresas que reconvirtieron sus líneas de producción para fabricar elementos de protección o que donaron recursos para apoyar a los hospitales. Pero estas acciones, que demostraron el poder de la sociedad civil, fueron tratadas casi como anomalías en lugar de la norma que deberían ser.
Si el Gobierno no es la solución, ¿qué lo es? Tal vez el camino no sea una utopía anárquica donde el Estado desaparezca por completo, sino una sociedad donde la libertad individual y la cooperación voluntaria ocupen un lugar más central. Es hora de pensar en un Estado más humilde, que reconozca sus limitaciones y deje espacio a las iniciativas privadas y comunitarias que realmente saben cómo resolver problemas locales. Imaginemos una Colombia donde la educación esté más descentralizada, donde los padres tengan más opciones para elegir el tipo de formación que desean para sus hijos, donde la competencia sana entre instituciones educativas eleve la calidad para todos. Pensemos en un sistema donde los emprendedores no tengan que pedir permiso al Estado para crear empleos, sino donde se les permita innovar y crecer sin obstáculos innecesarios. Consideremos una red de seguridad social que no solo dé, sino que también incentive el desarrollo y la independencia.
El reto es enorme, pero necesario. El Gobierno no debe ser el protagonista de nuestras vidas, sino un facilitador en segundo plano. Debemos reclamar más espacio para la libertad y menos para la burocracia, más oportunidades para todos y menos privilegios para unos pocos. Solo entonces podremos empezar a construir una sociedad verdaderamente justa y próspera, donde el talento y el esfuerzo sean las principales monedas de cambio y donde el futuro de cada individuo dependa más de sus propias decisiones que de las políticas cambiantes de un Estado que, en demasiadas ocasiones, ha demostrado ser el problema y no la solución.
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