El Estado como arquitecto del desempleo

En la conversación cotidiana sobre el desempleo, se tiende a culpar a factores externos como la globalización, la automatización o las dinámicas del mercado internacional. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es el impacto de las políticas estatales, esas mismas que, bajo la bandera del progreso y la equidad, terminan erosionando las bases mismas de la creación de empleo. En Colombia, este fenómeno es especialmente evidente, donde el Estado, en lugar de ser un facilitador, ha asumido el rol de saboteador silencioso del desarrollo económico. Las políticas tributarias y fiscales, lejos de impulsar el crecimiento empresarial, sofocan el emprendimiento, obstaculizan la competitividad y dificultan la generación de empleos reales.  

El emprendedor colombiano enfrenta un escenario adverso desde el momento en que decide poner en marcha su idea. Para registrar un negocio, cumplir con las normas laborales y pagar los impuestos correspondientes, debe sortear una maraña de trámites burocráticos que no solo consumen tiempo, sino que también implican un costo significativo. En teoría, estas regulaciones están diseñadas para proteger a los trabajadores y garantizar un marco legal justo, pero en la práctica funcionan como barreras que desincentivan la formalización. Muchos empresarios pequeños, incapaces de asumir estas cargas, optan por operar en la informalidad, perpetuando un círculo vicioso que afecta tanto a la calidad del empleo como a la economía en general.  

El problema no termina ahí. Las políticas tributarias en Colombia son un ejemplo paradigmático de cómo el Estado puede, con las mejores intenciones, acabar destruyendo las mismas oportunidades que pretende crear. Los impuestos sobre las ganancias empresariales, el IVA y los costos asociados a la seguridad social hacen que el costo de contratar a un empleado sea prohibitivo para muchos negocios. Esto no solo desincentiva la contratación formal, sino que también frena la expansión de las empresas, ya que una porción significativa de sus ingresos se destina al cumplimiento de obligaciones fiscales. En lugar de reinvertir en tecnología, capacitación o nuevas contrataciones, los empresarios se ven obligados a dedicar sus recursos a alimentar un aparato estatal que parece crecer sin control.  

Lo paradójico es que, mientras se penaliza a quienes crean riqueza, el Estado sigue presentándose como el gran protector de los trabajadores. Los programas de subsidios y ayudas sociales, financiados con los mismos impuestos que ahogan a las empresas, son vendidos como soluciones al desempleo, pero en realidad perpetúan un sistema insostenible. En lugar de fomentar la creación de empleo real, estas políticas generan una dependencia estructural que desincentiva la búsqueda de alternativas sostenibles. El resultado es un panorama en el que el empleo formal se convierte en un privilegio para unos pocos, mientras que la mayoría queda atrapada en la precariedad de la informalidad o en la dependencia de las ayudas estatales.  

Para comprender la magnitud del problema, basta con observar los efectos de estas políticas en sectores clave de la economía colombiana. La agricultura, por ejemplo, que debería ser una fuente inagotable de empleo, se ve asfixiada por los impuestos a los insumos, las restricciones al comercio internacional y la falta de incentivos para la modernización. Los pequeños productores, que representan la columna vertebral del sector, luchan por sobrevivir en un entorno donde competir no solo es difícil, sino casi imposible. Y mientras tanto, las grandes empresas, muchas de las cuales tienen acceso a beneficios fiscales y conexiones políticas, continúan dominando el mercado, perpetuando una estructura económica que favorece la concentración de poder y riqueza.  

El desempleo no es simplemente la ausencia de trabajo; es la manifestación de un sistema que no permite que las personas desplieguen su potencial. En este contexto, el Estado debería actuar como un facilitador, eliminando obstáculos y creando un entorno donde las empresas puedan prosperar y generar empleo de calidad. Sin embargo, en lugar de adoptar un enfoque que promueva la libertad económica, el gobierno colombiano sigue apostando por políticas que, aunque bien intencionadas, socavan las bases mismas de la prosperidad.  

Las soluciones a este problema son tan simples como radicales: reducir la carga tributaria, simplificar la regulación y fomentar una cultura de emprendimiento que valore la innovación y el esfuerzo individual. Esto no significa desmantelar el Estado ni renunciar a la protección de los derechos laborales, sino replantear su rol para que pase de ser un obstáculo a convertirse en un aliado. Un sistema tributario más simple y justo, acompañado de incentivos reales para la creación de empleo formal, podría transformar radicalmente el panorama económico del país.  

El desafío, por supuesto, es político. Implementar estas reformas requiere voluntad y coraje para enfrentar a quienes se benefician del statu quo. Pero también requiere un cambio en la mentalidad colectiva, un reconocimiento de que el progreso no viene de las dádivas del gobierno, sino de la capacidad de las personas para generar valor y construir sus propias oportunidades.  

En última instancia, el problema del desempleo en Colombia no es un misterio sin resolver; es el resultado directo de un modelo que prioriza el control estatal sobre la libertad económica. Para romper este ciclo, necesitamos un Estado que confíe más en sus ciudadanos y menos en su capacidad para regular cada aspecto de la economía. Porque al final, la creación de empleo no es solo una cuestión de políticas públicas; es una expresión de la creatividad, la resiliencia y la capacidad de las personas para superar las adversidades. Y es ahí, en esa libertad para emprender y construir, donde reside la verdadera solución al desempleo.