El espejismo de la solución estatal y el verdadero motor del progreso

En la vida cotidiana, uno se encuentra con problemas aparentemente resueltos por la intervención estatal: servicios de salud gratuitos, educación pública, infraestructura. Y sin embargo, apenas escarbamos un poco, encontramos fisuras, promesas inconclusas y servicios que no cumplen del todo. En Colombia, la narrativa sobre el Estado como único garante del bienestar ha sido poderosa, y en cada elección vemos una promesa similar: que el crecimiento, el bienestar y el avance dependen del tamaño del aparato estatal, de su capacidad para redistribuir, para regular, para controlar. Pero al seguir este discurso, rara vez nos detenemos a observar el costo oculto de estas propuestas, el costo de la dependencia hacia el Estado, la desconfianza hacia el mercado y, finalmente, hacia la capacidad del individuo para tomar decisiones libres.

Vivimos en una sociedad que ha interiorizado el papel del Estado como salvador y solucionador de problemas, pero ¿qué tan sólida es esa promesa? Bajo el peso de innumerables regulaciones y controles, el ciudadano colombiano promedio enfrenta una dura realidad: que, a menudo, más intervención no se traduce en mejores soluciones, sino en un aparato burocrático engrosado que dificulta cada vez más el crecimiento real de la economía y la innovación. En una ciudad colombiana cualquiera, abrir un pequeño negocio es una tarea titánica. Las licencias, los permisos, las certificaciones, los costos de trámites y la lentitud de los procesos son obstáculos a menudo insalvables para un emprendedor con ideas y determinación pero sin los contactos o los recursos para sortearlos. Este es el costo de la intervención que se presenta como solución. En un mercado libre y bien regulado, quien tenga una buena idea y trabaje por ella puede prosperar; en un sistema plagado de burocracia y dependiente de decisiones políticas, el éxito depende más del azar y de las conexiones que del esfuerzo.

Si bien se nos insiste en la narrativa de que el mercado no puede regularse a sí mismo, de que necesitamos un árbitro que dirija cada paso, la realidad es que son los individuos en un mercado libre quienes realmente impulsan el progreso. La innovación, el avance, no son resultados de una directiva estatal, sino de un proceso de prueba y error que sucede en el día a día. Pensemos en las empresas que logran mantenerse y prosperar en medio de la competencia: no son las que reciben subsidios y protecciones estatales, sino aquellas que innovan, que se adaptan y que encuentran formas de mejorar para sus clientes. La competencia, lejos de ser el monstruo que algunos pintan, es el combustible que motiva a cada emprendedor, a cada empresa, a desarrollar mejores productos y servicios. Sin embargo, en Colombia, la constante es ver cómo se sobreprotege a algunos sectores con beneficios estatales, lo cual distorsiona el mercado y termina afectando al consumidor, que recibe un producto de menor calidad a un precio mayor.

Ahora bien, ¿por qué persiste esta idea de que el Estado es el único capaz de lograr el bien común? Tal vez porque suena reconfortante: la idea de una entidad imparcial que se preocupa por el bienestar de todos sin excepciones. Pero la realidad nos dice que los incentivos del Estado no funcionan así. Los políticos tienen un ciclo que gira en torno a elecciones, en el cual sus promesas son la herramienta para captar votos, y esa necesidad de votos crea incentivos para prometer lo que sea, con tal de asegurar el poder. Prometer regulación, intervención, protección suena fácil y atractivo para las masas. La economía, cuando es manipulada como herramienta de política, deja de ser objetiva y científica para convertirse en un instrumento de justificación. En lugar de estudiar la economía como un medio para entender el comportamiento humano en sociedad, muchos economistas se ven atrapados en la tarea de defender ideas que simplemente refuerzan los intereses del poder político. No es extraño que veamos economistas apoyando propuestas estatales insostenibles bajo el pretexto de que “es necesario regular el mercado”, olvidando que cada intervención lleva consigo un costo en libertad, en eficiencia y en el bienestar real de la sociedad.

Si el Estado realmente tuviera la capacidad de resolver todos los problemas, deberíamos estar viendo resultados palpables. Pero no es así. En Colombia, vemos cómo el Estado, con cada promesa de resolver los problemas estructurales de pobreza, educación y salud, logra, en cambio, perpetuar una dependencia que termina limitando las posibilidades de desarrollo individual. En las zonas rurales, por ejemplo, la falta de inversión en infraestructura se ha convertido en una excusa para mantener a la población dependiente de los subsidios y de la ayuda estatal, cuando la verdadera solución sería incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a mercados para esos productores locales. Se les habla de la importancia de depender del Estado, mientras se les priva de las herramientas necesarias para prosperar sin depender de él.

Pero ¿y si la solución fuera justamente la contraria? ¿Y si el verdadero motor del progreso estuviera en la libertad de los individuos, en el intercambio voluntario, en la competencia y en el riesgo? La economía de mercado tiene una lógica implacable: aquellos que no logran adaptarse y mejorar para satisfacer las demandas de los consumidores quedan rezagados. Y lejos de ser una desventaja, esta presión constante es lo que permite que el mercado se mantenga dinámico, que los productos mejoren, que las soluciones se adapten cada vez más a lo que realmente necesitan los ciudadanos. El mercado no necesita una mano que lo dirija, sino simplemente una que le permita funcionar con reglas claras y justas, sin la carga de una intervención excesiva que asfixie a sus actores.

En Colombia, donde la necesidad de desarrollo es urgente, tal vez sea hora de replantearnos nuestro enfoque hacia el mercado y la economía. En lugar de cargar el discurso de la intervención, la protección y el paternalismo estatal, es necesario permitir que el ciudadano común, el emprendedor, el pequeño empresario puedan desarrollarse sin tantos obstáculos, sin tener que enfrentar una maraña de trámites y regulaciones que solo benefician a aquellos que ya tienen los medios para sortearlos. La libertad de mercado no es una utopía ni una fantasía; es una realidad que se ha visto en todos los países que han abrazado un sistema de intercambio voluntario y de mínima intervención estatal. El éxito económico de países desarrollados no se ha debido a una carga pesada de regulación, sino a un respeto por el derecho a emprender, a innovar y a tomar riesgos.

Así que, en lugar de esperar soluciones de un Estado que se vuelve cada vez más grande y menos eficiente, tal vez el verdadero cambio venga de cada uno de nosotros. Es hora de recordar que el progreso no es un regalo que alguien nos da, sino el resultado de la libertad que tenemos para construir, para negociar, para elegir. Que cada colombiano se convierta en su propio economista significa precisamente esto: no dejarse engañar por los discursos estatales que promueven una solución única y omnipotente, sino entender que el bienestar depende, en última instancia, de la libertad de cada uno para actuar y construir.