El amiguismo como enemigo silencioso del progreso

En un país como Colombia, donde los discursos sobre desarrollo y oportunidades se despliegan con entusiasmo en cada campaña política, existe un enemigo silencioso que, a pesar de no estar explícitamente en las promesas de cambio, marca el ritmo de nuestra economía y de nuestras instituciones: el amiguismo. Este fenómeno, más sutil que la corrupción abierta y más insidioso que la burocracia, opera como un sistema paralelo donde las reglas son diferentes según quién las interprete y las conexiones son la moneda de mayor valor. No se habla abiertamente de él porque ha sido normalizado. Es la práctica de premiar relaciones en lugar de méritos, de garantizar privilegios a aquellos que tienen acceso al poder y de distorsionar las dinámicas del mercado bajo el disfraz de lo inevitable.  

Pensemos en los contratos estatales, esas oportunidades que, en teoría, deberían asignarse con base en la capacidad técnica y la eficiencia. Sin embargo, ¿cuántos casos hemos presenciado donde el ganador no es quien tiene la mejor propuesta, sino quien cuenta con los contactos correctos? Estas decisiones no son errores administrativos ni casualidades; son la manifestación de un sistema diseñado para perpetuar una red de favores mutuos. Cada licitación amañada es una puerta cerrada para los competentes y una barrera más que separa a los ciudadanos comunes del acceso a un desarrollo equitativo. Más preocupante aún, este círculo vicioso convierte a las instituciones, aquellas que deberían ser guardianas del bien común, en herramientas para beneficiar a unos pocos.  

En el ámbito privado, el corporativismo actúa como el cómplice perfecto del amiguismo. Bajo la apariencia de grandes alianzas público-privadas, vemos cómo los sectores privilegiados moldean políticas a su favor. Esto no es solo cuestión de lobby; es un modelo donde ciertas empresas o gremios capturan al Estado para proteger sus intereses, cerrando el paso a la competencia. Cuando las leyes y regulaciones se escriben para favorecer a un grupo específico, el mercado deja de ser un espacio de innovación y meritocracia. El consumidor no recibe lo mejor al mejor precio; recibe lo que el monopolio decide ofrecer. En Colombia, sectores como el transporte o la minería son claros ejemplos de cómo este sistema opera. Las regulaciones que limitan la entrada de nuevos actores no protegen al mercado, sino a los gigantes que lo controlan.  

El caso de los combustibles ilustra esta dinámica a la perfección. Los precios en Colombia no solo responden a las fluctuaciones internacionales, sino a una red de intereses cruzados entre productores, distribuidores y el gobierno. Las decisiones sobre subsidios o impuestos no se toman pensando en el consumidor final, sino en cómo impactarán a los actores más grandes del sector. Así, mientras el ciudadano promedio paga más en la bomba, las estructuras corporativistas garantizan que los beneficios fluyan en dirección opuesta. Este es un ejemplo de manual de cómo el corporativismo distorsiona el propósito de las políticas públicas: proteger a los poderosos mientras se disfraza de estabilidad económica.  

El amiguismo, además, tiene un impacto devastador en el emprendimiento. En un entorno donde las oportunidades se otorgan por conexiones y no por capacidades, los emprendedores enfrentan un doble desafío. No solo deben lidiar con las dificultades inherentes de construir algo desde cero, sino también con un sistema que, en lugar de incentivarlos, parece diseñado para excluirlos. ¿Cuántas veces un pequeño empresario ha tenido que ver cómo su idea innovadora es ignorada, mientras alguien con acceso al poder recibe financiamiento, contratos o permisos que deberían estar abiertos a todos? En este sentido, el amiguismo no solo limita el crecimiento económico; atenta contra la creatividad y el espíritu emprendedor que son esenciales para cualquier sociedad próspera.  

El impacto del corporativismo en las comunidades más vulnerables es igualmente alarmante. Las políticas públicas, cuando están capturadas por intereses particulares, tienden a ignorar las verdaderas necesidades de la población. Esto se ve en proyectos de infraestructura que no responden a demandas locales, sino a intereses de grandes constructoras; en sistemas de salud donde las EPS priorizan ganancias sobre servicios; en planes de desarrollo rural que terminan beneficiando a terratenientes en lugar de a pequeños agricultores. Cada decisión que favorece a los poderosos en lugar de a los necesitados es una oportunidad perdida para construir un país más equitativo.  

El problema central es que el amiguismo y el corporativismo no son percibidos como actos de corrupción, aunque lo sean. Se ven como parte del juego, como algo que simplemente “funciona así”. Pero normalizar este sistema es aceptar que el progreso depende de quién conoces y no de lo que puedes hacer. Es aceptar que las reglas del juego no son iguales para todos y que el mérito, esa fuerza que debería ser la columna vertebral de una sociedad justa, es secundario frente a las relaciones personales.  

Romper este ciclo no es una tarea fácil. Requiere, en primer lugar, reconocer que el problema existe. Hablar de amiguismo y corporativismo no como males inevitables, sino como fenómenos que deben ser erradicados. Esto implica transformar la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas, garantizando transparencia y acceso igualitario. Requiere, también, un cambio cultural donde el mérito sea valorado por encima de las conexiones. En un país donde tantas historias de éxito han nacido del esfuerzo individual, este cambio no solo es posible; es necesario.  

Colombia tiene el talento, los recursos y la capacidad para ser un país de oportunidades reales. Pero mientras el amiguismo y el corporativismo sigan definiendo el acceso al poder y los recursos, ese potencial permanecerá atrapado. La libertad económica, entendida como la capacidad de cada ciudadano para perseguir sus objetivos sin barreras artificiales, no es solo un ideal abstracto. Es una meta concreta que solo se alcanzará cuando dejemos de justificar las excepciones y empecemos a construir un sistema donde las reglas sean claras, justas y para todos. Solo entonces podremos hablar de un verdadero progreso, uno que no dependa de quién conoce a quién, sino de lo que podemos lograr juntos como sociedad.