Declaración de Desastre: Alarma Por la Gran Maquinaria Estatal

En tiempos de crisis, cuando las condiciones climáticas extremas amenazan con agravar la situación de vulnerabilidad de miles de familias en Colombia, las alarmas no solo deberían encenderse por la amenaza del desastre natural, sino también por la gran maquinaria estatal que, en lugar de ser la solución, se convierte en un engranaje lento y torpe que entorpece y hasta desvía la ayuda que debería llegar a los afectados. En un país donde las instituciones se estructuran para gestionar emergencias, resulta sorprendente y decepcionante observar cómo el proceso burocrático absorbe una cantidad desproporcionada de los recursos destinados a la ayuda, dejando a la población atrapada en el juego de siempre: esperar a que la ayuda llegue, pero con la certeza de que, en el mejor de los casos, solo una fracción de esos recursos terminará en manos de los más necesitados. Las lluvias, la sequía y las inundaciones no esperan a que los protocolos estatales se cumplan, y mientras el país se debate entre la urgencia de atender a los damnificados y la lentitud del aparato estatal, es la gente, siempre, la que pierde.

La declaración de desastre que el gobierno de Gustavo Petro ha emitido frente a la emergencia climática debería ser, más que una orden de acción, un recordatorio urgente de la necesidad de revisar cómo se gestiona la ayuda en Colombia. Sin embargo, lo que vemos, lamentablemente, es cómo los recursos se pierden en las garras de una burocracia que, en vez de agilizar las soluciones, se dedica a multiplicar los trámites, las aprobaciones, los comités y los intermediarios, cada uno de los cuales va drenando un poco de ese dinero que debería destinarse de manera íntegra a los afectados. Es un triste espectáculo ver cómo los recursos no llegan porque deben pasar por tantas manos, y entre cada paso, entre cada firma y cada sello, las necesidades de la gente se convierten en un tema secundario, eclipsado por la pesada maquinaria de un gobierno que ha demostrado ser eficiente, sí, pero en el desvío y la mala gestión de los recursos.

La confianza en el Estado para gestionar la emergencia se desgasta cada vez que surge una crisis similar. Años de promesas incumplidas, de fondos desviados, de ayudas que nunca llegaron o llegaron a destiempo, han dejado un rastro de desilusión en la población. No es gratuito que muchos duden y se pregunten, de manera legítima, si la ayuda realmente llegará esta vez o si, como siempre, una parte significativa del dinero terminará desapareciendo en los bolsillos de los intermediarios y funcionarios que parecen tener más interés en engordar su propia cuenta bancaria que en resolver las crisis de quienes viven al borde de la miseria. En Chocó, en La Guajira, en Bogotá y en tantas otras regiones del país, la historia se repite: los fondos se asignan, se anuncian a bombo y platillo, se aprueban los montos, y luego… nada. O, mejor dicho, muy poco, porque solo unas cuantas migajas alcanzan a tocar los proyectos que realmente deberían transformar las condiciones de vida de la gente.

La ironía en este proceso es brutal. Mientras los ciudadanos enfrentan con valentía y dignidad las consecuencias de los desastres naturales, el Estado se convierte en una tormenta de trámites y gestiones que parecen diseñadas para ahogar la ayuda antes de que llegue. En el fondo, lo que hace falta no es solo dinero, sino una verdadera voluntad política para eliminar las trabas, para dejar a un lado los intereses de quienes hacen de la administración de recursos públicos su propia mina de oro, y para poner de una vez a la gente en el centro de la acción gubernamental. Pero esto no parece ser una prioridad. Porque lo que estamos viendo es que, en lugar de buscar la manera de garantizar la efectividad y transparencia en la gestión de los recursos, el gobierno de turno continúa replicando el mismo modelo obsoleto y corrupto que ya ha demostrado su ineficacia. La maquinaria estatal no está diseñada para servir a la gente, sino para alimentar una red de intereses privados dentro de lo público, y eso, en una crisis como la actual, es lo que agrava y perpetúa el sufrimiento.

En un país donde la corrupción ha sido la regla y no la excepción, y donde los gobernantes, independientemente de su ideología, han utilizado el poder para obtener beneficios personales, ¿cómo puede la gente confiar en que esta vez será diferente? La población sabe, aunque no siempre lo exprese, que la ayuda que se anuncia con tanta pompa y circunstancia será en gran parte un espejismo. Esa ayuda será, en el mejor de los casos, un parche, una solución a medias, y en el peor de los casos, un nuevo robo con el sello del gobierno. La indignación crece al ver cómo se pierde tiempo y recursos mientras la situación empeora, al ver cómo la burocracia y la corrupción no dan tregua y convierten lo que debería ser un acto de solidaridad en un acto de cinismo institucional. La burocracia se convierte en una excusa, en una coartada perfecta para justificar la ineficacia y para esconder, bajo el manto de la legalidad, lo que no es sino un saqueo en nombre del Estado.

Si bien es cierto que el clima extremo y la geografía difícil son factores que complican la entrega de ayuda, estos no justifican el desinterés, la falta de empatía y la incompetencia que caracterizan a tantas de las decisiones que se toman en el seno de la administración pública. El aparato gubernamental, en lugar de funcionar como un facilitador, parece diseñado para entorpecer cualquier esfuerzo real de cambio, cualquier intento genuino de hacer las cosas de manera diferente. Los políticos hablan de cambio, de justicia social, de compromiso con los pobres, pero la realidad es que, cuando se trata de tomar decisiones concretas, el cambio se convierte en otra mentira más que alimentar. No hay voluntad para reducir la burocracia, para eliminar los intermediarios innecesarios, para cerrar el grifo de la corrupción. Y mientras tanto, la gente sigue esperando.

La emergencia de hoy debería ser una llamada de atención para repensar, de manera radical, cómo se gestionan los recursos en el país. No se trata solo de mejorar la infraestructura o de aumentar el presupuesto para las áreas afectadas, sino de replantear el rol del Estado y de acabar con una estructura que, lejos de ayudar, se convierte en un obstáculo. La pregunta no es si hay dinero suficiente o si el clima lo permite. La pregunta es si el gobierno tiene el compromiso real de servir a su gente o si, como ha sucedido tantas veces en el pasado, seguirá siendo cómplice de un sistema que enriquece a unos pocos y condena a la mayoría a la pobreza y al desamparo. Es el momento de que el país despierte y exija un cambio verdadero, de que los ciudadanos entiendan que la ayuda que se pierde no es culpa del clima, sino de un sistema profundamente corrupto que ha traicionado su misión de proteger y servir.