Colombia: Entre el Progreso Económico y las Barreras del Pasado

En el vasto paisaje de la economía colombiana, donde la diversidad de recursos y la resiliencia de su gente son innegables, una realidad compleja persiste como un obstáculo constante al desarrollo. No es un misterio que Colombia ha demostrado una capacidad notable para sobreponerse a crisis económicas y escenarios internacionales adversos. Sin embargo, tras una recuperación rápida después de la pandemia, las señales de una desaceleración preocupante comenzaron a hacerse evidentes. Y no se trata solo de datos en un informe técnico o de pronósticos sombríos de expertos: los efectos de esta desaceleración se sienten en las calles, en los hogares y en la percepción colectiva de lo que depara el futuro.

Pensemos por un momento en un comerciante en un mercado popular de Bogotá, un emprendedor que hace malabares para mantener a flote su negocio mientras los precios de los insumos suben constantemente y los consumidores se vuelven más cautelosos con cada peso que gastan. Esta situación no es un fenómeno aislado; es un reflejo directo del aumento persistente en la inflación, un mal que afecta a todos pero que se siente con mayor crudeza entre aquellos que tienen menos margen de maniobra. Para combatir este aumento de precios, el Banco de la República ha adoptado una postura agresiva con tasas de interés elevadas, lo que, a su vez, encarece el crédito y desincentiva la inversión. En un país donde el acceso al capital es esencial para que pequeñas y medianas empresas florezcan, esta política monetaria se convierte en un arma de doble filo.

La lucha por contener la inflación se convierte así en una paradoja económica. Por un lado, es necesario proteger el poder adquisitivo de las familias y evitar que los precios sigan subiendo sin control. Pero, por otro, los costos de esta batalla recaen sobre el dinamismo de la economía y, en última instancia, sobre el bienestar de la población. Es un equilibrio delicado, y cada decisión tiene implicaciones reales que afectan el día a día de millones de colombianos.

El panorama se complica aún más cuando consideramos el contexto fiscal. La presión por cerrar las brechas de desigualdad y responder a las demandas sociales ha llevado a gobiernos, como el actual de Gustavo Petro, a impulsar reformas tributarias ambiciosas. La promesa de un país más justo es poderosa, y pocos pueden negar que Colombia necesita un sistema económico que brinde oportunidades reales a todos sus ciudadanos. Sin embargo, la realidad de llevar esta visión a la práctica es mucho más compleja. Una reforma tributaria que grava fuertemente a ciertos sectores económicos puede parecer una solución justa en papel, pero en la práctica corre el riesgo de desincentivar la inversión y debilitar motores clave del crecimiento, como la industria minero-energética.

Aquí es donde la dualidad de la economía colombiana se vuelve aún más evidente. Por un lado, está el potencial inmenso de diversificación, de apostar por sectores emergentes como la tecnología y la agroindustria, de posicionarse como un centro de innovación en América Latina. Por el otro, está la dependencia persistente de las exportaciones de petróleo, carbón y otras materias primas. El precio del petróleo es tan volátil como el viento en la sabana, y cada fluctuación en los mercados internacionales puede desestabilizar no solo las finanzas públicas, sino también la confianza de la inversión extranjera.

Sin embargo, no todo es pesimismo. Colombia también ha sido testigo de historias de innovación y perseverancia. Bogotá y Medellín, por ejemplo, han empezado a brillar como hubs tecnológicos, con startups que desarrollan soluciones ingeniosas y abren nuevas posibilidades. Jóvenes emprendedores desafían las expectativas, a pesar de las trabas burocráticas y la falta de apoyo financiero. Pero este optimismo se enfrenta a un techo de cristal: un entorno donde los costos de financiamiento son altos y donde los obstáculos para registrar y hacer crecer un negocio formal siguen siendo onerosos. La pregunta es si el país está realmente preparado para apostar por estos emprendedores o si seguirá atrapado en las redes de políticas que favorecen la seguridad económica a corto plazo en lugar de un crecimiento sostenible.

A medida que seguimos avanzando en este relato, otro tema crucial surge: el trabajo informal, un fenómeno que se extiende por las ciudades y pueblos de Colombia. Un vendedor ambulante que recorre las calles de Cali, por ejemplo, no solo lucha por vender su mercancía cada día; también representa un desafío estructural que limita el desarrollo del país. La informalidad laboral no es simplemente un problema de regulación o de impuestos no recaudados; es una realidad que define la vida de millones de colombianos, que trabajan sin acceso a beneficios sociales ni protección legal. Es un círculo vicioso: la falta de empleos formales limita las oportunidades de crecimiento, y la falta de crecimiento económico perpetúa la necesidad de trabajos informales. Resolver esta situación es tan complejo como crucial, y requiere una política laboral que promueva la formalización sin ahogar la iniciativa emprendedora.

El contexto político también juega un papel determinante. Las promesas de cambio y redistribución de recursos del gobierno de Petro han despertado expectativas y esperanzas en muchos sectores de la población. Pero estas promesas también han generado inquietud en el ámbito empresarial. Los empresarios, tanto nacionales como internacionales, observan con cautela las políticas que buscan transformar las estructuras económicas tradicionales. Y esta incertidumbre, ya sea justificada o no, crea un ambiente de menor inversión, lo cual es un golpe a una economía que necesita urgentemente crecer para poder cumplir sus compromisos sociales.

Al final, Colombia se encuentra en un cruce de caminos, con decisiones cruciales que determinarán si el país podrá superar las barreras históricas que han limitado su desarrollo. Las soluciones no son simples ni inmediatas, pero hay un elemento fundamental que debe guiar cualquier estrategia: la creación de un entorno económico donde la competencia y la innovación puedan florecer. Un entorno en el que el esfuerzo, el ingenio y la creatividad sean recompensados y donde el progreso no dependa de las conexiones políticas ni de las intervenciones estatales que favorezcan a unos pocos.

Hay algo profundamente esperanzador en la capacidad de los colombianos para adaptarse y perseverar. Pero esa esperanza necesita un terreno fértil en el que crecer. Necesita políticas que fomenten la inversión, que reduzcan las barreras burocráticas y que ofrezcan estabilidad económica. Necesita, en última instancia, un compromiso colectivo para dejar atrás las prácticas que perpetúan la desigualdad y abrazar un futuro donde el crecimiento no sea un privilegio de unos pocos, sino una realidad compartida. Ese es el reto de la Colombia actual: construir un sistema que permita que el potencial del país, en toda su diversidad y riqueza, se transforme en un progreso real y sostenible.