La inflación y el control que devora al ciudadano

Vivimos en una época donde la intervención estatal en la economía se presenta como la solución predilecta para cualquier problema, especialmente cuando se trata de la inflación. Cada día, más ciudadanos piden a gritos un mayor control gubernamental para frenar la escalada de precios. En Colombia, un país donde la inestabilidad económica ha sido casi una constante, esta demanda parece tener un atractivo especial, pues se vende como la vía rápida para resolver lo que tantos creen que es un mal del mercado. Sin embargo, esta estrategia, lejos de ofrecer soluciones reales, profundiza las raíces del problema, y perpetúa la dependencia de los ciudadanos de un Estado que ha demostrado, una y otra vez, su incapacidad para gestionar de forma eficaz la economía.

La inflación no es un fenómeno ajeno al ciudadano común. Cada vez que alguien va a comprar una canasta de alimentos, a pagar una factura o a buscar una vivienda, se enfrenta al imparable aumento de precios. Lo que parece un incremento normal, fruto de las fluctuaciones del mercado, es, en realidad, un reflejo del intervencionismo estatal. En lugar de reducir su poder para permitir que las fuerzas del mercado actúen, el gobierno colombiano, al igual que tantos otros en la historia, busca "soluciones" que agravan la situación. La intervención estatal en la emisión de moneda y su influencia en la política monetaria crean las condiciones perfectas para que la inflación siga su curso devastador.

La clave está en entender que la inflación es, en esencia, un impuesto oculto. El gobierno, al emitir más dinero sin respaldo productivo, reduce el valor de la moneda en circulación. Esta práctica, que se ha vuelto casi una norma en naciones con altos niveles de deuda pública, como Colombia, permite a los gobernantes financiar sus políticas sin recurrir al impopular aumento de impuestos directos. La gente apenas se da cuenta de que está pagando más no solo por la ineficiencia del mercado, sino por una política deliberada que hace que el dinero que tienen en el bolsillo valga cada vez menos.

Es en este contexto donde surge el papel del Estado como "salvador". Ante el descontento general por los precios en aumento, los políticos ofrecen soluciones inmediatas: subsidios, control de precios y, en algunos casos, incluso la nacionalización de sectores estratégicos. Estas soluciones pueden parecer atractivas en el corto plazo, pero a la larga solo agravan el problema. El gobierno se presenta como el guardián de la justicia social, pero, en realidad, utiliza la inflación para financiar sus excesos y seguir manteniendo a flote una burocracia cada vez más costosa y menos eficiente.

El socialismo y la inflación son, en este sentido, dos caras de la misma moneda. Ambos rechazan la realidad económica de la acción humana y el cálculo económico racional. Bajo un sistema socialista o fuertemente intervencionista, se promueve la idea de que el Estado puede crear riqueza simplemente imprimiendo más dinero. Esta creencia, que parece ilógica cuando se expone de manera directa, es la que sostiene gran parte de las políticas económicas actuales en Colombia y en muchos otros países de América Latina. Sin embargo, como bien demuestra la historia, ningún país ha logrado prosperar a largo plazo bajo un régimen que ignora las leyes básicas de la economía.

Pero el problema no termina aquí. El socialismo no solo genera inflación; también socava las libertades individuales y fomenta la represión. En cuanto la inflación empieza a salirse de control, el gobierno recurre a dos herramientas peligrosas: la propaganda y la coerción. La propaganda se utiliza para culpar a otros: los empresarios, las grandes corporaciones, los comerciantes. Estos son acusados de "especulación" y "abuso", mientras que el verdadero culpable, el Estado, se presenta como la víctima o el defensor de los más necesitados. En Colombia, este discurso se repite cada vez con más frecuencia, y es utilizado por políticos que buscan desviar la atención de sus propios errores.

Cuando la propaganda ya no es suficiente, se recurre a la represión. A medida que el malestar social crece y los ciudadanos empiezan a identificar al gobierno como el causante de la crisis, se endurecen las medidas de control. En Colombia, hemos visto cómo la disidencia y la protesta son reprimidas cada vez con más fuerza, con un Estado que justifica sus acciones bajo el pretexto de mantener el orden público. Pero la realidad es que el verdadero objetivo es silenciar a quienes cuestionan su modelo económico y político.

Es paradójico que en un país como Colombia, donde la riqueza natural y el potencial económico son inmensos, el intervencionismo estatal siga siendo visto como la única solución viable. La verdadera solución, sin embargo, pasa por reducir el poder económico del Estado, no aumentarlo. Solo los mercados libres y competitivos pueden generar las condiciones necesarias para bajar los precios, incentivar la innovación y mejorar el nivel de vida de la población.

Muchos colombianos creen que ya viven en una economía de mercado, pero esto es una ilusión. En realidad, el gobierno y el Banco de la República ejercen un control férreo sobre la política monetaria y fiscal, lo que distorsiona el funcionamiento del mercado. La emisión constante de dinero, los altos impuestos y la regulación excesiva son la norma, no la excepción. Este intervencionismo no solo frena el crecimiento económico, sino que crea un ambiente de incertidumbre que desincentiva la inversión y perpetúa la pobreza.

Es cada vez más difícil para las familias colombianas llegar a fin de mes. Comprar una casa o iniciar un negocio se ha vuelto una tarea titánica, no porque el mercado haya fallado, sino porque el Estado ha intervenido de manera desastrosa. La emisión descontrolada de dinero y la inflación resultante están devorando lentamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero el gobierno lo presenta como algo necesario, bajo el disfraz de un "uso social del dinero", una justificación vacía que solo busca perpetuar el control estatal sobre la economía.

Colombia necesita un cambio radical en su enfoque económico. El camino hacia la prosperidad no pasa por más control gubernamental, sino por menos. Necesitamos liberar a los mercados de las cadenas del intervencionismo, fomentar la competencia y crear un ambiente donde los emprendedores y trabajadores puedan prosperar sin el peso aplastante de una burocracia ineficiente y corrupta. Solo así podremos construir una economía que realmente sirva a los intereses del pueblo y no a los de una élite política que utiliza la inflación como su arma más poderosa.

El espejismo de un gobierno honesto que puede controlar los precios y mejorar la vida de los ciudadanos es, en última instancia, eso: un espejismo. Es hora de que los colombianos despierten y exijan un modelo económico basado en la libertad, no en la coerción. La inflación y la intervención estatal no son soluciones; son problemas que debemos resolver si queremos un futuro de prosperidad y libertad para todos.