La ilusión de la paz política: entre el caos regulatorio y la prosperidad perdida

Vivimos en una época de constantes turbulencias, donde la política ha tomado un protagonismo desmedido en la vida cotidiana, creando la ilusión de que más gobierno es la solución a nuestros males. En Colombia, como en muchas otras partes del mundo, esta narrativa ha sido utilizada como justificación para centralizar más poder en manos del Estado, extendiendo la maquinaria gubernamental sobre cada aspecto de la vida ciudadana. Esta centralización del poder, bajo el pretexto de buscar orden y estabilidad, en realidad ha socavado la verdadera paz y prosperidad que deberían ser el fundamento de toda civilización.

El principio básico de que la paz es la condición previa para la civilización, a menudo, se ha entendido únicamente en términos de ausencia de conflicto armado. Sin embargo, la verdadera paz implica mucho más que la ausencia de guerra; se trata de un entorno donde los derechos de los individuos son respetados, donde las personas pueden prosperar y desarrollarse sin interferencias arbitrarias del poder. En Colombia, esta paz se ha visto gravemente amenazada por la continua expansión del aparato estatal, la intervención en la economía y la imposición de políticas públicas que, lejos de resolver los problemas, los agravan.

Un ejemplo claro de esta situación se encuentra en el manejo de la inflación. Muchos ciudadanos claman por un mayor control gubernamental sobre la economía para frenar el aumento de precios, pero esta es una de las estrategias más contraproducentes que se puedan imaginar. La historia, tanto reciente como lejana, nos ha demostrado que los gobiernos intervencionistas nunca logran reducir los precios al consumidor, porque, en realidad, se benefician de la inflación. Al emitir más dinero fiduciario, los gobiernos diluyen el valor de la moneda, disuelven parcialmente su deuda y recaudan más impuestos. Es el impuesto oculto perfecto: uno que no requiere aprobación del Congreso ni debates en los medios. El gobierno es el primer beneficiario de una moneda que pierde valor constantemente, y sus promesas de soluciones mediante subsidios o regulaciones sólo ocultan su papel central en la creación del problema.

En Colombia, donde el peso sigue perdiendo valor y los precios al consumidor se disparan, la gente culpa a los empresarios, a las grandes cadenas comerciales o a los bancos, pero ignoran el rol central del gobierno en esta crisis. No se trata de una falla del mercado ni de la codicia privada; se trata del efecto corrosivo de un gobierno que interviene cada vez más en la economía, emitiendo dinero sin respaldo y expandiendo su poder sobre los recursos de la nación. La libertad económica se está viendo socavada por una maquinaria estatal que, lejos de ser un protector del bien común, se ha convertido en un parásito que devora lentamente los frutos del trabajo honesto de los ciudadanos.

El socialismo y la hiperinflación van de la mano, porque ambos sistemas rechazan la lógica del cálculo económico y la acción humana. En un mercado libre, los precios reflejan la realidad de la oferta y la demanda, incentivando a los productores a mejorar la eficiencia y a los consumidores a tomar decisiones responsables. Sin embargo, cuando el gobierno interviene, distorsiona estas señales y provoca escasez, desincentiva la inversión y empuja los precios al alza. Los controles de precios, las regulaciones excesivas y los impuestos cada vez más altos son el arma preferida de los políticos para intentar domar una economía que ellos mismos han desquiciado.

Pero en lugar de buscar soluciones reales, los gobiernos recurren a la propaganda y a la represión. Los colombianos han visto cómo las campañas políticas culpan a los "monopolios" y a las "oligarquías" de la crisis, mientras el gobierno sigue emitiendo dinero sin control. Se acusa a los comerciantes de inflar los precios, mientras la verdadera causa, la intervención estatal, sigue oculta detrás de un velo de promesas populistas. Y cuando el malestar social se intensifica, el gobierno responde con represión, con más regulaciones que sofocan el espíritu emprendedor y con políticas que desincentivan la inversión.

El verdadero camino hacia la paz, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo, no pasa por un gobierno omnipresente y paternalista. La paz sólo puede lograrse a través de la libertad: la libertad de las personas para comerciar, para invertir, para tomar sus propias decisiones sin interferencias de burócratas que pretenden saber más que el pueblo. Esta libertad no es sólo un ideal abstracto; es la base sobre la cual se construye la prosperidad de una nación.

La idea de que las instituciones privadas pueden funcionar sin la intervención del Estado no es una utopía. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las sociedades han creado redes de cooperación, seguridad y bienestar social sin necesidad de gobiernos centralizados. Las comunidades se organizan de manera espontánea, creando instituciones formales e informales que proporcionan el orden y la estabilidad necesarios para el desarrollo. Las familias, las iglesias, las cooperativas y otras organizaciones privadas han demostrado ser capaces de ofrecer servicios que antes estaban en manos del Estado, y lo han hecho de manera más eficiente y justa.

Sin embargo, esta descentralización del poder es vista como una amenaza por aquellos que están inmersos en la burocracia estatal. Los burócratas, lejos de ser servidores públicos, se han convertido en una clase privilegiada que se beneficia de la expansión del poder estatal. En lugar de fomentar la paz y la prosperidad, el gobierno crea nuevas leyes y regulaciones que sólo buscan perpetuar su control sobre la sociedad. Y como bien lo señaló Nicolás Gómez Dávila: "Las sociedades moribundas acumulan leyes como los moribundos acumulan remedios". Cada nueva ley es un intento desesperado de apuntalar una estructura política en decadencia, una estructura que se resiste a ceder el poder y permitir que el pueblo recupere el control sobre sus propios asuntos.

En Colombia, la burocracia es uno de los grandes lastres que impide el desarrollo. El exceso de regulaciones no sólo dificulta la creación de empresas, sino que también perpetúa un sistema de corrupción en el que los funcionarios públicos se enriquecen a costa de los ciudadanos. La paz verdadera, la paz que permite la civilización y el progreso, no puede coexistir con un sistema que premia la ineficiencia y la corrupción.

La centralización del poder, tanto político como económico, no trae estabilidad ni paz; trae caos, pobreza e injusticia. Los grandes gobiernos son una ilusión peligrosa, una trampa que seduce a las masas con promesas vacías mientras destruyen las bases de la libertad y la prosperidad. La verdadera paz no se encuentra en los discursos de los políticos ni en las leyes que imponen; se encuentra en la libertad, en la capacidad de las personas para vivir sus vidas sin interferencias arbitrarias, para construir sus propios destinos y para cooperar libremente con sus semejantes.

Si queremos construir una sociedad más justa y próspera, debemos entender que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto bélico, sino la presencia de libertad. Sólo a través de la descentralización del poder y el fortalecimiento de las instituciones privadas podremos alcanzar la verdadera civilización. En Colombia, como en muchas otras partes del mundo, este es el reto que tenemos ante nosotros: resistir las tentaciones del poder centralizado y apostar por la libertad como la única vía hacia un futuro mejor.