El Nobel de Economía y Colombia: El Costo de Ignorar Instituciones Inclusivas

El Premio Nobel de Economía 2024 ha sido otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson, y James A. Robinson por su investigación sobre el impacto de las instituciones políticas y económicas en la prosperidad de las naciones. Su trabajo ha mostrado cómo las diferencias en las instituciones, como el estado de derecho y los derechos de propiedad, pueden explicar por qué algunos países se desarrollan económicamente mientras otros permanecen pobres. Las instituciones inclusivas, que promueven la participación general en el sistema económico y protegen los derechos de propiedad, fomentan el crecimiento a largo plazo. En contraste, las instituciones extractivas, que benefician solo a las élites, tienden a estancar el desarrollo económico.

Una parte central de su investigación se enfoca en cómo las instituciones formadas durante la colonización afectaron el crecimiento económico posterior. Los países donde se implantaron instituciones inclusivas, a menudo por los colonizadores que se asentaron permanentemente, tendieron a prosperar. En cambio, en aquellos donde se establecieron instituciones extractivas con el objetivo de explotar los recursos locales, el desarrollo económico fue limitado.

Cuando uno examina la creciente brecha entre las naciones prósperas y aquellas que, como Colombia, parecen atrapadas en un ciclo de estancamiento, resulta inevitable mirar hacia el papel que juegan las instituciones. El reciente Premio Nobel de Economía, ilumina una verdad incómoda pero esencial: el destino de los países no está determinado únicamente por sus recursos naturales o por su geografía, sino por la naturaleza de sus instituciones. Las investigaciones de este trío de economistas muestran con claridad que las naciones con instituciones inclusivas, donde el poder y la riqueza se distribuyen de manera más equitativa, tienden a desarrollarse y prosperar. En cambio, los países con instituciones extractivas, donde unos pocos en la cúspide explotan los recursos de la mayoría, están condenados a la desigualdad y al subdesarrollo.

Uno de los aspectos más poderosos de este análisis es la capacidad para explicar por qué, en países como Colombia, el progreso parece inalcanzable. La historia reciente de la nación es un ejemplo vivo de cómo la captura del poder por parte de las élites, sumada a la debilidad del estado de derecho, obstaculiza el crecimiento y margina a las mayorías. Mientras que en otras naciones se consolidan instituciones inclusivas que permiten la participación política y económica de una mayor proporción de la población, en Colombia persiste una estructura que favorece la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. El resultado es una sociedad profundamente desigual, con enormes brechas en acceso a la educación, salud y oportunidades económicas.

La teoría de las instituciones inclusivas y extractivas toma especial relevancia cuando observamos cómo Colombia sigue eligiendo políticas que parecen dirigirse hacia el abismo, en lugar de corregir el rumbo hacia un futuro más equitativo. Un ejemplo cotidiano lo encontramos en el acceso a la justicia. En Colombia, la justicia es a menudo un privilegio, no un derecho. Las demoras interminables en los procesos judiciales, la corrupción dentro de las cortes y la influencia de actores poderosos han convertido al sistema judicial en una herramienta de las élites. Este tipo de dinámica institucional es exactamente lo que Acemoglu, Johnson y Robinson describen como extractivo: un sistema que se utiliza para proteger los intereses de unos pocos, a expensas del bienestar general. Y cuando el acceso a la justicia falla, la confianza en el Estado desaparece. Sin confianza, las promesas de crecimiento o reforma no tienen credibilidad, y las oportunidades para el cambio se desvanecen.

Otro ejemplo que resalta cómo Colombia parece nadar contra corriente es el manejo de la corrupción. En las naciones con instituciones inclusivas, los mecanismos de control y transparencia son fundamentales para asegurar que el poder político no sea usado en beneficio propio. En Colombia, sin embargo, los escándalos de corrupción son el pan de cada día. Políticos y empresarios continúan enriqueciéndose mientras las comunidades más vulnerables ven cómo sus derechos y necesidades se dejan de lado. Esta forma de gobernanza no solo erosiona la legitimidad del Estado, sino que, como argumentan los recientes galardonados con el Nobel, es un freno al crecimiento sostenible. Las instituciones que se construyen sobre la explotación y el abuso de poder están condenadas a fracasar.

Sin embargo, hay algo aún más perturbador en el caso de Colombia. No solo las instituciones son extractivas, sino que hay una suerte de aceptación generalizada de este estado de cosas. Las protestas populares, como las que hemos visto en los últimos años, a menudo nacen del profundo descontento social, pero las respuestas del Estado —represión, violencia, y escasas reformas— sugieren que no hay un interés real por construir una sociedad más inclusiva. El modelo sigue siendo el mismo: proteger a las élites, asegurar la estabilidad a corto plazo y mantener el statu quo, aunque esto signifique condenar a las próximas generaciones a vivir en un país que no avanza.

Si miramos el análisis de los laureados desde la perspectiva de la colonización, la historia de Colombia ofrece un ejemplo claro de cómo las instituciones extractivas pueden perpetuarse a lo largo de los siglos. Durante la época colonial, las instituciones estaban diseñadas para extraer riqueza de las poblaciones indígenas y esclavizadas, en beneficio de la corona española. Hoy, aunque los actores han cambiado, el sistema sigue siendo fundamentalmente el mismo: las élites económicas y políticas utilizan el poder del Estado para extraer recursos de la población general. Las diferencias en prosperidad entre las naciones no son un accidente histórico, sino el resultado directo de las decisiones sobre cómo se estructuran sus instituciones, y Colombia parece estar en la trampa de las instituciones extractivas.

Es necesario reflexionar sobre el potencial desperdiciado. Colombia tiene un gran capital humano, una diversidad geográfica envidiable y un vasto recurso cultural, pero ninguno de estos factores ha sido suficiente para impulsar al país hacia un desarrollo inclusivo. Al contrario, la captura del Estado por parte de intereses particulares ha sido tan eficiente que los recursos naturales y humanos se agotan en el ciclo de la violencia y la inequidad. Es difícil imaginar un cambio estructural cuando las reformas son meramente cosméticas y no abordan las raíces del problema: la necesidad de instituciones inclusivas que promuevan el bienestar general, en lugar de privilegiar a los de siempre.

Pero hay esperanza. La historia nos muestra que el cambio institucional no es imposible, aunque es difícil. Según Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas no se crean por decreto; emergen de la movilización social, del reclamo de los ciudadanos por sus derechos y libertades. Y aquí es donde radica el desafío para Colombia: la verdadera transformación no vendrá de los actores tradicionales, sino de una sociedad civil que se resista a ser parte de un sistema que la oprime. Las recientes protestas y movimientos sociales son un signo de que el país aún no ha renunciado a la idea de un futuro más equitativo.

Colombia tiene en sus manos la posibilidad de cambiar su destino, pero debe elegir cuidadosamente. Los países que prosperan lo hacen porque eligen construir instituciones que distribuyen poder, respetan los derechos de todos y promueven el bienestar colectivo. El cambio no será fácil, ni rápido. Requiere una ruptura con el pasado y una lucha constante por un sistema que funcione para todos.