El espejismo del progreso estatal: cómo la centralización destruye la libertad y el bienestar

En la historia de la humanidad, una constante ha sido la tentación de concentrar el poder en manos de unos pocos. Lo que muchos no comprenden, o prefieren ignorar, es que cada vez que el poder político y económico se centraliza, se crean jerarquías insaciables que necesitan ser alimentadas por el esfuerzo del pueblo. Esta verdad es tan antigua como la civilización misma. Y sin embargo, sigue siendo una realidad incómoda, especialmente en países como Colombia, donde las promesas de intervención estatal para mejorar la economía han logrado captar la atención de gran parte de la población.

A lo largo de los años, nos hemos acostumbrado a la idea de que el Estado tiene la capacidad de resolver los problemas que nos aquejan. Nos han dicho que sin la intervención del gobierno, el caos prevalecería. Nos han vendido la imagen de un Estado salvador, un protector que tiene la capacidad y la obligación de "nivelar el campo de juego", redistribuir la riqueza y asegurarse de que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente. Pero lo que rara vez se dice es que, en realidad, el Estado es el principal beneficiario de su propia intervención, y no las personas a las que supuestamente ayuda.

En Colombia, como en tantos otros países, las promesas de los gobiernos se centran en mejorar la economía, erradicar la pobreza y fomentar la igualdad. Sin embargo, los hechos pintan una realidad muy diferente. Mientras las élites políticas y la burocracia estatal se enriquecen, el ciudadano común lucha cada vez más para llegar a fin de mes. Cada intervención estatal, ya sea en forma de nuevos impuestos, subsidios o regulaciones, no es más que un recordatorio de que la centralización del poder y el control sobre la economía solo benefician a unos pocos.

El caso de los impuestos a la riqueza en Noruega ilustra perfectamente el problema. Con el objetivo de recaudar más dinero y promover la "justicia social", el gobierno aumentó el impuesto a los ricos. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario: los ricos se marcharon, llevándose consigo sus inversiones y su capacidad de generar empleo. El resultado fue una pérdida neta de ingresos para el país. ¿Cómo es posible que, a pesar de los resultados tan evidentes de políticas como esta, muchos sigan creyendo en la capacidad del Estado para generar prosperidad? La respuesta radica en la perpetuación de un mito: que el gobierno puede solucionar los problemas económicos de las personas si se le da suficiente poder.

Pero la realidad es que ningún gobierno puede crear riqueza. Todo lo que puede hacer es redistribuir la que ya existe, y lo hace de manera ineficiente, afectando a quienes trabajan y producen. Lo que estamos presenciando es la consecuencia de la intervención estatal constante en la economía. Un Estado que se cree capaz de regular cada aspecto de la vida económica termina por asfixiar la creatividad, la innovación y la capacidad de los individuos para salir adelante por sí mismos.

En Colombia, esto es evidente en la forma en que los programas sociales se han convertido en una herramienta de control político. En lugar de fomentar el trabajo y la autosuficiencia, se promueve la dependencia del Estado. Las políticas de redistribución, que supuestamente están diseñadas para ayudar a los más vulnerables, han creado una clase de ciudadanos que viven a expensas del esfuerzo de los demás. No se trata de ayudar a quienes realmente lo necesitan, sino de asegurar un electorado cautivo, dependiente de los subsidios y, por ende, leal al gobierno que se los proporciona.

En este contexto, es difícil no pensar en el concepto del "nuevo hombre socialista" que los marxistas imaginaron: una figura dedicada al bien común, trabajando para el colectivo y sacrificando sus propios intereses por el bienestar de todos. Sin embargo, en la realidad colombiana, el "nuevo hombre" no trabaja para el colectivo, ni siquiera trabaja en absoluto. En cambio, se ha convertido en un producto de las políticas que premian la inacción y penalizan el esfuerzo individual.

Lo que es más trágico de todo esto es que muchos no ven otra salida que seguir confiando en el Estado. Cada elección se convierte en una nueva oportunidad para que los políticos prometan el cambio, el progreso y la prosperidad, pero en el fondo, estas promesas no son más que una repetición del mismo ciclo de dependencia y control. Votar, como actividad democrática, ha perdido su sentido original. Ya no es un acto de elegir entre distintas visiones de futuro, sino una elección entre distintas formas de centralización del poder. Y mientras esto continúe, el verdadero progreso seguirá siendo una ilusión.

El problema fundamental es que la centralización del poder político y económico no solo distorsiona el mercado, sino que destruye las instituciones naturales que sostienen a la sociedad: la familia, la comunidad y los mercados libres. En lugar de fomentar la autosuficiencia y la responsabilidad individual, el Estado busca debilitarlas para poder controlarlas mejor. La familia, que debería ser el núcleo de la sociedad, se ve desplazada por programas sociales que intentan suplantar su papel. Las comunidades locales, que deberían ser las que resuelvan sus propios problemas, se ven obligadas a depender de decisiones tomadas en despachos lejanos por burócratas que no entienden ni comparten sus necesidades.

El Estado, con su burocracia interminable y su voracidad por más poder, no es más que una máquina que consume recursos y limita la libertad. Cada crisis económica, lejos de ser un motivo para reducir su intervención, se convierte en una excusa para ampliarla aún más. Y así, con cada crisis, el gobierno se fortalece y el ciudadano pierde un poco más de su libertad.

No debemos caer en la trampa de pensar que un Estado más eficiente sería la solución. El problema no es la eficiencia del gobierno, sino su propia existencia como interventor en la economía. Incluso si el gobierno fuera más eficiente en la gestión de los recursos, el hecho es que su intervención siempre implica quitarle a unos para darle a otros. Es un juego de suma cero en el que los únicos ganadores reales son aquellos que están en el poder.

Para revertir esta tendencia, debemos replantear nuestras expectativas sobre el papel del Estado en nuestras vidas. Debemos dejar de esperar que el gobierno resuelva nuestros problemas y comenzar a tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. En lugar de confiar en los políticos para mejorar la economía, debemos fomentar un ambiente donde la libertad económica permita a las personas crear su propia prosperidad. La verdadera revolución no vendrá de más intervención estatal, sino de menos.

En última instancia, la clave para vencer al Estado radica en reemplazarlo. No a través de la confrontación violenta o la imposición de nuevas formas de control, sino mediante la creación de instituciones que puedan cumplir con las funciones que el Estado ha usurpado. La familia, las iglesias, las escuelas y los mercados deben ser restaurados como los pilares fundamentales de la sociedad. Solo a través de la reconstrucción de estos núcleos podremos empezar a desmantelar el sistema centralizado que nos ha mantenido en la pobreza y la dependencia.

La historia nos ha mostrado que los periodos más prósperos fueron aquellos en los que el poder estuvo distribuido y la libertad individual fue el motor de la economía. Es hora de aprender de esa historia y abrazar el modelo que permitió el progreso: la libertad frente al control estatal, la distribución del poder frente a la centralización y la responsabilidad individual frente a la dependencia.