Dependencia estatal: el costo de un sistema que asfixia a sus ciudadanos

En Colombia, los ciudadanos están atrapados en un sistema que los percibe como meros instrumentos para llenar las arcas del gobierno. Los impuestos, lejos de ser una herramienta para el desarrollo y el progreso, se han convertido en el mecanismo a través del cual el aparato estatal extiende su control sobre la sociedad. Los ciudadanos y las empresas no son más que cajeros automáticos que mantienen en funcionamiento una maquinaria política y burocrática que no tiene intención de reducir su tamaño o su poder. En este contexto, no es difícil ver cómo los ideales de libertad económica y responsabilidad individual se ven erosionados por un sistema que penaliza el esfuerzo, la innovación y el emprendimiento.

El problema no radica solo en la carga impositiva. Lo más grave es que el Estado no ofrece, a cambio de esos impuestos, un entorno en el que los ciudadanos puedan prosperar. Por el contrario, el gobierno ha demostrado ser un pésimo administrador de los recursos públicos. Los escándalos de corrupción se suceden uno tras otro, y el ciudadano común se encuentra cada vez más lejos de obtener los beneficios que le prometen. En lugar de recibir mejores servicios de salud, educación o seguridad, lo que observa es un Estado que engorda a sus propios funcionarios, que construye una burocracia impenetrable y que utiliza los fondos públicos para perpetuar sus redes de influencia.

En este escenario, el concepto de "seguridad jurídica" se ha convertido en una burla. Las reglas cambian constantemente, según los caprichos de la clase política o las presiones de intereses particulares. ¿Cómo se puede planificar a largo plazo cuando no se sabe si las leyes que rigen hoy seguirán vigentes mañana? Esta incertidumbre afecta a todos los sectores de la economía, desde las grandes empresas hasta los pequeños emprendedores, y crea un clima de desconfianza que es letal para el desarrollo. Sin seguridad jurídica, no hay inversión, no hay creación de empleo, no hay crecimiento económico. Y lo más irónico es que aquellos que más claman por la "justicia social" son los que, al crear un entorno legal tan impredecible, condenan a los más vulnerables a la pobreza y la precariedad.

Pero el problema no es solo económico o legal. Es también, y quizás sobre todo, un problema cultural. Durante décadas, el discurso oficial ha fomentado la idea de que el Estado es la única fuente legítima de bienestar y progreso. Se ha inculcado en la población la creencia de que el gobierno es el único capaz de resolver los problemas de la sociedad, cuando la evidencia muestra exactamente lo contrario. Los países más prósperos y con mayores niveles de bienestar no son aquellos en los que el gobierno tiene un papel omnipresente en la vida de los ciudadanos, sino aquellos en los que se permite a las personas tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de su propio destino.

Este paternalismo estatal ha generado una sociedad cada vez más dependiente del Estado. En lugar de fomentar la autonomía y el empoderamiento de los individuos, lo que se ha promovido es una cultura de dependencia. El subsidio ha reemplazado al esfuerzo, y el asistencialismo ha destruido el tejido social que antes se sostenía en la cooperación y la solidaridad espontánea. Esta situación no es exclusiva de Colombia, pero en nuestro país ha alcanzado niveles alarmantes. Las políticas sociales, lejos de ser un trampolín para que las personas puedan mejorar su situación, se han convertido en una trampa de la que es difícil escapar.

El resultado es una sociedad en la que cada vez más personas esperan que sea el Estado quien resuelva todos sus problemas, mientras que aquellos que realmente crean riqueza —los emprendedores, los empresarios, los trabajadores— se ven cada vez más asfixiados por una carga fiscal que no deja espacio para la inversión o el ahorro. En lugar de premiar el esfuerzo y la innovación, el sistema castiga a quienes intentan salir adelante por sus propios medios. Esta situación es insostenible, y tarde o temprano colapsará bajo su propio peso.

Colombia necesita un cambio profundo. No un cambio de gobierno, sino un cambio de paradigma. Es necesario abandonar la idea de que el Estado es el motor del progreso y entender que el verdadero motor del desarrollo son los ciudadanos libres y responsables, que actúan en un entorno de seguridad jurídica y libertad económica. Para que este cambio sea posible, es imprescindible reducir el tamaño del Estado, simplificar las regulaciones y liberar a los ciudadanos del yugo fiscal que los asfixia.

Es fundamental entender que la prosperidad no proviene del gobierno, sino de las personas. La riqueza no se genera por decreto, sino por la acción libre y creativa de individuos que, motivados por su propio interés y guiados por la competencia, encuentran maneras de satisfacer las necesidades de los demás. En lugar de depender de subsidios y ayudas estatales, la verdadera riqueza proviene de la creación de valor. Y para que esto sea posible, es necesario que el Estado se haga a un lado y permita que las fuerzas del mercado operen de manera libre y eficiente.

Por supuesto, no se trata de eliminar por completo la función del Estado. Es evidente que en una sociedad civilizada, el gobierno tiene un papel que desempeñar en áreas como la seguridad, la justicia y la infraestructura. Pero ese papel debe ser limitado y claramente definido. El Estado no debe ser el dueño de nuestras vidas, sino un facilitador de las condiciones necesarias para que podamos prosperar por nuestros propios medios.

En Colombia, hemos visto una y otra vez cómo las intervenciones del gobierno en la economía no solo fallan en sus objetivos, sino que además empeoran los problemas que intentan resolver. Cada vez que el Estado intenta "corregir" el mercado, lo que hace es crear distorsiones que generan ineficiencias y corrupción. En lugar de promover la justicia social, lo que se logra es consolidar el poder de unos pocos a expensas del bienestar de la mayoría. Y, como hemos visto en tantos otros países, este camino lleva inevitablemente a la concentración del poder y a la erosión de las libertades individuales.

Es hora de que Colombia rompa con este ciclo. Es hora de que entendamos que la libertad económica y la responsabilidad individual no son obstáculos para el progreso, sino sus principales motores. Es hora de que dejemos de depender de un Estado que no solo ha demostrado ser incapaz de resolver nuestros problemas, sino que además es el principal causante de muchos de ellos. Y es hora de que empecemos a construir una sociedad basada en el respeto a la libertad, la propiedad y la justicia.

El camino no será fácil. Los intereses creados son poderosos, y aquellos que se benefician del sistema actual no renunciarán fácilmente a sus privilegios. Pero si queremos un futuro de prosperidad y libertad para todos los colombianos, no tenemos otra opción. Debemos estar dispuestos a desafiar el statu quo, a cuestionar las narrativas que nos han impuesto y a luchar por un país en el que el éxito no dependa de las conexiones políticas, sino del esfuerzo y el talento de cada individuo. Solo entonces podremos construir un Colombia libre, próspera y justa para todos.