Colombia y las leyes sofocan a una sociedad

En Colombia, como en muchas otras sociedades modernas, nos encontramos atrapados en un ciclo aparentemente interminable de producción legislativa. Ley tras ley, reglamento tras reglamento, el Estado intenta regular cada aspecto de nuestras vidas, como si la solución a todos los problemas residiera en una nueva norma escrita. Esta tendencia no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino un síntoma de algo mucho más profundo: una sociedad que ha perdido el rumbo y que intenta desesperadamente mantenerse a flote mediante la promulgación de leyes, sin reconocer que el verdadero problema radica en su falta de cohesión interna y principios compartidos.

En palabras del escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila, “Las sociedades moribundas acumulan leyes como los moribundos acumulan remedios”. Esta observación penetrante revela una verdad incómoda. Cuando una sociedad saludable enfrenta problemas, su respuesta no es acumular reglas, sino fortalecer los lazos sociales y las instituciones fundamentales que sostienen su estructura. Pero cuando esa sociedad entra en decadencia, pierde la confianza en esos mismos principios y empieza a depender de una proliferación incontrolada de leyes como si fueran la cura para sus males.

En Colombia, este fenómeno es evidente en la constante expansión del aparato estatal y en la complejidad burocrática que asfixia la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada nuevo problema social o económico parece desencadenar una respuesta legislativa, con el gobierno creando nuevas regulaciones, impuestos y normativas que prometen resolver el malestar. Sin embargo, en lugar de traer soluciones, estas leyes solo añaden una nueva capa de complejidad a un sistema ya sobrecargado, fomentando la desconfianza en las instituciones y dificultando la vida de los ciudadanos y las empresas. 

Uno de los sectores más afectados por esta tendencia es, sin duda, el empresarial. En lugar de fomentar un entorno en el que las empresas puedan innovar, crecer y generar empleo, el Estado colombiano parece empeñado en complicar cada vez más el panorama legal. Las empresas se enfrentan a una maraña de regulaciones laborales, tributarias y administrativas que, lejos de incentivar la productividad, desincentivan la inversión y favorecen la informalidad. No es raro ver a empresarios y pequeños emprendedores sumidos en la incertidumbre, más preocupados por cumplir con las regulaciones cambiantes que por hacer crecer sus negocios. En un país donde la estabilidad jurídica es puesta en duda con cada nueva administración, ¿cómo pueden las empresas confiar en que las reglas del juego no cambiarán de la noche a la mañana?

Este mismo ciclo de hipernormatividad tiene efectos devastadores en otros aspectos de la vida nacional. El sistema judicial, por ejemplo, está sobrecargado no solo por la cantidad de casos que tiene que manejar, sino también por la complejidad y contradicción inherente a muchas de las leyes que debe aplicar. La justicia se vuelve lenta, ineficaz, y al final del día, incapaz de garantizar una verdadera seguridad jurídica. Cuando las leyes son tantas y tan intrincadas que ni siquiera los jueces pueden interpretarlas con coherencia, el ciudadano común queda a merced de un sistema que, en lugar de protegerlo, lo vulnera.

Lo paradójico es que este fenómeno de sobreproducción legislativa no es exclusivo de Colombia ni de los países en vías de desarrollo. Incluso las economías más avanzadas, como la de Estados Unidos, muestran signos similares. Allí, la centralización del poder y la burocratización del gobierno han generado un aparato legislativo tan complejo que las propias instituciones democráticas parecen desmoronarse bajo el peso de sus propios mecanismos. Esto demuestra que la tendencia a legislar en exceso no es solo una cuestión de subdesarrollo, sino un reflejo de la decadencia de las sociedades modernas en general.

Pero lo que hace que esta situación sea particularmente preocupante en Colombia es la profunda crisis de confianza que genera en la ciudadanía. Cada vez que el gobierno crea una nueva ley o regulación, lo hace bajo la promesa de que está resolviendo un problema, pero la realidad es que esas leyes rara vez tienen el efecto deseado. En lugar de mejorar la vida de los ciudadanos, muchas de estas regulaciones crean nuevas barreras, nuevas burocracias y nuevos espacios para la corrupción. La ley, en lugar de ser un mecanismo de justicia y equidad, se convierte en un instrumento para proteger los intereses de quienes tienen el poder político o económico, y eso solo aumenta la sensación de impotencia y desesperanza en la población.

Uno de los ejemplos más claros de esto es el sistema tributario colombiano. A pesar de las múltiples reformas fiscales que se han implementado en las últimas décadas, el sistema sigue siendo profundamente injusto e ineficaz. Los impuestos recaen de manera desproporcionada sobre las clases medias y bajas, mientras que los grandes capitales encuentran formas de evadir sus obligaciones fiscales o aprovecharse de exenciones creadas para favorecer a ciertos sectores. La carga impositiva es tan alta que, para muchas personas y empresas, cumplir con el pago de impuestos es una tarea titánica que consume gran parte de sus recursos. Y, sin embargo, los servicios públicos que deberían justificar esa carga fiscal –como la educación, la salud o la infraestructura– siguen siendo deficientes, lo que solo agrava el malestar social.

Es aquí donde el diagnóstico de Gómez Dávila adquiere toda su relevancia: el Estado colombiano, en su afán por mantenerse a flote, ha perdido de vista su verdadero propósito. En lugar de ser un facilitador de la vida social y económica, se ha convertido en un obstáculo, una carga que pesa sobre los hombros de los ciudadanos. Y lo peor de todo es que, en su intento por resolver cada nuevo problema con una nueva ley, lo único que logra es perpetuar el ciclo de decadencia.

La salida de este laberinto no está en más leyes o en un gobierno más eficiente. La verdadera solución reside en un cambio de paradigma. Colombia debe redescubrir los principios que permiten a una sociedad prosperar: la libertad individual, la responsabilidad personal y el respeto por los derechos fundamentales. El mercado libre, lejos de ser una amenaza, es la única fuerza capaz de generar la riqueza y la innovación necesarias para resolver los problemas que enfrentamos como sociedad. En lugar de intentar regular cada aspecto de la vida económica, el Estado debe limitarse a garantizar el respeto a las reglas básicas de convivencia y dejar que los ciudadanos y las empresas encuentren sus propias soluciones.

Este cambio de paradigma no será fácil. Requiere una transformación profunda en la mentalidad colectiva, que nos permita superar la dependencia del Estado y redescubrir la capacidad de iniciativa y emprendimiento que ha caracterizado a las sociedades prósperas a lo largo de la historia. Pero es un cambio necesario si queremos escapar del ciclo de decadencia en el que estamos atrapados.

En resumen, el exceso de leyes no es una señal de progreso, sino de una sociedad enferma que ha perdido su capacidad de resolver los problemas de manera natural. Colombia, como muchas otras sociedades modernas, debe liberarse de esta dependencia legislativa y redescubrir los principios fundamentales que permiten la prosperidad y la justicia. Sólo así podrá construir un futuro en el que el Estado no sea un obstáculo, sino un facilitador del bienestar colectivo.