Colombia: el espejismo de la democracia y la trampa del poder

Es fácil dejarnos seducir por la idea de que la democracia es el camino hacia la prosperidad, que votar es la herramienta mágica que solucionará los problemas de nuestra sociedad. Pero este espejismo, alimentado por los políticos y los medios de comunicación, ha creado una peligrosa ilusión: la creencia de que cambiar de gobernante, de partido o de ideología es suficiente para alterar las estructuras que realmente moldean nuestro día a día. En Colombia, esta fantasía ha sido vendida una y otra vez, mientras las raíces de nuestros problemas siguen profundamente enterradas en un sistema que, lejos de servir al pueblo, sirve a los intereses de una minoría conectada con el poder.

El país ha sido testigo de cómo, a través de los años, el gobierno se ha convertido en una maquinaria gigante, una estructura impenetrable que percibe a los ciudadanos y empresas como simples fuentes de ingresos. La creciente carga tributaria que asfixia a los colombianos no es solo una política económica, es una muestra clara de cómo el Estado ha desarrollado una adicción al poder y al dinero de sus ciudadanos. Se han creado impuestos y más impuestos, justificados por supuestas promesas de progreso, de infraestructura, de programas sociales, pero la realidad es que gran parte de esos recursos terminan desviados en los laberintos de la corrupción, la ineficiencia y la burocracia.

El problema no radica en el hecho de que existan impuestos en sí, sino en la forma en que estos son utilizados para alimentar un sistema que se ha vuelto opresivo y destructivo. En Colombia, la sensación es que no importa cuánto se pague al Estado, siempre habrá un nuevo tributo o una nueva regulación que asfixie un poco más. Las empresas, en especial las pequeñas y medianas, luchan contra un Estado que debería ser su aliado pero que, en lugar de eso, se comporta como un depredador. Las políticas económicas han creado un ambiente en el que es más fácil sobrevivir mediante la evasión que mediante la competencia sana y el emprendimiento. 

Los ciudadanos, por su parte, están atrapados en un ciclo interminable de promesas rotas. Cada elección trae consigo la esperanza de un cambio verdadero, de un líder que finalmente hará las cosas de manera diferente. Pero el sistema está diseñado de tal forma que, sin importar quién esté en el poder, las dinámicas subyacentes siguen siendo las mismas. Es un ciclo tóxico, en el que las instituciones están alineadas para mantener el status quo, donde la justicia, la libertad de expresión y la separación de poderes se ven constantemente amenazadas. ¿Cómo es posible hablar de justicia cuando los escándalos de corrupción se apilan unos sobre otros, sin que nadie rinda cuentas?

El colapso de la seguridad jurídica en Colombia es un reflejo de cómo el poder concentrado destruye los cimientos sobre los cuales se construye una sociedad libre. Inversionistas, empresarios y ciudadanos de a pie se enfrentan a un ambiente en el que las reglas cambian constantemente, donde el Estado interviene sin tregua y donde la incertidumbre es la única constante. Es un sistema que ha perdido el norte, donde la prioridad no es generar prosperidad para todos, sino asegurar que quienes tienen acceso al poder mantengan su control.

Este patrón no es único de Colombia. Lo hemos visto en muchas democracias modernas: el gran gobierno expande su influencia, creando una red de burocracia que es difícil de desmantelar. Los burócratas, cómodamente instalados en sus oficinas, no tienen prisa por resolver problemas. De hecho, el mismo diseño del sistema asegura que estos problemas persistan, porque la solución definitiva significaría perder la razón de ser de toda una estructura administrativa. Y mientras tanto, los políticos, lejos de ser líderes visionarios, se convierten en administradores de este aparato monstruoso, ofreciendo pequeñas reformas cosméticas que no cambian la esencia de la maquinaria.

El problema de fondo, entonces, no es que el partido de turno sea corrupto o incompetente, sino que la estructura misma del poder es inherentemente defectuosa. La democracia, tal como la conocemos, ha dejado de ser un mecanismo para la libertad y se ha convertido en una herramienta para el control. El voto, lejos de ser una expresión de voluntad soberana, es una formalidad que legitima un sistema en el que las decisiones importantes no están en manos del pueblo, sino de una élite política y económica que opera a puertas cerradas.

En Colombia, esto se refleja no solo en las políticas fiscales y económicas, sino también en la vida cotidiana. Las familias, las pequeñas comunidades y las instituciones que alguna vez fueron los pilares de la sociedad han sido debilitadas por un Estado que interviene en todos los aspectos de la vida. En lugar de promover la autonomía, el gobierno ha impuesto una dependencia que se extiende desde los subsidios hasta la educación, moldeando a una población que, cada vez más, depende de las decisiones arbitrarias de los burócratas.

Esta realidad tiene un costo enorme, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y culturales. Hemos llegado a un punto en el que muchas de nuestras instituciones más importantes –las iglesias, las familias, las escuelas– han sido subvertidas para alinearse con la narrativa estatal. En lugar de ser espacios de libertad y autonomía, se han convertido en extensiones del aparato gubernamental, promoviendo una ideología que busca perpetuar la centralización del poder. Lo que se enseña en muchas de nuestras escuelas no es el valor de la competencia, la innovación y la libertad individual, sino una visión del mundo donde el Estado es el único agente de cambio.

Pero no todo está perdido. La historia nos ha enseñado que las sociedades más prósperas son aquellas en las que el poder está distribuido, donde las personas tienen el control de sus propias vidas y donde las decisiones no están centralizadas en un pequeño grupo de élites. En lugar de depender del gobierno para resolver todos nuestros problemas, debemos recuperar el control de nuestras instituciones y reconstruir el tejido social desde abajo. Las familias, las comunidades, las iglesias, las empresas –todos ellos tienen un papel que jugar en la creación de una sociedad más libre y más próspera.

El reto es enorme, pero no imposible. Requiere una transformación profunda, no solo en la forma en que vemos al gobierno, sino también en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Es necesario cuestionar la narrativa de que el Estado es el único agente capaz de generar progreso y bienestar. En lugar de eso, debemos buscar soluciones en el sector privado, en la sociedad civil, en las redes de apoyo mutuo que han existido desde los inicios de la civilización.

Es hora de abandonar el espejismo de la democracia tal como la conocemos y empezar a construir una sociedad en la que el poder no esté concentrado en unas pocas manos, sino distribuido entre todos los ciudadanos. Solo entonces podremos comenzar a romper el ciclo de dependencia y opresión que ha caracterizado a Colombia, y a tantas otras democracias modernas. No se trata de elegir al próximo salvador político, se trata de recuperar nuestra libertad y nuestra dignidad como individuos.