La trampa de las promesas incumplidas y el costo oculto en los bolsillos de los ciudadanos

La realidad en la que vivimos está marcada por una verdad incómoda que pocos gobiernos quieren reconocer: el Estado no genera riqueza, solo la redistribuye, y lo hace a costa del esfuerzo de aquellos que la producen. En las sociedades actuales, particularmente en los regímenes de corte socialista o intervencionista, el ciclo se repite una y otra vez. Las campañas políticas están cargadas de promesas utópicas de bienestar social, que, tras unas elecciones, se traducen en presupuestos inflados y, eventualmente, en reformas tributarias. Este fenómeno no solo ocurre en países como Venezuela, donde la catástrofe económica es evidente, sino que también tiene eco en democracias como la colombiana, donde el peso de estas decisiones fiscales recae sobre el ciudadano común.

La lógica detrás de este ciclo es sencilla, pero devastadora. Un político, ávido de votos y de poder, promete el cielo a sus electores. Más salud, más educación, más infraestructura, más subsidios. Pero una vez en el poder, ese político se enfrenta a una realidad cruda: el dinero no crece en los árboles. Para cumplir con sus promesas necesita más recursos, y ahí es donde el presupuesto estatal, ya deficitario, entra en juego. El déficit fiscal no es más que la diferencia entre lo que el Estado quiere gastar y lo que realmente tiene. Pero en lugar de frenar y revisar si es viable gastar tanto, la solución más cómoda es lanzar una nueva reforma tributaria. Lo que no mencionan es que este proceso es, en el fondo, inmoral.

¿Por qué inmoral? Porque en la vida cotidiana, ningún ciudadano puede gastar lo que no tiene sin consecuencias inmediatas. Si tú, como individuo, deseas mudarte a un apartamento más grande, comprar un coche nuevo o darte el lujo de salir a cenar con frecuencia, primero evaluas tus ingresos. Si no tienes suficiente dinero, buscas la manera de generar más o decides aplazar esos gastos. Es una cuestión de racionalidad y sentido común. Nadie en su sano juicio se endeudaría hasta el cuello sin tener claro cómo pagará sus deudas, porque sabe que, tarde o temprano, las cuentas llegan. En cambio, los gobiernos no piensan igual. Ellos gastan más de lo que tienen, contando con una solución que ningún ciudadano tiene a su disposición: el poder de quitarte tu dinero.

Ese es el origen de las reformas tributarias. Cuando el gobierno se encuentra con un déficit, no piensa en reducir su gasto, sino en cómo puede aumentar los impuestos para seguir gastando. Esto convierte a los ciudadanos en su fuente infinita de recursos. Todo lo que haces, desde comprar un café hasta llenar el tanque de gasolina, tiene un tributo añadido. Y lo peor es que el Estado siempre tiene la capacidad de aumentar esos tributos, sin preguntarte si puedes pagarlos o si estás de acuerdo con la forma en que se gasta ese dinero.

En Colombia, este ciclo se ha repetido constantemente. Cada nuevo gobierno llega con una lista de promesas ambiciosas que, a la hora de la verdad, no puede cumplir sin meterle mano al bolsillo de los ciudadanos. El sistema de impuestos en el país ya es bastante complejo y pesado, pero parece que nunca es suficiente para cubrir el gasto público, que sigue creciendo sin control. Es como si cada gobierno viera en los ciudadanos una fuente inagotable de riqueza, sin considerar el daño que causan al frenar la capacidad productiva de la economía con tantos impuestos.

Lo que los políticos no parecen entender es que cada peso que se recauda a través de impuestos es un peso que no puede ser invertido o gastado por el ciudadano. Y cada vez que se aprueba una reforma tributaria, se frena el crecimiento económico de las personas y empresas que realmente generan empleo y desarrollo. Los ciudadanos comunes, aquellos que se levantan cada día a trabajar para ganarse la vida, son quienes soportan el peso de estas decisiones. El gobierno no produce un solo peso; simplemente toma lo que otros producen. Y lo hace, además, de una manera coercitiva.

El problema es que, mientras el ciudadano promedio tiene límites claros en su gasto, los gobiernos no. No solo gastan más de lo que tienen, sino que siguen expandiendo el tamaño del Estado con la excusa de mejorar la vida de todos. Pero lo cierto es que cada reforma tributaria es un golpe al progreso individual. Las promesas de bienestar social financiadas con mayores impuestos solo crean un ciclo de dependencia y estancamiento. En lugar de permitir que las personas crezcan económicamente y logren su propio bienestar, el Estado interviene, quitándoles la oportunidad de prosperar por sí mismos.

Lo que debería ocurrir es un cambio radical en la forma de gestionar los recursos públicos. Los gobiernos no necesitan más dinero; lo que necesitan es gastar mejor lo que ya tienen. En lugar de seguir creando programas y estructuras burocráticas que solo benefician a una clase política, deberían enfocarse en ser más eficientes y transparentes. Hay que entender que no siempre es necesario gastar más para lograr mejores resultados. Muchas veces, el problema no está en la cantidad de dinero disponible, sino en cómo se utiliza.

Los ciudadanos deben estar atentos. Es su responsabilidad cuestionar y exigir que los gobiernos sean responsables con sus recursos. No se trata de decir no a todos los impuestos, sino de pedir que cada peso que se recauda se gaste de manera eficaz y justa. Debemos recordar que los gobiernos están para servirnos, no para servirse de nosotros. La verdadera prosperidad no viene de más impuestos ni de más reformas fiscales. Viene de la libertad para producir, innovar y crecer sin la constante amenaza de que el Estado intervendrá para tomar lo que es nuestro.