El Trancón de Alameda del Río: Evidencia de la Ineficiencia Estatal

El trancón en Alameda del Río no es solo un problema de tráfico, es un reflejo crudo y tangible de la ineficiencia del sector público frente a la agilidad y efectividad del sector privado en la ejecución de proyectos. Vivimos en una época en la que cualquier evento indignante se difunde rápidamente en redes sociales, sirviendo como un grito de frustración colectiva, pero a menudo carece del análisis profundo necesario para entender las causas y encontrar soluciones. La situación que hoy enfrenta Alameda del Río, uno de los macroproyectos urbanísticos más grandes a las afueras de Barranquilla, es un ejemplo claro de cómo la falta de planificación y la incompetencia gubernamental pueden convertir un sueño de modernidad en una pesadilla diaria para más de 50 mil residentes.

El caos vial en Alameda del Río no es un fenómeno que surgió de la noche a la mañana, sino el resultado de años de descoordinación y promesas incumplidas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ahora? ¿Por qué se inician obras para mejorar la movilidad sin antes haber desarrollado un plan alternativo de circulación? Es inconcebible que un proyecto urbanístico de tal magnitud, que ha entregado más de 15 mil viviendas, y que incluye parques, zonas comerciales, e incluso un humedal natural, esté enfrentando su peor trancón en la historia reciente porque las calles construidas por la empresa privada aún no se conectan con la Avenida Circunvalar.

Mientras que el sector privado ha cumplido con su parte, entregando viviendas, vehículos, abriendo comercios, e implementando rutas de buses, el sector público ha fallado miserablemente en hacer su trabajo. Las calles que deberían conectar Alameda del Río con el resto de la ciudad siguen inconclusas, y el puente que desde los inicios del proyecto se consideró necesario sigue siendo una promesa vacía. Este contraste entre la eficiencia del sector privado y la ineficiencia del sector público no solo es frustrante, sino que también plantea una pregunta más profunda sobre el papel del Estado en la vida diaria de los ciudadanos.

Es fácil señalar a los residentes, propietarios de vehículos o buses como los culpables del problema, pero la realidad es que ellos también son víctimas de un sistema que no funciona. El verdadero problema no es el número de carros estacionados en las calles –una consecuencia directa de la falta de parqueaderos suficientes– sino la incapacidad del gobierno local para conectar las calles de Alameda del Río con la ciudad. Esta situación no solo ha empeorado la movilidad, sino que también ha generado una situación paradójica en la que los residentes son multados y acosados por la grúa de tránsito, bajo la excusa de mejorar una movilidad que claramente no mejora. 

Los residentes de Alameda del Río pagan sus impuestos, pero a cambio reciben poco o nada en términos de servicios básicos como seguridad o infraestructura vial adecuada. La ausencia de un CAI o de una vigilancia policial permanente es un ejemplo claro de cómo el Estado ha fallado en proporcionar los servicios que deberían estar garantizados para una comunidad de este tamaño. En lugar de mejorar la seguridad, el gobierno parece más interesado en recaudar dinero a través de multas y comparendos, ignorando el hecho de que la raíz del problema es su propia ineficiencia.

Este trancón es solo una manifestación más de una administración local que parece más interesada en tomarse fotos o crear contenido para redes sociales inaugurando proyectos que en resolver los problemas reales de la comunidad. Las obras viales que se anunciaron con bombo y platillo han sido, en el mejor de los casos, mal planeadas y, en el peor, negligentemente ejecutadas. Los recursos públicos que se gastaron en eventos de inauguración y propaganda podrían haberse utilizado para completar las obras que hoy tanto se necesitan. Sin embargo, la comunidad sigue esperando y, en su espera, solo recibe más frustración y descontento.

El problema de Alameda del Río no es único, sino un síntoma de un problema más amplio que afecta a muchas ciudades en Colombia: la desconexión entre las promesas políticas y la realidad. Mientras el sector privado sigue adelante, impulsado por la necesidad de generar ganancias y satisfacer la demanda del mercado, el sector público se arrastra, atrapado en la burocracia, la corrupción y la falta de visión. Este desajuste no solo afecta la movilidad, sino también la calidad de vida de miles de colombianos que dependen de un Estado que no cumple con sus responsabilidades.

Al final, más allá de la indignación que genera el trancón, es crucial que como sociedad señalemos a los verdaderos culpables de esta situación. No podemos seguir permitiendo que la incompetencia gubernamental pase desapercibida o que los errores se repitan sin consecuencias. La administración local debe ser responsabilizada por su falta de planificación y ejecución, y los ciudadanos deben exigir no solo respuestas, sino también soluciones concretas.

En lugar de resignarnos al caos, es hora de que los residentes de Alameda del Río y de otras comunidades afectadas tomen una posición firme. Exigir transparencia en la gestión pública, participar activamente en las decisiones que afectan a nuestras ciudades, y, sobre todo, no permitir que nuestras voces sean silenciadas. La solución no vendrá de esperar pasivamente a que el gobierno actúe, sino de un esfuerzo conjunto para asegurar que nuestras ciudades sean lugares donde la eficiencia y la responsabilidad sean la norma, no la excepción.