El espejismo de la planificación centralizada: Coerción, libertad y el futuro de Colombia

En un mundo cada vez más incierto, donde las crisis económicas, políticas y sociales parecen multiplicarse sin solución aparente, la tentación de recurrir a la planificación centralizada resurge con fuerza. El anhelo de control, de imponer un orden racional sobre el caos, parece ser una respuesta seductora para quienes buscan soluciones rápidas y eficaces. Sin embargo, esta tentación encierra un fallo fatal que ha sido descrito con lucidez por economistas como Friedrich Hayek. La idea de que una autoridad central pueda diseñar un plan económico o social que abarque todas las complejidades y deseos de una sociedad diversa es una ilusión peligrosa. La planificación centralizada, lejos de resolver los problemas que promete solucionar, termina por exigir la sumisión de los ciudadanos a un código de valores impuesto desde arriba, socavando la libertad y, en última instancia, erosionando la misma democracia que se busca proteger.

El error fundamental de la planificación socialista o centralizada radica en su suposición de que es posible alcanzar un acuerdo completo y unificado sobre los fines y objetivos de la sociedad. Este supuesto, aparentemente lógico, ignora una realidad central de las sociedades modernas: la pluralidad. En cualquier sociedad, los individuos tienen diferentes aspiraciones, valores y prioridades. Lo que uno considera esencial, otro lo ve como secundario. En Colombia, un campesino en el Cauca puede valorar la estabilidad económica para cultivar sus tierras, mientras que un estudiante en Bogotá lucha por mayores oportunidades educativas y laborales. Pretender unificar estos deseos bajo un solo plan nacional es un ejercicio de arrogancia intelectual que desconoce la riqueza y diversidad de una nación.

El problema se agrava cuando entendemos que, al no existir tal consenso en los valores y fines, el planificador central –sea el Estado o una élite política– debe imponer su propio código de prioridades sobre la sociedad. En una economía de mercado, los precios actúan como señales que reflejan las decisiones descentralizadas de millones de individuos, ajustándose dinámicamente a las cambiantes necesidades y deseos. Pero en un sistema planificado, esa flexibilidad se pierde, y lo que queda es la imposición de una visión única que, aunque pueda justificarse bajo el manto de la "racionalidad" o el "bien común", no deja de ser autoritaria. La autoridad central no tiene otra opción que imponer su visión a aquellos que no están de acuerdo.

Aquí es donde el discurso de la democracia en la planificación se vuelve particularmente engañoso. Se argumenta que, en un sistema democrático, las decisiones sobre planificación centralizada pueden tomarse de manera representativa, respetando las voces de los ciudadanos. Pero este enfoque es ilusorio. Incluso en las democracias más avanzadas, el proceso de planificación centralizada requiere que las autoridades seleccionen qué objetivos y valores priorizar y cuáles descartar. La diversidad de opiniones y necesidades no desaparece simplemente porque haya elecciones o mecanismos representativos. La pluralidad sigue existiendo, y cuando el plan no logra abarcar todas las realidades, la autoridad se enfrenta a una disyuntiva: ajustarse a la pluralidad, lo cual socavaría el plan, o imponer el plan a pesar de la disidencia.

Es en este punto donde la coerción y la propaganda entran en juego. Para que un plan centralizado tenga éxito, la población debe ser convencida de que los objetivos del plan son los correctos, incluso si no reflejan sus propios intereses. Aquí, el Estado recurre a la propaganda para moldear la opinión pública, generando una narrativa en la que el plan es presentado como inevitable, necesario y moralmente superior. La propaganda se convierte en una herramienta esencial para construir un consenso artificial, un consenso basado no en el acuerdo genuino, sino en la manipulación de la percepción. Sin embargo, la propaganda, por sí sola, tiene límites, y cuando no logra persuadir a toda la población, la coerción aparece como el siguiente paso lógico.

La coerción en un sistema de planificación centralizada puede tomar muchas formas. En su manifestación más extrema, puede incluir la represión violenta o el control directo de las libertades individuales. Pero más a menudo, la coerción es sutil, disfrazada de regulaciones, controles económicos o restricciones que, aunque aparentemente justificadas, buscan forzar el cumplimiento con el plan. En Colombia, ejemplos de esta coerción se han visto en la historia reciente. Los intentos de erradicar cultivos ilícitos a través de políticas centralizadas que no consideran las realidades locales son un claro ejemplo. Los campesinos, obligados a abandonar sus medios de subsistencia sin una alternativa viable, han sido víctimas de un sistema que, en lugar de atender a sus necesidades particulares, impone una solución dictada desde un centro que desconoce sus condiciones.

Más allá de la erradicación de cultivos, la planificación centralizada en Colombia ha tenido otras manifestaciones, como los esfuerzos por controlar la producción agrícola, o la centralización de políticas económicas que no reflejan la diversidad geográfica, social y cultural del país. Estas políticas no solo fallan en resolver los problemas que enfrentan, sino que también generan desconfianza y resistencia entre la población, que ve cómo sus intereses son ignorados o subordinados a una visión tecnocrática que no les representa.

La planificación centralizada, aunque en teoría puede parecer eficiente, termina generando fricciones profundas en cualquier sociedad que la adopte. El conflicto entre la diversidad de intereses y la uniformidad del plan genera tensiones que, tarde o temprano, exigen respuestas autoritarias por parte del Estado. La libertad individual, que debería ser el pilar de una sociedad próspera, se sacrifica en nombre de la eficiencia o el progreso. En el intento de imponer un orden racional, el Estado se convierte en un agente de control que restringe la capacidad de las personas para decidir sobre sus propias vidas y perseguir sus propios fines.

En Colombia, donde las desigualdades y las tensiones sociales son profundas, la planificación centralizada no solo ha demostrado ser ineficaz, sino que también ha exacerbado los conflictos. Las decisiones tomadas desde el centro, sin una comprensión adecuada de las realidades locales, han generado desconfianza hacia las instituciones y han alimentado movimientos de resistencia que, en muchos casos, han recurrido a la violencia. El ejemplo de las políticas agrarias es solo un caso emblemático de cómo el fracaso de la planificación centralizada puede tener consecuencias desastrosas para la estabilidad social y política de un país.

La pregunta, entonces, es cómo evitar caer en la trampa de la planificación centralizada sin renunciar a la necesidad de orden y coordinación en una sociedad compleja. La respuesta radica en reconocer los límites de la planificación central y abrazar un enfoque más descentralizado, que permita a las personas y las comunidades tomar decisiones sobre sus propias vidas. En lugar de imponer un plan único desde arriba, el Estado debe crear las condiciones para que los ciudadanos, a través de mercados y mecanismos participativos, puedan ajustar sus decisiones según sus propios intereses y necesidades.

En Colombia, esto significa fomentar la participación local en la toma de decisiones, respetar los saberes tradicionales y permitir que las comunidades desarrollen sus propias soluciones a los problemas que enfrentan. Significa también reconocer que no todos los problemas pueden ser resueltos por expertos tecnócratas o planes centralizados, y que el verdadero progreso proviene de la libertad individual y la cooperación voluntaria, no de la coerción estatal.

Para los ciudadanos, la recomendación es clara: debemos resistir la tentación de confiar en que el Estado resolverá todos nuestros problemas a través de la planificación centralizada. La historia ha demostrado que, cuanto más centralizado es el control, mayor es el costo en términos de libertad. Es crucial defender la libertad individual como un valor fundamental, no solo en el ámbito económico, sino también en el político y social. Solo una sociedad libre, donde las decisiones son tomadas por individuos y comunidades en función de sus propias circunstancias, puede prosperar en un mundo tan complejo como el nuestro.