La Vigilancia del Dominio Público: Gobernanza de Espacios Comunes

 

En el debate contemporáneo sobre la gestión de los espacios públicos, el enfoque libertario ofrece una perspectiva única basada en la propiedad privada y la coherencia lógica. La democracia liberal moderna a menudo enfrenta la paradoja de declarar múltiples "derechos" que pueden entrar en conflicto entre sí, generando tensiones y contradicciones. La noción de que, como contribuyentes, los individuos deberían tener derechos sobre los espacios públicos parece intuitivamente justa, pero ¿cómo se determina el alcance de estos derechos?

La propiedad privada, en su esencia, se basa en la no contradicción y en la clara delimitación de derechos y responsabilidades. En contraste, los espacios públicos, que pertenecen colectivamente a un gran número de contribuyentes, requieren un enfoque diferente pero igualmente claro. Un modelo eficaz puede ser el de los desarrollos de interés común, como las subdivisiones residenciales o los condominios, donde los espacios compartidos tienen funciones y usos específicos aprobados por los propietarios a través de procedimientos de votación.

En estos modelos de propiedad compartida, los derechos individuales están claramente definidos y limitados por el consenso de la comunidad. Por ejemplo, aunque un individuo pueda tener una participación en el espacio común, no puede usarlo para actividades que contravengan los acuerdos comunitarios, como inyectarse heroína en un patio de juegos. Del mismo modo, otras "verdaderas libertades personales", como consumir alcohol o poner música a todo volumen, están sujetas a las normas acordadas por la mayoría de los propietarios.

Este enfoque proporciona un modelo para la gobernanza de los espacios públicos bajo la administración estatal, en ausencia de privatización. El libertarismo no aboga por una gestión anárquica de los espacios comunes, sino por una gobernanza basada en el consenso de los "propietarios" colectivos, es decir, los ciudadanos. De esta manera, los espacios públicos pueden ser gestionados de manera que se respete la voluntad de la mayoría, al tiempo que se protegen los derechos individuales dentro de un marco consensuado.

La administración de los espacios comunes por parte del Estado debería, por tanto, emular los principios de gobernanza de los desarrollos de interés común. Esto implicaría establecer procedimientos de votación para determinar los usos y restricciones de los espacios públicos, asegurando que las decisiones reflejen la voluntad de la mayoría de los contribuyentes. Al hacerlo, se evitarían las contradicciones inherentes a la declaración arbitraria de derechos y se proporcionaría una estructura clara y coherente para la gestión de los espacios públicos.

Un ejemplo práctico de este enfoque podría ser la gestión de parques y áreas recreativas. En lugar de imponer regulaciones uniformes desde el gobierno central, cada comunidad podría decidir, a través de votaciones locales, las normas específicas para sus espacios públicos. Esto permitiría una adaptación más precisa a las necesidades y deseos de cada comunidad, al tiempo que se garantiza el respeto por el uso compartido y las actividades consensuadas.

Además, este modelo de gobernanza podría aplicarse a otros aspectos del dominio público, como el uso de calles, plazas y edificios gubernamentales. La clave estaría en establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a los contribuyentes expresar sus preferencias y tomar decisiones colectivas sobre el uso y mantenimiento de estos espacios. Esto no solo aumentaría la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, sino que también fomentaría un sentido de pertenencia y compromiso entre los ciudadanos.

La advertencia para Colombia es clara: la gestión ineficiente y centralizada de los espacios públicos puede llevar a conflictos y descontento entre los ciudadanos. Adoptar un enfoque basado en la propiedad compartida y la gobernanza consensuada podría ser una solución viable para mejorar la calidad y el uso de los espacios públicos en el país. Al fomentar la participación ciudadana y respetar la voluntad de la mayoría, Colombia podría lograr una gestión más equitativa y eficiente de sus recursos comunes, evitando las contradicciones y tensiones que a menudo acompañan a las políticas públicas impuestas desde arriba.

En última instancia, la clave para una gestión exitosa del dominio público reside en encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y las necesidades colectivas, asegurando que las decisiones reflejen el consenso de la comunidad y respeten los principios de coherencia y no contradicción que son fundamentales para un enfoque libertario.