La Trampa Legislativa: El Impacto de la Proliferación de Leyes en la Democracia Colombiana

En Colombia, nuestra democracia representativa ha creado un entorno en el que los políticos son constantemente evaluados según la cantidad de leyes que proponen, crean, promueven o apoyan. Aquellos que no logran introducir o apoyar suficientes leyes son a menudo criticados y considerados ineficaces. Aunque en la superficie, este sistema puede parecer un reflejo de un gobierno activo y dinámico, una mirada más profunda revela que esta proliferación legislativa puede tener consecuencias perjudiciales para la economía y la libertad individual.

Cada vez que un político promueve una nueva ley, generalmente también está promoviendo un nuevo impuesto. Para asegurar el cumplimiento de estas leyes, es necesario crear instituciones estatales adicionales, lo que inevitablemente conduce a un aumento en la burocracia. Este crecimiento del aparato estatal no solo hace al gobierno más grande e intervencionista, sino que también introduce regulaciones que frecuentemente superan la capacidad de las personas y empresas para adaptarse y pagar.

Las empresas, en particular, a menudo sufren las consecuencias de esta carga regulatoria. Las nuevas leyes y los impuestos adicionales pueden hacer que las operaciones sean financieramente inviables, obligando a muchas empresas a cerrar o a despedir personal. Este impacto no se limita solo al sector privado; la intervención estatal a menudo llega a regular la vida privada de los ciudadanos, limitando sus libertades en nombre del cumplimiento legal.

Los políticos, impulsados por la necesidad de mostrar resultados tangibles a sus electores, a menudo promueven leyes que van más allá de lo que los votantes realmente desean. La creación de leyes que limitan las libertades, el aumento de impuestos y la financiación de programas a través de la impresión de dinero son prácticas que pueden llevar a una inflación desbordada. Esta inflación, a su vez, genera incertidumbre económica y afecta directamente a aquellos que esperaban prosperidad y progreso.

Muchas de estas leyes, pese a ser celebradas con gran bombo y platillo al momento de su creación, al final no sirven, no operan y no funcionan como se esperaba, pero siguen siendo una carga para la ciudadanía. En Colombia, enfrentamos otro problema: no se derogan leyes obsoletas o ineficaces. En cambio, seguimos acumulando más y más normativas, algunas de las cuales incluso contradicen a las anteriores. Esta proliferación legislativa, lejos de mejorar la calidad de vida de los colombianos, termina por incrementar la carga sobre los contribuyentes, ya que su objetivo principal parece ser la recaudación fiscal en lugar de ofrecer soluciones efectivas y beneficios reales para la sociedad.

La realidad es que muchos de los problemas económicos del país se originan en las decisiones tomadas por el gobierno. Los electores, al votar por candidatos que promueven estas medidas, se convierten inadvertidamente en cómplices de un estado que socava la economía de empresarios, emprendedores y trabajadores, quienes son los pilares que sostienen la economía nacional. Estos son los individuos a quienes se les puede extraer más dinero a través de impuestos, ya que son quienes realmente trabajan y mueven el país.

Existe una percepción generalizada de que los políticos deben "hacer algo" para ser efectivos. Sin embargo, las acciones emprendidas en nombre del progreso pueden tener consecuencias nefastas en diversos aspectos de la sociedad. Votar basándose en promesas utópicas puede sonar atractivo, pero la realidad de la implementación de estas promesas es a menudo muy diferente y frecuentemente desalentadora.

En conclusión, mientras que la evaluación de los políticos basada en su capacidad para crear y promover leyes puede parecer una medida de eficiencia y diligencia, es crucial considerar las repercusiones de estas leyes en la economía y en las libertades individuales. La creación desenfrenada de leyes y la expansión del estado no necesariamente conducen a un mejor gobierno. Más bien, a menudo resultan en un entorno económico más restrictivo y en una erosión de las libertades que los ciudadanos valoran. Por lo tanto, es vital que los electores y los políticos reconsideren la verdadera medida del progreso y el impacto a largo plazo de sus decisiones legislativas.