La Inflación: Beneficio Gubernamental y Carga Ciudadana

La inflación, una constante preocupación económica, se define como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si bien los gobiernos tienen la capacidad de reducir la inflación cuando lo deseen, a menudo optan por no hacerlo. Este fenómeno, lejos de ser un mero capricho del mercado, beneficia significativamente a los gobiernos al mismo tiempo que perjudica a los ciudadanos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se utiliza comúnmente como una medida de la inflación, pero no debe confundirse con la inflación misma. Mientras que el IPC refleja la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios, la inflación en sí es la disminución del poder adquisitivo del dinero. Esto significa que, con el tiempo, la misma cantidad de dinero compra menos bienes y servicios, afectando la economía cotidiana de las personas.

Uno de los aspectos más insidiosos de la inflación es que actúa como un impuesto encubierto. A medida que los precios suben, también lo hacen los ingresos fiscales, ya que los impuestos sobre las ventas y otros gravámenes vinculados al valor de los bienes y servicios aumentan. Sin embargo, el gobierno a menudo se resiste a ajustar las tasas impositivas de acuerdo con la evolución del IPC, lo que resulta en una mayor carga fiscal real para los ciudadanos. Este mecanismo, en esencia, transfiere riqueza del sector productivo al sector gubernamental.

Los defensores del gobierno a menudo sostienen que la inflación es causada por una variedad de factores distintos al aumento de la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, la única causa sostenida de un aumento generalizado y persistente de los precios es la emisión excesiva de dinero por parte del estado, muy por encima de la demanda del sector privado. Esta emisión excesiva de dinero disminuye su valor, lo que provoca un alza de precios constante.

El intervencionismo económico justifica frecuentemente la inflación al argumentar que refleja un déficit de producción. Esta perspectiva, sin embargo, es una falacia. Incluso si la producción aumentara, los bienes importados seguirían costando más en la moneda local si el estado sigue emitiendo más dinero del necesario. Aumentar la producción no contrarresta la inflación si el gobierno continúa inyectando nuevas unidades monetarias en la economía.

El inflacionismo encuentra defensores porque incrementa el peso del estado y absorbe los recursos creados por el sector productivo. Cuando el estado emite más dinero, aumenta su capacidad de gasto sin necesidad de aumentar los impuestos explícitamente. Esto permite al gobierno financiarse a costa de devaluar la moneda y, por ende, reducir el valor real de la deuda.

La inflación puede ser vista como un impago implícito de deuda. Cuando el estado emite una promesa de pago y luego la devuelve con una moneda de valor decreciente, está efectivamente pagando menos de lo que originalmente prometió. Esta práctica reduce el valor real de la deuda a expensas de los ahorristas y prestamistas, quienes reciben un retorno en una moneda devaluada.

La inflación no es un fenómeno inevitable ni un simple reflejo de la actividad económica. Es el resultado de decisiones políticas y económicas deliberadas. Los gobiernos pueden reducir la inflación si lo desean, pero a menudo optan por no hacerlo porque se benefician del aumento constante de los precios. Es esencial que los ciudadanos comprendan estos mecanismos para evaluar críticamente las políticas económicas de sus gobiernos y exigir una gestión monetaria más responsable.