El capitalismo fracasó

Hay frases que se repiten tantas veces que terminan adquiriendo la apariencia de una verdad histórica. “El capitalismo fracasó” es una de ellas. Se pronuncia cuando una bolsa se desploma, cuando un banco quiebra, cuando aumenta el desempleo, cuando una familia pierde su vivienda o cuando la desigualdad se vuelve insoportable. Se repite en las aulas, en los discursos políticos, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas como si capitalismo fuera el nombre de todo aquello que ocurre dentro de una economía de mercado.

Pero existe un problema con esa afirmación: muchas veces se llama capitalismo a sistemas económicos profundamente intervenidos por los gobiernos, a mercados condicionados por regulaciones, subsidios, aranceles, controles de precios, políticas monetarias, empresas estatales, privilegios sectoriales y decisiones políticas. Y cuando esas decisiones producen consecuencias negativas, el responsable suele ser el mercado.

Tal vez sea necesario formular la pregunta de otra manera: ¿realmente fracasó el capitalismo o fracasaron determinadas formas de intervenir sobre él?

La pregunta no es un juego semántico. Es una cuestión de enorme importancia política. Porque si diagnosticamos equivocadamente la enfermedad, terminaremos aplicando el tratamiento equivocado. Y una sociedad que atribuye al mercado las consecuencias de sus propias intervenciones puede terminar destruyendo precisamente los mecanismos que le permiten producir riqueza.

La discusión comienza mucho antes de que aparezca la palabra capitalismo.

Una persona se levanta en Colombia, prepara café, enciende el teléfono y utiliza un servicio de internet. Compra transporte para llegar al trabajo, paga un almuerzo, recibe un salario, compra alimentos en un supermercado y, si tiene un negocio, intenta vender algo para obtener una utilidad. Detrás de cada una de esas acciones existe una gigantesca red de intercambios voluntarios.

Un agricultor produce alimentos porque espera obtener un ingreso. Un transportador presta un servicio porque alguien está dispuesto a pagarlo. Un empresario contrata trabajadores porque espera que la producción adicional genere más ingresos que costos. Un empleado vende su tiempo y sus conocimientos porque espera recibir una remuneración. Un consumidor decide qué comprar porque considera que aquello vale para él más que el dinero que entrega.

Nada de eso fue diseñado centralmente por un ministro.

No existe un funcionario que determine cada mañana cuántos panes debe producir una panadería de Barranquilla, cuántos pasajeros debe transportar un taxista, cuántas camisetas debe fabricar una empresa o qué restaurante debe abrir mañana.

Y, sin embargo, millones de decisiones individuales terminan coordinándose.

Adam Smith comprendió una parte fundamental de este fenómeno mucho antes de que existiera la economía moderna. En La riqueza de las naciones, publicada en 1776, explicó que las personas, al perseguir sus propios intereses dentro de determinadas reglas, podían contribuir involuntariamente a una coordinación económica mucho más amplia. No estaba defendiendo la ausencia absoluta de reglas ni proponiendo una sociedad sin Estado. Estaba descubriendo algo más profundo: que el orden económico puede surgir sin que exista una autoridad central que determine cada decisión.

Más de un siglo después, Friedrich Hayek profundizaría esta idea al explicar que los precios funcionan como un sistema de información. Ningún individuo posee todo el conocimiento necesario para organizar una economía compleja. El precio de un producto incorpora información dispersa sobre escasez, demanda, costos, preferencias y oportunidades. El mercado no necesita que una persona conozca toda esa información porque la transmite parcialmente a través de millones de decisiones.

Por eso el precio de una libra de arroz no es simplemente un número. Es una señal.

Cuando el precio sube porque existe escasez, esa señal puede incentivar a producir más, consumir menos o buscar sustitutos. Cuando una autoridad decide artificialmente que el precio no puede subir, puede intentar proteger al consumidor, pero también puede destruir la información que estaba transmitiendo el precio.

La historia económica está llena de ejemplos.

En Estados Unidos, durante los años setenta, la administración de Richard Nixon decidió controlar salarios y precios. El gobierno intentó impedir administrativamente que los precios aumentaran. El resultado no fue la desaparición de la inflación. Los controles solamente consiguieron frenarla temporalmente y, de acuerdo con la historia de la Reserva Federal sobre la Gran Inflación, contribuyeron a generar escasez, particularmente en alimentos y energía.

El problema no era que los funcionarios fueran necesariamente incompetentes. El problema era estructural: ningún gobierno puede abolir mediante un decreto la relación entre escasez, oferta, demanda y precios.

Se puede congelar un precio.

No se puede congelar la realidad.

Y esta diferencia ayuda a comprender una de las grandes confusiones de nuestro tiempo. Cuando una intervención destruye una señal económica y después aparece una escasez, resulta políticamente cómodo culpar al mercado por la escasez.

Pero sería como romper el termómetro y culpar a la temperatura porque dejó de aparecer correctamente.

Algo parecido ocurrió, aunque en una escala infinitamente mayor, durante la Gran Depresión.

Durante décadas, 1929 fue presentado como la prueba definitiva de que el capitalismo había demostrado su incapacidad. El desplome de Wall Street parecía ofrecer una imagen perfecta: el mercado había llevado a la economía al desastre y el Estado debía entrar a rescatarla.

Pero la historia económica contemporánea es mucho más compleja.

La Gran Depresión no fue simplemente un accidente provocado por unos especuladores irresponsables en Wall Street. Hubo una combinación de crisis bancaria, deflación, contracción monetaria, errores regulatorios, problemas internacionales y políticas comerciales que agravaron el deterioro.

La investigación histórica de la Reserva Federal ha mostrado que la contracción monetaria y la crisis bancaria desempeñaron un papel fundamental en profundizar la depresión. En distintos momentos, la Reserva Federal pudo haber compensado mejor la contracción del dinero y del crédito, pero su respuesta fue insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

Y mientras el sistema financiero se debilitaba, los gobiernos también tomaron decisiones que redujeron el comercio internacional.

En 1930 Estados Unidos aprobó el arancel Smoot-Hawley, elevando las barreras a las importaciones. Otros países respondieron con medidas proteccionistas. La consecuencia fue una reducción adicional del comercio internacional.

Esto no significa que Smoot-Hawley haya creado por sí solo la Gran Depresión. Esa afirmación sería históricamente insostenible. Tampoco significa que la Reserva Federal sea responsable exclusiva de aquella catástrofe. La economía real, los bancos, los mercados financieros y las decisiones privadas también tuvieron responsabilidades.

Pero demuestra algo que suele desaparecer de la narrativa simplificada: el episodio que millones de personas aprendieron a identificar como “el fracaso del capitalismo” ocurrió dentro de un sistema donde las decisiones gubernamentales y monetarias tuvieron un papel decisivo.

Y aquí aparece una pregunta incómoda.

Si el gobierno modifica el precio del dinero, altera las condiciones del crédito, protege determinadas industrias, impone aranceles, interviene los mercados financieros y regula el sistema bancario, ¿hasta qué punto seguimos observando el funcionamiento espontáneo del mercado y hasta qué punto estamos observando las consecuencias de un sistema diseñado políticamente?

La pregunta se vuelve todavía más interesante cuando dejamos Estados Unidos y miramos América Latina.

Durante buena parte del siglo XX, muchos países latinoamericanos abrazaron la industrialización por sustitución de importaciones. La idea tenía una lógica comprensible. América Latina exportaba materias primas e importaba productos manufacturados. Para muchos economistas y gobiernos, la solución consistía en proteger la industria nacional hasta lograr que pudiera competir.

Así aparecieron aranceles, restricciones a las importaciones, subsidios, empresas estatales, créditos dirigidos y controles cambiarios.

No era capitalismo de libre competencia.

Era una economía donde el Estado intervenía activamente para decidir qué industrias proteger, qué productos podían entrar, cuánto costaban determinadas importaciones y hacia dónde debía dirigirse el crédito.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoce la industrialización por sustitución de importaciones como una de las grandes etapas de la historia económica regional y registra posteriormente el giro hacia estrategias asociadas con la superación de la crisis de deuda de los años ochenta.

El problema fue que la protección que debía ser temporal muchas veces terminó convirtiéndose en permanente.

Y una industria protegida de la competencia puede tener pocos incentivos para innovar, reducir costos o mejorar su productividad.

Imaginemos una empresa colombiana que sabe que detrás de una frontera existe un arancel suficientemente alto para impedir que un competidor extranjero venda más barato. Esa empresa puede sobrevivir aunque sea ineficiente.

Ahora imaginemos dos empresas sin esa protección.

Una produce a menor costo.

La otra produce a mayor costo.

La primera tiene que competir por el consumidor. La segunda debe mejorar, innovar o desaparecer.

Ese proceso puede ser doloroso, pero es precisamente uno de los mecanismos mediante los cuales el mercado reasigna recursos hacia actividades más productivas.

Cuando el Estado impide que ese proceso ocurra, puede proteger empleos existentes, pero también puede proteger ineficiencias.

Y aquí aparece una palabra fundamental de la economía política: rent-seeking.

La búsqueda de rentas consiste, en términos generales, en utilizar el poder político para obtener beneficios económicos mediante privilegios, protección o regulación, en lugar de obtenerlos principalmente mediante la creación de valor.

Una empresa puede ganar dinero vendiendo mejores productos.

Pero también puede intentar ganar dinero consiguiendo que el gobierno dificulte la entrada de sus competidores.

Ambas cosas generan ingresos.

Solo una depende directamente de satisfacer mejor al consumidor.

Esta distinción debería ocupar un lugar mucho más importante en la educación económica.

Porque una de las formas más sofisticadas de intervención estatal no consiste en nacionalizar empresas. Consiste en crear reglas que favorecen a unos actores sobre otros.

El Estado puede no ser propietario de una empresa y, sin embargo, convertirse en su principal protector.

Puede existir un mercado formalmente privado y, al mismo tiempo, una estructura económica profundamente intervenida.

Eso nos lleva inevitablemente a Colombia.

En Colombia hablamos permanentemente de empresas privadas, pero también hablamos de subsidios, exenciones tributarias, aranceles, contratación pública, créditos subsidiados, controles, permisos, regulaciones, restricciones, tarifas, transferencias y beneficios sectoriales.

Cuando una empresa consigue un contrato estatal, ¿estamos ante una victoria del mercado o ante una asignación política?

Cuando una industria exige un arancel para impedir la competencia extranjera, ¿estamos defendiendo al consumidor o al productor protegido?

Cuando un sector obtiene una exención tributaria que otros no reciben, ¿estamos fomentando la inversión o estamos creando una renta política?

Cuando una empresa sobrevive porque el Estado le garantiza condiciones que sus competidores no tienen, ¿podemos seguir llamando a ese resultado un triunfo del capitalismo?

Estas preguntas no tienen respuestas automáticas.

Pero deben hacerse.

Porque Colombia tiene una tendencia histórica a discutir el capitalismo sin discutir suficientemente las instituciones que determinan cómo funciona el mercado.

Se culpa al empresario por los precios altos, pero se ignoran los costos regulatorios.

Se culpa al comerciante por el precio de los alimentos, pero se olvida la infraestructura.

Se culpa al productor por el precio de los bienes importados, pero se discuten poco los aranceles.

Se culpa al mercado laboral por la informalidad, pero no siempre se consideran los costos de contratación formal.

Se culpa al capitalismo por la desigualdad, pero rara vez se pregunta cuánto de esa desigualdad está relacionado con diferencias educativas, baja productividad, informalidad, corrupción, barreras de entrada o privilegios regulatorios.

No se trata de absolver al empresario.

Hay empresarios corruptos.

Hay monopolios abusivos.

Hay carteles.

Hay evasión tributaria.

Hay explotación laboral.

Hay corrupción privada.

Hay especulación irresponsable.

El mercado no convierte automáticamente a las personas en virtuosas.

Adam Smith nunca sostuvo semejante cosa.

El capitalismo necesita instituciones.

Necesita propiedad privada protegida por la ley, contratos exigibles, competencia, justicia independiente, reglas claras, información y límites frente al fraude y la violencia.

Un mercado sin Estado de derecho puede convertirse en una jungla.

Pero un Estado sin mercado puede convertirse en una burocracia incapaz de generar la riqueza que pretende distribuir.

Ese equilibrio es precisamente el centro del debate.

Y entonces llegamos a 2008.

Aquí el argumento requiere todavía más cuidado porque sería intelectualmente deshonesto convertir la crisis financiera mundial en una simple acusación contra el Estado.

Hubo bancos privados que asumieron riesgos enormes.

Hubo ejecutivos que tomaron decisiones irresponsables.

Hubo inversionistas que subestimaron el riesgo.

Hubo agencias calificadoras que fallaron.

Hubo instrumentos financieros excesivamente complejos.

Hubo un enorme crecimiento del crédito hipotecario de alto riesgo.

La Reserva Federal documenta cómo la expansión de las hipotecas subprime estuvo asociada con un crecimiento acelerado de los precios de la vivienda y con la posterior crisis financiera.

Pero también existían instituciones y políticas públicas profundamente involucradas en el mercado hipotecario estadounidense, incluyendo Fannie Mae y Freddie Mac, además de políticas públicas destinadas a ampliar la propiedad de vivienda.

Por eso la explicación más seria no es “2008 fue culpa del capitalismo”.

Tampoco es “2008 fue culpa exclusiva del gobierno”.

Fue una interacción entre incentivos privados, política monetaria, regulación, ingeniería financiera, decisiones institucionales y comportamiento humano.

Y esa conclusión resulta mucho más incómoda porque destruye la comodidad de las explicaciones ideológicas.

El mercado puede crear incentivos perversos.

El Estado también.

Y cuando ambos interactúan, pueden crear algo todavía más peligroso: incentivos perversos protegidos políticamente.

Ese problema se vuelve particularmente evidente cuando una institución es considerada “demasiado grande para quebrar”.

Si una empresa sabe que el Estado probablemente la rescatará cuando las cosas salgan mal, mientras que sus ganancias permanecen privadas cuando las cosas salen bien, se produce un problema elemental de incentivos.

Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.

Eso no es precisamente la imagen idealizada del capitalismo competitivo.

Es capitalismo mezclado con riesgo moral.

Y el riesgo moral no desaparece porque una empresa sea privada.

De hecho, puede aumentar cuando el Estado garantiza que determinadas empresas no enfrentarán plenamente las consecuencias de sus decisiones.

Aquí aparece otra paradoja.

El Estado interviene para evitar que el mercado sea demasiado riesgoso.

Su intervención crea incentivos que producen más riesgo.

El riesgo aumenta.

El Estado vuelve a intervenir.

Y después alguien concluye que “el capitalismo necesita todavía más Estado”.

La historia puede convertirse así en un círculo.

Pero hay algo aún más profundo.

Cuando una persona escucha que el capitalismo produjo crisis, pobreza o desigualdad, normalmente imagina una estructura perfectamente libre donde empresarios y consumidores actuaron sin restricciones y el resultado fue inevitable.

La historia real casi nunca se parece a eso.

Las economías modernas son sistemas híbridos.

Tienen mercados y gobiernos.

Empresas privadas y empresas públicas.

Bancos centrales.

Impuestos.

Regulación.

Subsidios.

Protecciones.

Transferencias.

Políticas monetarias.

Políticas fiscales.

Instituciones multilaterales.

Sindicatos.

Corporaciones.

Grupos de interés.

Consumidores.

Trabajadores.

Y políticos.

Por eso atribuir cualquier resultado económico al “capitalismo” es tan impreciso como atribuir cualquier enfermedad a “la medicina”.

Hay que preguntar qué medicamento, qué dosis, qué paciente, qué contexto y qué interacción.

Lo mismo ocurre con una economía.

Hay que preguntar qué reglas, qué instituciones, qué incentivos, qué política monetaria, qué estructura tributaria, qué regulación y qué comportamiento privado existían.

La historia económica exige ese nivel de precisión.

Y quizá uno de los mejores ejemplos para comprenderlo sea la inflación.

Durante décadas, los gobiernos han intentado resolver la inflación mediante controles de precios.

Pero la inflación no es simplemente “los empresarios subiendo precios”.

Es un fenómeno macroeconómico complejo en el que intervienen la cantidad de dinero, las expectativas, la demanda agregada, los costos, la política fiscal, la política monetaria y los shocks de oferta.

Cuando el gobierno declara que ningún comerciante puede subir el precio, no necesariamente ha eliminado la causa del aumento de precios.

Puede simplemente haber cambiado la forma en que se manifiesta.

Si el precio oficial de un producto está por debajo del precio al que los productores están dispuestos a venderlo, puede aparecer escasez.

Y cuando aparece escasez, puede surgir un mercado informal donde el producto vuelve a tener un precio determinado por la oferta y la demanda.

El mercado no desapareció.

Simplemente se escondió.

Eso debería enseñarnos algo importante sobre la naturaleza de los incentivos.

Las leyes pueden prohibir determinados comportamientos.

Pero no pueden eliminar las preferencias humanas, la escasez de recursos ni la necesidad de elegir.

La economía existe precisamente porque los recursos son escasos y los deseos humanos son múltiples.

No existe política pública capaz de abolir esa realidad.

Y aquí llegamos a una de las frases más importantes de esta reflexión: el Estado no produce riqueza simplemente porque tenga la capacidad legal de cobrar impuestos.

Puede recaudar.

Puede redistribuir.

Puede regular.

Puede gastar.

Puede endeudarse.

Puede emitir moneda, dependiendo de su institucionalidad.

Pero para financiarse de manera sostenible necesita una economía capaz de producir.

Antes de que exista el impuesto existe la actividad económica.

Antes de que exista la recaudación existe una empresa que vende, un trabajador que produce, un consumidor que compra, un agricultor que cultiva, un profesional que presta un servicio.

La riqueza privada no es simplemente el enemigo del Estado.

Es también una de sus principales fuentes de financiación.

Un empresario que obtiene una utilidad paga impuestos.

Un trabajador que recibe un salario paga impuestos directa o indirectamente.

Una empresa que vende consume servicios, compra insumos, contrata personas y genera actividad económica.

El Estado obtiene recursos de ese circuito.

Por eso existe una paradoja que debería ser mucho más evidente en el debate público: cuando un gobierno destruye los incentivos para invertir, producir y contratar, puede terminar debilitando la misma base económica que necesita para financiar sus políticas sociales.

El Estado necesita recursos.

Los recursos necesitan una economía productiva.

Y una economía productiva necesita incentivos.

No es una defensa moral del empresario.

Es una relación económica.

Por eso la discusión de “qué fue primero, la gallina o el huevo” entre capitalismo e impuestos pierde sentido cuando se observa la secuencia productiva.

El Estado puede crear las condiciones institucionales para que exista actividad económica.

Pero los impuestos no producen automáticamente la riqueza que gravan.

La recaudación necesita una base tributaria.

Y la base tributaria necesita actividad económica.

Esto no significa que el Estado sea innecesario.

Significa exactamente lo contrario: significa que su función debe ser suficientemente importante como para proteger las condiciones que permiten que la actividad económica prospere, pero suficientemente limitada como para no destruirlas.

Aquí Hayek vuelve a resultar relevante.

El problema no es solamente cuánto poder tiene el Estado.

También es cuánto conocimiento cree tener.

Un funcionario puede saber que una familia necesita vivienda.

Puede saber que un producto está caro.

Puede saber que determinada industria necesita apoyo.

Puede incluso tener buenas intenciones.

Pero saber que existe un problema no significa saber cómo resolverlo sin crear otros.

La economía está compuesta por millones de relaciones.

Una regulación diseñada para beneficiar a un sector puede perjudicar a otro.

Un subsidio diseñado para ayudar al consumidor puede reducir los incentivos del productor.

Un impuesto diseñado para gravar al rico puede reducir la inversión.

Un aumento del salario mínimo puede beneficiar a quienes conservan su empleo, pero también puede dificultar la contratación de trabajadores de baja productividad.

Una política proteccionista puede salvar una fábrica y aumentar el precio para millones de consumidores.

Nada de esto significa que esas políticas sean siempre malas.

Significa que tienen costos de oportunidad.

Y una sociedad madura debería ser capaz de discutirlos.

Milton Friedman insistió durante décadas en la importancia de los incentivos. Ludwig von Mises cuestionó la capacidad de una economía planificada para coordinar eficientemente los recursos cuando no existen precios genuinos que reflejen escasez y preferencias. Hayek profundizó el problema del conocimiento disperso. Keynes, desde una posición diferente, mostró que los mercados pueden atravesar períodos de desempleo y desequilibrio en los que la intervención macroeconómica puede tener una función estabilizadora.

Y aquí está precisamente la razón por la que este debate no debería convertirse en una religión.

Keynes no demostró que el Estado deba administrar toda la economía.

Mises no demostró que todo gobierno sea económicamente inútil.

Hayek no defendió la desaparición absoluta del Estado.

Friedman no sostuvo que los mercados fueran infalibles.

Los grandes economistas discutieron mecanismos, incentivos e instituciones.

Somos nosotros quienes muchas veces convertimos sus teorías en consignas.

Y quizás el verdadero fracaso no sea el del capitalismo.

Quizás el fracaso sea nuestra incapacidad para distinguir entre capitalismo, corporativismo, mercantilismo, socialdemocracia, economía mixta, planificación estatal, monopolios protegidos y mercados competitivos.

Llamarlo todo “capitalismo” simplifica el debate hasta volverlo inútil.

Porque entonces una empresa protegida por el Estado es capitalismo.

Un banco rescatado por el Estado es capitalismo.

Una industria subsidiada es capitalismo.

Un mercado sometido a controles de precios es capitalismo.

Una economía con barreras comerciales es capitalismo.

Una economía con empresas estatales dominantes es capitalismo.

Y finalmente, cuando algo sale mal, decimos:

“El capitalismo fracasó”.

Tal vez deberíamos tener el valor intelectual de preguntar qué sistema estaba funcionando realmente.

Colombia tiene una oportunidad enorme en esta discusión.

No necesitamos elegir entre un Estado ausente y un Estado omnipresente.

Necesitamos preguntarnos qué Estado necesitamos para que exista una economía capaz de generar oportunidades.

Un Estado que garantice seguridad jurídica.

Que combata la corrupción.

Que proteja la propiedad.

Que haga cumplir contratos.

Que castigue el fraude.

Que evite monopolios y carteles.

Que proporcione bienes públicos que realmente sean bienes públicos.

Que invierta en educación de calidad.

Que construya infraestructura cuando el mercado no tenga incentivos suficientes para hacerlo.

Que mantenga unas reglas fiscales sostenibles.

Que tenga una política monetaria creíble.

Pero también un Estado capaz de reconocer sus propios límites.

Porque existe una diferencia enorme entre regular el mercado y reemplazarlo.

Regular significa establecer las reglas del juego.

Reemplazar significa decidir quién juega, cuánto produce, a qué precio vende y quién recibe el beneficio.

La primera función puede ser necesaria.

La segunda puede convertirse rápidamente en un problema de conocimiento, incentivos y poder.

Y cuando el poder económico y el poder político se concentran demasiado, aparece una amenaza que muchas veces es ignorada por ambos extremos ideológicos: el capitalismo puede convertirse en capitalismo de amigos y el Estado puede convertirse en instrumento de grupos de interés.

Entonces ya no gana necesariamente quien produce mejor.

Puede ganar quien regula mejor políticamente.

Puede ganar quien consigue el contrato.

Quien obtiene la exención.

Quien consigue el arancel.

Quien logra el subsidio.

Quien tiene acceso privilegiado al funcionario.

Y cuando eso ocurre, la competencia deja de desarrollarse principalmente en el mercado y empieza a desarrollarse en los pasillos del poder.

Eso no es prosperidad.

Eso es captura institucional.

Por eso la pregunta “¿el capitalismo fracasó?” debería incomodarnos.

Porque quizá la respuesta más honesta sea:

Sí, el capitalismo puede fracasar.

Pero también puede fracasar el Estado.

Puede fracasar la regulación.

Puede fracasar la política monetaria.

Puede fracasar el gasto público.

Puede fracasar la planificación.

Puede fracasar el mercado.

La diferencia está en no convertir un fracaso particular en una sentencia universal.

El capitalismo no es una criatura perfecta.

No posee conciencia.

No tiene moral.

No toma decisiones.

Es un sistema institucional basado fundamentalmente en propiedad privada, intercambio, precios, competencia y acumulación de capital.

Las personas que participan en él pueden ser honestas o corruptas, productivas o improductivas, innovadoras o irresponsables.

Por eso el debate serio no consiste en preguntar si el capitalismo es bueno o malo.

Consiste en preguntar qué instituciones permiten que sus mecanismos de coordinación produzcan mayor prosperidad y cuáles hacen que los incentivos privados se transformen en costos sociales.

La historia ofrece suficientes ejemplos para desconfiar de las respuestas absolutas.

La Gran Depresión nos recuerda que las políticas monetarias y comerciales pueden convertir una crisis severa en una catástrofe.

Los controles de precios de los años setenta muestran que un gobierno puede intentar eliminar la inflación mediante decretos y terminar agravando las distorsiones.

La experiencia latinoamericana de sustitución de importaciones demuestra que proteger una industria puede ayudarla a nacer, pero también puede impedirle aprender a competir.

La crisis de deuda latinoamericana demuestra que el endeudamiento público y las políticas económicas insostenibles pueden terminar cobrando una factura enorme.

La crisis de 2008 demuestra que los mercados financieros pueden cometer errores monumentales, pero también que los incentivos públicos, la regulación y la política monetaria forman parte inseparable del análisis.

Y todo esto conduce a una conclusión que quizá resulte menos espectacular que decir “el capitalismo fracasó”, pero es mucho más poderosa:

no podemos juzgar un sistema económico sin estudiar las reglas bajo las cuales funcionó.

Si un gobierno interviene un mercado y después el mercado produce un resultado indeseable, debemos estudiar la intervención.

Si una empresa abusa de su posición dominante, debemos estudiar la competencia.

Si un banco asume riesgos excesivos, debemos estudiar los incentivos.

Si una política pública produce escasez, debemos estudiar el mecanismo de precios.

Si un subsidio genera dependencia, debemos estudiar los incentivos.

Si un impuesto reduce la inversión, debemos estudiar su incidencia.

Si una regulación aumenta los costos de entrada y expulsa pequeños empresarios hacia la informalidad, debemos estudiar sus efectos.

Eso no es defender al capitalismo.

Eso es defender la economía como disciplina.

Y quizá ahí se encuentre la verdadera provocación de este título.

“El capitalismo fracasó”.

Tal vez.

Pero antes de condenarlo, habría que hacer algo que rara vez hacemos: reconstruir la escena del crimen.

Preguntar qué ocurrió.

Quién tomó las decisiones.

Qué incentivos existían.

Qué regulaciones estaban vigentes.

Qué política monetaria se aplicaba.

Qué impuestos existían.

Qué subsidios se otorgaban.

Qué empresas estaban protegidas.

Qué mercados estaban abiertos.

Qué mercados estaban cerrados.

Y, sobre todo, qué habría ocurrido si las reglas hubieran sido diferentes.

Porque si no hacemos esas preguntas, corremos el riesgo de cometer uno de los errores más costosos de la historia económica: confundir el fracaso de una política con el fracaso de un sistema.

Y cuando una sociedad comete ese error, puede terminar utilizando al Estado para solucionar problemas que el propio Estado ayudó a crear.

Puede imponer más controles para corregir los efectos de otros controles.

Crear más subsidios para compensar los efectos de otros subsidios.

Imponer más impuestos para financiar una burocracia que nació para administrar regulaciones anteriores.

Proteger industrias que necesitan protección precisamente porque dejaron de ser competitivas.

Y finalmente, después de todo ese proceso, mirar los resultados y volver a decir:

“El capitalismo fracasó”.

Quizá la pregunta que deberíamos hacernos sea mucho más incómoda:

¿cuántas veces hemos llamado fracaso del capitalismo a lo que en realidad fue fracaso de nuestras propias decisiones políticas?

No porque el mercado sea perfecto.

No porque los empresarios sean santos.

No porque el Estado sea siempre el enemigo.

Sino porque la prosperidad exige algo más difícil que escoger una ideología.

Exige comprender los incentivos.

Exige reconocer los límites del conocimiento.

Exige aceptar que toda decisión económica tiene un costo.

Y exige recordar una verdad sencilla que a veces olvidamos en medio de las grandes discusiones políticas:

antes de distribuir riqueza, alguien tiene que crearla.

La pregunta verdaderamente importante para Colombia y para cualquier sociedad no debería ser quién tiene derecho a repartir la riqueza.

Debería ser cómo construimos las instituciones que permitan crearla, multiplicarla y convertirla en oportunidades para la mayor cantidad posible de personas.

Porque una sociedad puede sobrevivir durante algún tiempo distribuyendo lo que tiene.

Pero solamente puede prosperar de manera sostenible cuando aprende a producir más de lo que tenía ayer.

Y si el capitalismo alguna vez fracasa, tendremos que demostrarlo.

Pero también tendremos que demostrar que aquello que llamamos capitalismo era realmente capitalismo.

De lo contrario, quizá no estemos juzgando al sistema.

Quizá simplemente estemos juzgando las consecuencias de haberlo intervenido hasta hacerlo irreconocible.