Sin empresarios no hay Estado

Existe una idea profundamente arraigada en buena parte de la cultura política colombiana: creer que el político es el protagonista del desarrollo de un país. Basta recorrer las plazas de nuestras ciudades para encontrar estatuas de presidentes, generales, gobernadores, alcaldes o caudillos. Son pocos, en cambio, los monumentos dedicados a quienes construyeron industrias, levantaron empresas, desarrollaron tecnologías, abrieron mercados o generaron millones de empleos. Pareciera que la historia quisiera convencernos de que la prosperidad nace en los palacios de gobierno y no en los talleres, las fábricas, el comercio o el campo. Sin embargo, la realidad económica cuenta una historia muy distinta.

No se trata de caer en una discusión simplista sobre si el empresario es más importante que el político o viceversa. Esa es una falsa dicotomía. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿quién produce primero la riqueza que luego administra el Estado? La respuesta no admite demasiadas interpretaciones. Antes de que exista un solo peso para financiar hospitales, carreteras, universidades, subsidios, jueces, policías o ministerios, alguien tuvo que producir ese peso. Alguien tuvo que invertir su capital, asumir riesgos, contratar trabajadores, innovar, competir y generar valor. Sin esa etapa inicial de creación de riqueza, simplemente no existiría nada que recaudar.

Esta parece una afirmación elemental, pero en Colombia suele olvidarse con demasiada facilidad. El debate público gira casi exclusivamente alrededor de cuánto debe gastar el Estado, qué nuevos programas sociales debe crear, qué subsidios debe ampliar o qué nuevas obligaciones debe asumir el Gobierno. Mucho menos frecuente es preguntarse quién va a financiar todo eso dentro de cinco, diez o veinte años. Como si los recursos aparecieran espontáneamente por decreto o como si el dinero público tuviera un origen distinto al esfuerzo privado.

Jean-Jacques Rousseau sostenía que el ciudadano paga impuestos como parte del costo de vivir en sociedad. Su planteamiento sigue teniendo plena vigencia porque ninguna sociedad moderna puede funcionar sin instituciones financiadas colectivamente. La justicia, la defensa nacional, la infraestructura básica y el mantenimiento del orden requieren recursos permanentes. Pero aceptar ese principio no significa aceptar cualquier nivel de tributación ni cualquier forma de intervención estatal. La pregunta moral continúa siendo válida: ¿hasta qué punto es legítimo que el Estado siga apropiándose de una proporción creciente del fruto del trabajo de las personas?

Esta discusión ha acompañado a la filosofía política durante siglos. John Locke sostenía que el derecho de propiedad nace precisamente del trabajo humano y que la función principal del Estado consiste en protegerlo, no en absorberlo. Adam Smith advertía que los impuestos debían ser proporcionales, previsibles y no tan elevados que terminaran desincentivando la producción. Friedrich Hayek insistía en que ningún gobierno posee suficiente información para reemplazar las decisiones descentralizadas de millones de individuos. Milton Friedman resumía el problema con una frase que hoy conserva enorme vigencia: "Nadie gasta el dinero ajeno con el mismo cuidado con que gasta el propio".

Lejos de ser un debate exclusivamente ideológico, la evidencia económica ofrece argumentos difíciles de ignorar. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE coinciden desde hace años en que la calidad institucional, la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la productividad son factores mucho más determinantes para el crecimiento que el simple aumento de la presión tributaria. Ningún país se ha vuelto rico aumentando indefinidamente los impuestos sobre una economía estancada. Primero crece la producción; después crece naturalmente el recaudo.

Colombia parece haber recorrido el camino inverso durante buena parte de las últimas décadas. Según cifras de la DIAN y diversos estudios de Fedesarrollo, el país ha aprobado numerosas reformas tributarias en relativamente pocos años. Cada gobierno promete que la última reforma solucionará el déficit fiscal, pero pocos años después aparece otra nueva reforma con el mismo argumento. El problema no desaparece porque rara vez se ataca la verdadera raíz del asunto: la baja productividad, la enorme informalidad laboral, la inseguridad jurídica, la excesiva burocracia y las dificultades para emprender.

Mientras tanto, miles de pequeños empresarios enfrentan una realidad muy distinta a la que suele imaginarse desde los escritorios oficiales. Quien decide abrir un negocio en Colombia debe asumir costos laborales elevados, cargas parafiscales, múltiples obligaciones tributarias, trámites administrativos, regulaciones cambiantes, inspecciones permanentes y, en muchas regiones, incluso problemas de inseguridad física y extorsión. Aun así, se espera que siga invirtiendo, contratando personal y expandiendo su empresa. Muchos lo hacen. Otros simplemente desisten.

Aquí aparece una contradicción que rara vez ocupa el centro del debate político. Cuando una empresa obtiene utilidades, con frecuencia es presentada como sospechosa de explotación. Pero cuando esa misma empresa cierra, desaparecen los empleos, disminuye el recaudo tributario y aumenta la demanda de subsidios estatales. El mismo Estado que antes veía al empresario con desconfianza termina necesitando desesperadamente que existan más empresarios.

La historia económica demuestra que las sociedades más prósperas no son aquellas donde el Estado concentra mayor cantidad de recursos, sino aquellas donde existen condiciones para que florezcan millones de iniciativas privadas. Corea del Sur, Singapur, Irlanda, Estonia o Suiza construyeron buena parte de su prosperidad fortaleciendo la inversión, protegiendo los derechos de propiedad, reduciendo obstáculos burocráticos y promoviendo la innovación. Ninguno de estos países alcanzó altos niveles de bienestar castigando sistemáticamente la creación de riqueza.

Por supuesto, existen quienes defienden una visión distinta. Economistas como Joseph Stiglitz o Mariana Mazzucato argumentan que el Estado puede desempeñar un papel activo en la innovación, la investigación científica y la reducción de desigualdades. Sus planteamientos merecen consideración porque recuerdan que el mercado tampoco resuelve automáticamente todos los problemas sociales. Sin embargo, incluso estos autores parten de un supuesto básico: el Estado necesita una economía dinámica que produzca los recursos con los cuales financiar sus intervenciones. Ningún programa público puede sostenerse indefinidamente sobre una base productiva debilitada.

Esta realidad suele pasar desapercibida porque la política recompensa más el corto plazo que la construcción paciente de riqueza. Es mucho más rentable electoralmente inaugurar subsidios que explicar cómo aumentar la productividad. Resulta más sencillo prometer nuevas ayudas que promover reformas educativas, flexibilización regulatoria o mejoras institucionales cuyos resultados tardan años en consolidarse.

Y es precisamente la educación uno de los puntos más preocupantes. Colombia continúa presentando importantes rezagos en formación económica básica. Las pruebas PISA han mostrado durante años dificultades en competencias matemáticas, comprensión lectora y resolución de problemas. Pero más allá de esos indicadores existe otra carencia menos visible: gran parte de la población desconoce conceptos fundamentales como productividad, capital, inversión, inflación, costo de oportunidad o incentivos económicos. Esa ausencia facilita que prosperen discursos donde la riqueza parece una fuente inagotable que simplemente debe repartirse mejor, ignorando que antes alguien tuvo que crearla.

El economista Thomas Sowell suele advertir que muchas políticas públicas fracasan porque ignoran los incentivos. Las personas responden a las reglas del juego. Si producir se vuelve demasiado costoso, producirán menos. Si invertir resulta excesivamente riesgoso, invertirán menos. Si contratar trabajadores implica cargas crecientes, contratarán menos. Ninguna ley puede eliminar estas respuestas humanas básicas.

Algo similar ocurre con el recaudo tributario. La denominada Curva de Laffer, desarrollada por Arthur Laffer, plantea que aumentar indefinidamente las tasas impositivas no garantiza mayores ingresos fiscales. Llega un punto en el cual las personas modifican su comportamiento: reducen inversiones, trasladan capitales, aumentan la evasión o simplemente dejan de producir. Aunque la ubicación exacta de ese punto es objeto de debate académico, el principio general ha sido ampliamente estudiado dentro de la economía tributaria.

Colombia enfrenta además un desafío adicional: cerca de la mitad de su fuerza laboral permanece en la informalidad, según cifras recientes del DANE. Esto significa millones de personas que trabajan sin protección social completa, con baja productividad y fuera de buena parte del sistema tributario formal. Pretender resolver ese problema aumentando la carga sobre quienes ya cumplen con todas las obligaciones puede terminar profundizando el desequilibrio.

En este contexto resulta inevitable volver a la pregunta inicial. ¿Es más importante el político o el empresario? Quizá la pregunta esté mal formulada. Una sociedad necesita ambos. Necesita empresarios que produzcan riqueza y necesita instituciones que garanticen reglas claras, seguridad, justicia y estabilidad. Pero conviene recordar el orden lógico de los acontecimientos. Primero alguien produce. Después el Estado recauda. Nunca ocurre al revés.

Cuando los gobiernos olvidan esta secuencia elemental aparecen las crisis fiscales, el estancamiento económico y la frustración social. Cuando los ciudadanos también la olvidan, comienzan a creer que toda necesidad puede resolverse mediante una nueva ley, un nuevo ministerio o un nuevo impuesto. La experiencia internacional demuestra que no funciona así.

Quizá por eso las estatuas también cuentan historias. Recordamos con facilidad a quienes firmaron decretos, pronunciaron discursos o ocuparon cargos públicos. Mucho menos a quienes levantaron empresas desde cero, desarrollaron industrias enteras o generaron cientos de miles de empleos. Sin embargo, son estos últimos quienes, silenciosamente, hacen posible que el Estado exista tal como lo conocemos.

Porque el presupuesto nacional no nace en el Congreso. No se imprime en los ministerios. No aparece en los discursos presidenciales. Nace cada mañana cuando un agricultor siembra, cuando un comerciante abre su negocio, cuando un ingeniero diseña una solución, cuando un emprendedor arriesga sus ahorros, cuando una fábrica produce, cuando un transportador mueve mercancías y cuando millones de colombianos salen a trabajar.

Ese es el verdadero origen de la riqueza colectiva. Todo lo demás, incluida la política, depende de que ese proceso continúe ocurriendo. Olvidarlo no solo es un error económico. Es, probablemente, uno de los mayores errores culturales que Colombia sigue cometiendo en pleno siglo XXI.