Las ovejas descarriadas

Hubo una época en la que las portadas de los periódicos estaban dominadas por un tema que estremeció la conciencia del mundo: los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. Durante años, la explicación institucional se repitió con una consistencia casi perfecta. Se hablaba de "ovejas descarriadas", de sacerdotes que habían traicionado los principios de la Iglesia, de individuos que actuaban por cuenta propia y cuya conducta no podía confundirse con la esencia de una institución de más de dos mil años de historia.

Aquella respuesta abrió un debate profundo que trascendía la religión. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una organización cuando sus miembros delinquen? ¿En qué momento deja de ser un problema de individuos aislados para convertirse en un problema de liderazgo, de cultura institucional o de mecanismos de control? El mundo comprendió que una institución no puede ser condenada únicamente por las acciones de uno de sus integrantes, pero también entendió que cuando los escándalos se repiten una y otra vez, la pregunta deja de ser quién cometió el delito y pasa a ser por qué nadie lo detectó, quién lo permitió, quién lo encubrió o quién falló en impedirlo.

Esa reflexión vuelve a mi mente cada vez que observo los múltiples escándalos que han rodeado al gobierno de Gustavo Petro. No porque ambas realidades sean equivalentes, ni porque puedan compararse en su naturaleza, sino porque el patrón discursivo parece sorprendentemente parecido. Frente a cada nueva polémica, la explicación suele ser la misma: fue un funcionario, un asesor, un ministro, un director de entidad, un contratista o un intermediario. Siempre parece existir una nueva "oveja descarriada".

Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas ovejas descarriadas necesita un rebaño antes de que alguien empiece a preguntarse por el pastor?

La ciencia política lleva décadas diferenciando dos conceptos que con frecuencia se confunden deliberadamente: la responsabilidad penal y la responsabilidad política. La primera exige pruebas, debido proceso y decisiones judiciales. La segunda exige liderazgo, capacidad de supervisión y responsabilidad por el funcionamiento de la administración. Max Weber advertía que gobernar implica asumir una ética de la responsabilidad, donde el dirigente no solo responde por sus intenciones sino también por las consecuencias de quienes actúan bajo su autoridad.

Esa diferencia resulta fundamental para comprender el momento que vive Colombia. Hasta hoy no existe una sentencia que atribuya responsabilidad penal al presidente Gustavo Petro por los distintos escándalos de corrupción que han golpeado a su administración. Ese hecho debe reconocerse con claridad. Pero también es legítimo preguntar si la acumulación de investigaciones, renuncias, denuncias cruzadas y presuntos actos de corrupción refleja únicamente una sucesión de errores individuales o evidencia un problema más profundo de dirección política y control institucional.

El escándalo de la UNGRD marcó un antes y un después. Lo que comenzó como una investigación sobre sobrecostos en la compra de carrotanques terminó revelando una compleja red de presuntos sobornos, contratos direccionados y compra de apoyos políticos. La Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría han abierto múltiples investigaciones que involucran a exdirectivos y funcionarios de diferentes niveles. Cada semana aparecía un nuevo nombre, una nueva declaración, un nuevo chat, una nueva versión.

Sin embargo, la narrativa oficial mantuvo una constante: cada implicado parecía actuar por cuenta propia.

Más recientemente, las declaraciones de Angie Rodríguez añadieron un nuevo ingrediente al debate nacional. La exdirectora del DAPRE y posteriormente gerente del Fondo Adaptación aseguró haber encontrado presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y denunció presiones para autorizar decisiones que, según su versión, consideraba inconvenientes. Sus afirmaciones aún deben ser plenamente esclarecidas por las autoridades competentes, pero el episodio adquirió una dimensión política cuando el presidente respondió cuestionando públicamente su estado de salud mental y anunciando su salida del Gobierno. Más allá de la discusión jurídica, el mensaje dejó una sensación incómoda: quien denuncia termina convertido en el centro del debate, mientras las denuncias mismas pasan a un segundo plano.

No sería la primera vez que ocurre algo semejante en la historia política. Hannah Arendt sostenía que las organizaciones tienden a proteger su propia estabilidad incluso cuando ello implica desplazar la responsabilidad hacia individuos específicos. Las burocracias, decía, desarrollan mecanismos de autopreservación extraordinariamente eficaces. No importa si se trata de gobiernos, empresas, partidos políticos o instituciones religiosas; la lógica suele repetirse.

Quizá por eso resulta tan llamativo que, después de tantos escándalos, el relato continúe siendo exactamente el mismo. Siempre aparece un nuevo responsable individual, un nuevo funcionario que habría actuado solo, una nueva explicación que desconecta el hecho del funcionamiento general de la administración.

Karl Popper advertía que las democracias no deben preguntarse únicamente quién gobierna, sino cómo controlar a quienes gobiernan. Esa idea resulta especialmente pertinente hoy. El verdadero problema de una democracia no consiste en que existan funcionarios corruptos; ninguna administración del mundo está completamente libre de ellos. El problema aparece cuando los mecanismos de control fallan repetidamente, cuando las alertas internas no funcionan, cuando quienes denuncian aseguran sentirse presionados y cuando la respuesta institucional consiste únicamente en cambiar nombres sin revisar estructuras.

Existe además un elemento profundamente humano que ayuda a explicar por qué este tipo de narrativas suelen funcionar. La psicología social ha estudiado durante décadas el llamado sesgo de atribución. Tendemos a explicar los errores propios como accidentes y los errores ajenos como rasgos permanentes. Las organizaciones hacen algo parecido. Los éxitos siempre pertenecen al liderazgo; los fracasos pertenecen al subordinado. Si la economía mejora, es gracias al gobierno. Si un funcionario incurre en corrupción, actuó solo.

Sin embargo, administrar un Estado significa precisamente seleccionar personas, construir equipos y establecer controles. Peter Drucker repetía que la cultura de una organización termina devorando cualquier estrategia. Si una institución acumula reiteradamente problemas similares, la discusión deja de concentrarse exclusivamente en quienes ejecutaron los actos y comienza a examinar el entorno que permitió que ocurrieran.

Esto no significa desconocer la presunción de inocencia ni convertir las sospechas en condenas anticipadas. Sería un error tan grave como el que se pretende criticar. El Estado de derecho exige pruebas y sentencias. Pero también exige ciudadanos capaces de formular preguntas incómodas.

Porque una democracia madura no solo castiga delitos; también evalúa liderazgos.

La historia demuestra que los grandes escándalos institucionales casi nunca empiezan con una conspiración gigantesca. Comienzan con pequeños actos tolerados, con controles debilitados, con lealtades personales que sustituyen los controles técnicos, con nombramientos basados en afinidades políticas antes que en méritos y con una cultura donde la cercanía al poder termina confundiendo la confianza con la impunidad.

Por eso la verdadera discusión no debería reducirse a determinar cuántos funcionarios terminarán respondiendo ante la justicia. La pregunta realmente importante es otra: ¿qué tipo de cultura administrativa permitió que tantos episodios diferentes surgieran dentro del mismo gobierno?

Quizá la respuesta llegue algún día mediante sentencias judiciales, investigaciones o comisiones de control. O quizá nunca llegue de manera definitiva. Pero mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a exigir algo más que la repetición del mismo libreto.

Porque cuando los escándalos se vuelven frecuentes, cuando las explicaciones siempre apuntan hacia un subordinado distinto y cuando la responsabilidad política parece diluirse entre decenas de nombres propios, deja de ser suficiente hablar de "casos aislados". En ese momento, la discusión ya no gira únicamente alrededor de las ovejas descarriadas. Empieza, inevitablemente, a dirigirse hacia quienes tenían la responsabilidad de cuidar el rebaño.