La mejor versión de Colombia

Hay una idea que suele incomodar porque rompe con uno de los discursos políticos más populares de nuestro tiempo: un país no se vuelve próspero porque reparta más, sino porque primero produce más. Parece una afirmación obvia, casi de sentido común, pero basta observar el debate público colombiano para descubrir que, con demasiada frecuencia, la discusión gira alrededor de cómo distribuir una riqueza que todavía no hemos creado. Hablamos de subsidios antes que de productividad, de derechos antes que de responsabilidades, de gasto antes que de crecimiento, de consumo antes que de inversión. Es como si una familia discutiera cómo repartir un salario que aún no ha recibido.

Durante décadas, Colombia ha vivido atrapada en esa contradicción. Cada campaña electoral promete beneficios, transferencias, ayudas, nuevos programas y más presencia del Estado. Muy pocos hablan con la misma intensidad de cómo lograr que el colombiano produzca más, emprenda más, ahorre más, innove más y genere mayor valor agregado. La consecuencia es visible: el debate político se concentra en repartir el pastel mientras el tamaño del pastel apenas crece.

No se trata de negar el papel del Estado. Ninguna sociedad moderna puede prescindir de instituciones que garanticen seguridad, justicia, infraestructura, educación básica y reglas claras. El verdadero interrogante es otro: ¿en qué momento el Estado dejó de ser un árbitro para convertirse, en muchos casos, en el protagonista absoluto de la economía? ¿Cuándo comenzamos a creer que la prosperidad nace de un decreto y no del esfuerzo de millones de personas tomando decisiones libres?

Esta pregunta cobra especial importancia cuando se observa la evolución reciente de Colombia. Nuestro país ha demostrado que puede crecer. Entre mediados de la década del 2000 y los años previos a 2014 registró algunos de los mejores indicadores económicos de su historia reciente. La inversión extranjera alcanzó máximos históricos, la pobreza disminuyó de forma significativa, el desempleo descendió, el ingreso per cápita aumentó y la clase media se expandió. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL documentaron ese proceso como uno de los ciclos de mayor dinamismo económico de América Latina.

Aquellos años no fueron perfectos. Persistían enormes problemas de corrupción, desigualdad, informalidad y violencia. Sin embargo, existía una sensación distinta. El colombiano promedio veía posible progresar. Abrir un negocio parecía una apuesta razonable. Comprar vivienda era un proyecto alcanzable. Conseguir empleo formal no era una excepción. Había expectativas positivas sobre el futuro.

Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió para que esa confianza comenzara a deteriorarse?

La respuesta no puede reducirse a un solo gobierno ni a un único acontecimiento. Colombia arrastra problemas estructurales desde hace décadas. La baja productividad, la informalidad laboral, la deficiente calidad educativa, la excesiva burocracia y la corrupción han limitado nuestro potencial mucho antes de las discusiones políticas actuales. Sin embargo, durante los últimos años esos obstáculos se han combinado con una creciente incertidumbre institucional que ha debilitado uno de los activos más importantes para cualquier economía: la confianza.

La confianza es un concepto poco visible, pero determina casi todo. Un empresario invierte porque confía. Un banco presta dinero porque confía. Una familia compra vivienda porque confía. Un joven estudia una carrera porque confía en que tendrá oportunidades. Cuando esa confianza desaparece, el dinero deja de circular hacia proyectos productivos y busca refugio en activos menos riesgosos. La economía comienza a desacelerarse incluso antes de que aparezcan los primeros indicadores negativos.

El economista Friedrich Hayek advertía que ningún gobierno posee suficiente información para reemplazar las decisiones descentralizadas de millones de ciudadanos. Ludwig von Mises insistía en que el mercado no es un sistema perfecto, pero sí el mecanismo más eficiente conocido para coordinar recursos escasos mediante información dispersa. Milton Friedman resumía la idea con una frase que sigue vigente: nadie gasta con el mismo cuidado el dinero ajeno como el propio.

No son afirmaciones ideológicas vacías. Son observaciones respaldadas por décadas de evidencia económica. Los países que han logrado altos niveles de desarrollo suelen compartir elementos comunes: respeto por la propiedad privada, seguridad jurídica, instituciones relativamente sólidas, apertura comercial, competencia, estabilidad macroeconómica y una elevada productividad.

Aquí aparece uno de los mayores malentendidos del debate latinoamericano. Con frecuencia se afirma que los países nórdicos son un ejemplo del éxito del socialismo. Sin embargo, esa descripción resulta imprecisa. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia poseen amplios Estados de bienestar, pero también ocupan posiciones destacadas en múltiples índices internacionales de libertad económica, facilidad para hacer negocios, protección de la propiedad privada, innovación y competitividad. Noruega, además, ha construido buena parte de su riqueza aprovechando la explotación responsable de sus recursos petroleros, combinando inversión privada, disciplina fiscal y reglas claras. No repartieron riqueza para hacerse ricos; primero generaron riqueza y después pudieron financiar un amplio sistema de protección social.

La diferencia parece sutil, pero cambia completamente la lógica del desarrollo. No es el gasto público el que crea riqueza; es la riqueza la que hace posible financiar un gasto público sostenible.

Colombia, por el contrario, ha caído repetidamente en la tentación de invertir esa ecuación. Cada vez que la economía desacelera, aparecen propuestas para ampliar subsidios, crear nuevas entidades, aumentar regulaciones o incrementar impuestos sobre quienes producen. Pocas veces se discute cómo hacer que producir sea más fácil.

Las cifras ayudan a entender el problema. La productividad laboral colombiana continúa siendo considerablemente inferior a la de los países miembros de la OCDE. Cerca de la mitad de los trabajadores permanece en la informalidad. Millones de pequeñas empresas dedican más tiempo a cumplir requisitos administrativos que a innovar. La educación aún presenta enormes brechas en matemáticas, lectura, ciencias y bilingüismo, como muestran las pruebas PISA. La corrupción sigue costando miles de millones de pesos cada año, recursos que podrían convertirse en carreteras, hospitales o escuelas.

Cada uno de esos problemas representa un impuesto invisible sobre el talento colombiano.

Un joven emprendedor que tarda meses en formalizar una empresa pierde tiempo que podría dedicar a crear empleo. Un agricultor que enfrenta carreteras deficientes pierde competitividad antes de vender su primera cosecha. Un inversionista que percibe incertidumbre regulatoria simplemente lleva su capital a otro país. Ninguno de esos casos suele aparecer en los discursos políticos, pero todos afectan el crecimiento.

El economista peruano Hernando de Soto explicó hace décadas que gran parte de la pobreza en América Latina no proviene de la ausencia de riqueza, sino de instituciones incapaces de convertir el esfuerzo de las personas en capital productivo. Millones trabajan, producen y crean valor, pero permanecen atrapados en la informalidad porque el sistema hace demasiado costoso formalizarse.

Colombia ofrece ejemplos cotidianos de esa realidad. El vendedor ambulante que trabaja doce horas diarias no es necesariamente improductivo; muchas veces es víctima de un entorno que le dificulta crecer. El pequeño comerciante no evita formalizarse porque rechace pagar impuestos; frecuentemente lo hace porque los costos regulatorios superan los beneficios. El empresario que posterga una inversión no siempre busca mayores ganancias; muchas veces busca reducir riesgos frente a reglas cambiantes.

Mientras tanto, el debate público continúa polarizado entre quienes consideran que todos los problemas se resuelven con más Estado y quienes creen que basta con reducirlo. La realidad es más compleja. El verdadero desafío consiste en construir un Estado que haga pocas cosas, pero que las haga extraordinariamente bien: garantizar seguridad, justicia, infraestructura, educación de calidad y reglas estables.

James Robinson y Daron Acemoglu, premios Nobel y autores de investigaciones ampliamente reconocidas sobre desarrollo económico, sostienen que las naciones prosperan cuando cuentan con instituciones inclusivas que protegen los derechos de propiedad, limitan el poder arbitrario y generan incentivos para invertir e innovar. No defienden un Estado ausente, sino instituciones eficaces que permitan que el talento florezca.

Ese punto resulta fundamental porque la discusión no debería enfrentar mercado contra Estado, sino instituciones eficientes contra instituciones ineficientes.

La mejor versión del colombiano probablemente no sea una persona que espera permanentemente la ayuda gubernamental, pero tampoco alguien completamente abandonado por el Estado. La mejor versión surge cuando el ciudadano sabe que su esfuerzo tendrá recompensa porque existen reglas claras, justicia independiente, seguridad jurídica y oportunidades reales para progresar.

Existe además un componente cultural que rara vez ocupa espacio en el debate político. Durante generaciones se ha transmitido la idea de que el éxito depende principalmente del gobierno de turno. Esa percepción reduce la importancia del mérito individual. Sin desconocer el impacto de las políticas públicas, las sociedades más prósperas también se caracterizan por una cultura que valora el ahorro, la puntualidad, la disciplina, la responsabilidad y el emprendimiento.

El filósofo Karl Popper advertía que las instituciones importan porque limitan el daño que pueden causar los malos gobernantes. Pero también recordaba que ninguna institución puede sustituir completamente la responsabilidad individual.

Quizá esa sea la reflexión más importante para Colombia.

Nuestro país posee abundantes recursos naturales, ubicación geográfica privilegiada, una población joven, enorme biodiversidad y un sector empresarial que ha demostrado capacidad para competir internacionalmente. Lo que muchas veces ha faltado no es talento, sino un entorno que permita convertir ese talento en prosperidad sostenida.

La mejor versión de Colombia no pertenece al pasado. Tampoco depende exclusivamente del próximo presidente, del Congreso o de una reforma específica. Depende de recuperar una convicción que parece haberse debilitado: la riqueza no nace del decreto, nace del trabajo; la prosperidad no surge del subsidio, surge de la productividad; el bienestar no se sostiene repartiendo pobreza, sino multiplicando oportunidades.

Cuando un país entiende esa diferencia, deja de discutir cómo dividir un pastel pequeño y comienza a preguntarse cómo hornear uno mucho más grande. Ese cambio de mentalidad es, probablemente, la frontera que separa a las naciones que administran su estancamiento de aquellas que construyen su futuro.

Tal vez la mejor versión del colombiano nunca haya existido plenamente. Tal vez apenas la hemos visto asomarse en algunos momentos de nuestra historia. Pero si alguna vez queremos encontrarla, el camino difícilmente comenzará prometiendo más beneficios. Comenzará recuperando la confianza en el individuo, en el mérito, en la libertad, en la empresa, en el ahorro, en la innovación y en el trabajo como motores insustituibles del progreso. Porque ningún Estado, por poderoso que sea, ha logrado repartir durante mucho tiempo una riqueza que su sociedad dejó de producir.