La democracia no admite dos presidentes

Hay una imagen que ha acompañado a la humanidad durante siglos: la del cisma. La historia de la Iglesia católica conoció momentos en los que dos e incluso tres personas reclamaban simultáneamente ser el verdadero papa. El llamado Cisma de Occidente, entre los siglos XIV y XV, dividió a millones de creyentes, fracturó la autoridad institucional y convirtió la lealtad política en un asunto de fe. Cada bando afirmaba poseer la legitimidad; cada uno descalificaba al otro como ilegítimo. El resultado fue una crisis que tardó décadas en superarse.

Salvando las enormes diferencias históricas, esa imagen invita a reflexionar sobre cualquier intento contemporáneo de construir una legitimidad paralela frente a unas instituciones democráticas. Cuando un sector político decide promover una investidura o una posesión simbólica de quien no ha sido reconocido por las autoridades electorales como presidente, deja de discutir únicamente sobre política y empieza a cuestionar el principio básico que sostiene a cualquier democracia: que el poder se transmite mediante reglas aceptadas previamente por todos.

Ese principio no existe para garantizar que siempre gane quien uno desea. Existe precisamente para que quienes pierdan acepten el resultado mientras existan instituciones capaces de revisar las eventuales irregularidades. La esencia de una democracia constitucional no consiste en que todos queden satisfechos, sino en que todos acepten someterse a las mismas reglas.

Diversos politólogos, entre ellos Juan Linz y Steven Levitsky junto con Daniel Ziblatt, han advertido que las democracias modernas rara vez desaparecen mediante golpes militares. Con mucha mayor frecuencia se deterioran cuando actores políticos empiezan a desconocer las reglas del juego, erosionan la confianza en las instituciones y presentan únicamente como legítimos los resultados que les favorecen. Esa advertencia no pertenece a una ideología específica; constituye una conclusión ampliamente estudiada por la ciencia política contemporánea.

Desde esa perspectiva, cualquier convocatoria a una posesión presidencial paralela merece un profundo debate público. Sus promotores pueden defenderla como una manifestación simbólica, una forma de protesta o un ejercicio de libertad de expresión. Es un derecho que, dentro del marco constitucional, puede ser protegido. Sin embargo, otra cosa muy distinta es transmitir la idea de que existe un presidente distinto al que ha sido proclamado conforme al orden jurídico vigente. Allí la discusión deja de ser únicamente simbólica y toca el corazón mismo de la legitimidad institucional.

La protesta constituye un derecho fundamental. Colombia ha construido buena parte de su historia democrática permitiendo que distintos sectores marchen, se movilicen y expresen su inconformidad. Pero la protesta no sustituye las instituciones. Marchar no reemplaza el escrutinio. Un discurso no reemplaza una sentencia judicial. Una tarima no reemplaza una posesión constitucional.

Resulta llamativo que muchos de los sectores que durante años reclamaron respeto absoluto por la voluntad popular hoy sean acusados por sus críticos de desconocer el resultado cuando este les resulta adverso. Esa observación merece una reflexión más amplia: la democracia no puede convertirse en un principio de conveniencia. No puede defenderse únicamente cuando favorece a quienes comparten nuestra visión del país.

Karl Popper advertía que una sociedad abierta depende de ciudadanos capaces de aceptar reglas comunes incluso cuando producen resultados incómodos. Friedrich Hayek insistía en que el Estado de derecho significa precisamente que las personas obedecen instituciones impersonales y no voluntades particulares. Hannah Arendt recordaba que la política pierde sentido cuando los hechos objetivos dejan de ser compartidos y cada grupo construye su propia realidad.

En Colombia, donde la polarización ha alcanzado niveles preocupantes, resulta especialmente peligroso convertir cada elección en una batalla existencial. Cuando cada derrota es interpretada como un fraude y cada victoria como una salvación absoluta, la convivencia democrática comienza a deteriorarse. Ninguna sociedad puede sostener indefinidamente esa lógica.

Los ejemplos internacionales son ilustrativos. En distintos países se han producido controversias sobre resultados electorales, algunas con fundamento jurídico y otras impulsadas principalmente desde el terreno político. En todos los casos, el elemento decisivo ha sido la actuación de las autoridades competentes y de los tribunales. Son ellos quienes, dentro del Estado de derecho, determinan la validez de una elección, no las redes sociales, las plazas públicas ni las preferencias ideológicas.

Por supuesto, ello no significa que las instituciones sean infalibles. Toda democracia debe permitir auditorías, investigaciones y mecanismos de impugnación cuando existan pruebas. Pero existe una diferencia sustancial entre utilizar los canales constitucionales para controvertir un resultado y sustituir esos canales por una legitimidad construida exclusivamente desde la movilización política.

Colombia necesita una oposición fuerte, crítica y vigilante. También necesita un gobierno sometido al escrutinio permanente. Lo que no necesita es que unos y otros abandonen las reglas comunes que hacen posible la alternancia en el poder. Porque el día en que cada sector decida reconocer únicamente las elecciones que gana, la democracia dejará de ser un sistema de instituciones para convertirse en una competencia de relatos.

Quizá la mayor fortaleza de una democracia no se demuestra cuando todos celebran el resultado, sino cuando quienes pierden aceptan que la soberanía popular se expresa mediante procedimientos previamente establecidos. Esa aceptación no implica renunciar a las convicciones ni abandonar la oposición. Significa reconocer que el camino para volver al poder no pasa por crear una legitimidad paralela, sino por convencer nuevamente a los ciudadanos en las próximas elecciones.

En tiempos de creciente polarización, la verdadera prueba democrática consiste en comprender que puede existir un solo presidente constitucional y millones de opositores legítimos. Confundir ambas figuras no fortalece la democracia; la debilita. La historia demuestra que las naciones prosperan cuando las diferencias se resuelven mediante instituciones, mientras que comienzan a fracturarse cuando la legitimidad deja de descansar en las reglas y empieza a depender exclusivamente de la fe política de cada bando.