El miedo no gobierna

Hay momentos en la historia de una nación en los que una elección deja de ser simplemente una competencia entre candidatos y se convierte en una discusión mucho más profunda sobre la visión de país que los ciudadanos desean construir. Colombia parece estar viviendo uno de esos momentos. La segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha puesto sobre la mesa mucho más que dos nombres o dos campañas. Ha expuesto dos maneras radicalmente distintas de entender el papel del Estado, la economía, la libertad individual, la seguridad, la justicia social y el futuro mismo de la nación.

Lo más llamativo de este escenario no es la confrontación política, algo natural en cualquier democracia, sino el miedo que parece haberse convertido en el principal protagonista del debate público. Miedo a perder derechos, miedo a perder beneficios, miedo a perder oportunidades, miedo a que el país cambie demasiado o miedo a que no cambie lo suficiente. Y cuando el miedo reemplaza al análisis, la democracia empieza a deteriorarse porque las decisiones dejan de tomarse con base en argumentos y comienzan a tomarse con base en emociones.

Una parte importante de los colombianos ha sido llevada a creer que una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella representaría una amenaza para programas sociales, para instituciones públicas o para conquistas que consideran fundamentales. Sin embargo, esta percepción suele partir de una comprensión limitada sobre cómo funciona realmente el Estado colombiano. La Constitución de 1991 no diseñó un sistema en el que un presidente pudiera actuar como un monarca moderno. Por el contrario, creó una estructura institucional basada en la separación de poderes, en los controles recíprocos y en la existencia de organismos independientes que limitan la capacidad de cualquier gobernante para imponer unilateralmente su voluntad.

Esta realidad explica por qué, durante los últimos años, muchas de las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro encontraron obstáculos, modificaciones o resistencias dentro del propio sistema institucional. No porque existiera una conspiración contra el gobierno, como algunos sectores han querido presentar, sino porque las democracias constitucionales funcionan precisamente para evitar que una sola persona concentre demasiado poder. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Congreso de la República, la Procuraduría, la Contraloría y el Banco de la República forman parte de una arquitectura institucional diseñada para garantizar que las decisiones públicas sean sometidas a controles permanentes.

Resulta interesante observar que quienes hoy sienten temor por la posibilidad de una victoria de Abelardo de la Espriella son, en muchos casos, las mismas personas que durante años defendieron la necesidad de fortalecer las instituciones para evitar abusos de poder. Sin darse cuenta, terminan aceptando una contradicción evidente: si las instituciones son tan importantes para contener a un gobierno de derecha, también lo son para contener a un gobierno de izquierda. Si Colombia no se ha convertido en un régimen autoritario es precisamente porque sus instituciones han conservado, aunque con dificultades, una capacidad importante de independencia.

Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Si realmente se cree en la fortaleza institucional de Colombia, ¿por qué asumir que la llegada de un nuevo presidente implicaría automáticamente la destrucción del Estado social, del SENA, del sistema de salud o de los programas de apoyo a los más vulnerables? La respuesta parece encontrarse menos en la realidad institucional y más en una estrategia política basada en la construcción de temores.

El problema de gobernar a través del miedo no es nuevo. El economista Thomas Sowell ha advertido durante décadas que muchas sociedades terminan tomando decisiones equivocadas cuando aceptan la falsa dicotomía entre libertad económica y justicia social. Según Sowell, las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones. Esta reflexión adquiere una enorme relevancia para Colombia. Todos los colombianos desean menos pobreza, menos desigualdad, más oportunidades y una mejor calidad de vida. El verdadero debate no gira alrededor de los objetivos, sino alrededor de los mecanismos para alcanzarlos.

Durante años, una parte significativa de América Latina ha apostado por modelos políticos que prometían resolver los problemas sociales mediante una mayor intervención estatal. Algunos casos produjeron avances temporales, pero también generaron profundas crisis fiscales, inflación, dependencia de subsidios y deterioro institucional. La experiencia venezolana constituye el ejemplo más extremo, aunque no el único. Lo relevante no es utilizar estos casos como herramienta de propaganda política, sino comprender que las buenas intenciones no garantizan buenos resultados.

Milton Friedman sostenía que una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad termina perdiendo ambas. La frase continúa generando controversia porque obliga a cuestionar una idea profundamente arraigada en el discurso político contemporáneo: la creencia de que el Estado puede resolver todos los problemas sociales mediante decretos, subsidios o expansión burocrática. La evidencia internacional muestra que los países que han logrado reducir la pobreza de manera sostenible suelen compartir características comunes: estabilidad institucional, seguridad jurídica, inversión privada, apertura económica, educación de calidad y respeto por las reglas del juego.

En este contexto, muchas de las propuestas atribuidas a Abelardo de la Espriella encuentran respaldo entre ciudadanos que consideran que Colombia necesita precisamente recuperar la confianza en sus instituciones, fortalecer la seguridad y crear condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo. No porque estas medidas garanticen automáticamente el éxito económico, sino porque parten de una lógica distinta a la que ha predominado durante los últimos años.

Vale la pena detenerse un momento en una realidad que cualquier colombiano puede observar sin necesidad de estadísticas complejas. Cuando aumenta el costo de los combustibles, se encarece el transporte. Cuando se encarece el transporte, aumentan los costos logísticos. Cuando aumentan los costos logísticos, suben los precios de alimentos, productos básicos y servicios. El resultado final es que quienes más sufren son precisamente los hogares de menores ingresos. Esta cadena de acontecimientos demuestra que las decisiones económicas tomadas desde Bogotá terminan impactando directamente la vida cotidiana de millones de personas.

Por eso resulta insuficiente analizar la política únicamente desde la perspectiva de las promesas. Lo verdaderamente importante es evaluar las consecuencias de las decisiones públicas. El economista Friedrich Hayek advertía que ningún gobierno posee suficiente información para planificar de manera eficiente la vida económica de millones de individuos. La prosperidad, sostenía Hayek, surge cuando las personas tienen libertad para intercambiar, innovar, emprender y construir riqueza dentro de un marco institucional estable.

La discusión sobre el futuro de Colombia debería centrarse precisamente en esa estabilidad. No en la idea de elegir un salvador, ni en el temor de evitar una catástrofe imaginaria. Las democracias maduras no dependen de hombres providenciales. Dependen de instituciones fuertes, ciudadanos informados y límites claros al poder político.

Quizás el mayor error del debate actual sea creer que la elección consiste en escoger entre buenos y malos. La realidad es mucho más compleja. Lo que está en juego es la dirección económica, política e institucional del país. Y frente a esa decisión, los ciudadanos tienen la responsabilidad de analizar propuestas, antecedentes, capacidades de gestión y efectos potenciales sobre la vida real de las personas.

La historia demuestra que los países no prosperan porque un político prometa acabar con la pobreza. Prosperan cuando crean las condiciones para que millones de ciudadanos puedan salir de ella por sus propios medios. Prosperan cuando las reglas son estables, cuando la ley se aplica por igual, cuando el emprendimiento es posible, cuando la inversión encuentra confianza y cuando el Estado entiende que su función principal no es sustituir a la sociedad, sino permitir que la sociedad despliegue todo su potencial.

Por eso, más allá de los nombres que hoy ocupan titulares y generan pasiones, la verdadera pregunta para los colombianos no debería ser quién despierta más miedo. La verdadera pregunta es cuál proyecto fortalece mejor las instituciones, protege las libertades individuales, promueve la prosperidad y ofrece mayores oportunidades para las próximas generaciones. Porque al final, las naciones no fracasan por elegir un gobierno equivocado una sola vez. Fracasan cuando permiten que el miedo sustituya al pensamiento crítico y cuando renuncian a debatir ideas para limitarse a repetir consignas.