El costo de la incertidumbre

Hay gobiernos que son recordados por las obras que construyeron, otros por las reformas que transformaron instituciones enteras y algunos por las crisis que enfrentaron. Sin embargo, existen gobiernos cuyo legado termina definido por algo mucho más difícil de medir: la incertidumbre. No porque la incertidumbre sea una política pública en sí misma, sino porque se convierte en el ambiente que rodea cada decisión, cada anuncio y cada expectativa de la sociedad. Cuando esto ocurre, los efectos no siempre aparecen inmediatamente en las estadísticas, pero comienzan a sentirse en la conducta de las personas, en las decisiones de inversión, en la confianza de los mercados, en el consumo de los hogares y, sobre todo, en la percepción colectiva de hacia dónde se dirige un país.

La Colombia de hoy parece atrapada precisamente en ese debate. No se trata solamente de discutir si una cifra económica subió o bajó, si un indicador fue mejor o peor que el año anterior, o si una determinada reforma logró aprobarse o fracasó en el Congreso. La discusión de fondo gira alrededor de algo más profundo: la capacidad del Estado para transmitir estabilidad, previsibilidad y confianza en medio de un proceso de cambio político que prometió transformar las estructuras tradicionales del país.

La incertidumbre es una variable curiosa porque rara vez aparece como protagonista de los discursos políticos. Los gobiernos hablan de crecimiento, empleo, pobreza, inversión o seguridad. Sin embargo, detrás de cada uno de esos indicadores existe una condición previa indispensable: la confianza. Sin confianza, las personas posponen decisiones. Sin confianza, los empresarios aplazan inversiones. Sin confianza, los inversionistas buscan refugio en otros mercados. Sin confianza, incluso las buenas ideas pueden terminar produciendo malos resultados.

El economista John Maynard Keynes hablaba de los "espíritus animales" para explicar cómo las expectativas influyen en la economía. Décadas después, economistas como Douglass North insistieron en que las instituciones funcionan precisamente porque reducen la incertidumbre y permiten que las personas anticipen el comportamiento futuro de las reglas. En otras palabras, las sociedades prosperan cuando sus ciudadanos pueden planear. Cuando las reglas parecen cambiar constantemente, cuando los mensajes oficiales son contradictorios o cuando las políticas públicas parecen depender más de impulsos coyunturales que de estrategias de largo plazo, el costo económico y social comienza a acumularse silenciosamente.

En Colombia, durante los últimos años, la discusión pública ha estado marcada por una sucesión permanente de controversias. Reformas que fueron anunciadas con gran expectativa y luego modificadas sustancialmente. Proyectos que parecían prioritarios para el Gobierno y que terminaron bloqueados por las instituciones. Cambios frecuentes de ministros en sectores estratégicos. Tensiones entre el Ejecutivo y organismos independientes. Debates sobre salud, energía, pensiones, seguridad y política fiscal que muchas veces generaron más preguntas que respuestas.

Aquí es donde surge una distinción fundamental que con frecuencia desaparece en la polarización política. Una cosa es afirmar que todos los problemas económicos o institucionales son consecuencia directa del Gobierno Petro. Otra muy distinta es reconocer que la incertidumbre generada alrededor de ciertas decisiones pudo haber contribuido a crear un entorno menos favorable para la inversión, el crecimiento y la confianza.

La diferencia es importante porque permite analizar la realidad con mayor objetividad. Las economías son sistemas complejos. Ningún presidente controla por completo la inflación, los precios internacionales, las tasas de interés globales, los conflictos geopolíticos o las dinámicas financieras mundiales. Sin embargo, sí influye en las expectativas. Y las expectativas son, muchas veces, tan importantes como los datos mismos.

Resulta revelador observar que algunos de los principales debates económicos de los últimos años no giraron alrededor de decisiones concretas sino alrededor de anuncios. La sola posibilidad de determinadas reformas generó reacciones inmediatas en mercados, empresarios y ciudadanos. Esto demuestra que la percepción importa. El Nobel de Economía Robert Shiller ha dedicado buena parte de su trabajo a demostrar cómo las narrativas económicas terminan moldeando la realidad. Las historias que una sociedad cuenta sobre su futuro afectan directamente las decisiones que toma en el presente.

Quizás por eso el concepto de improvisación aparece con tanta frecuencia en las críticas hacia el Gobierno. No necesariamente porque cada decisión haya sido improvisada, sino porque muchos ciudadanos percibieron una ausencia de coherencia estratégica entre anuncios, discursos y resultados. Cuando una política cambia varias veces en pocos meses, cuando los funcionarios encargados de ejecutarla son reemplazados constantemente o cuando los mensajes emitidos desde el propio Gobierno parecen contradictorios, la sensación de incertidumbre se multiplica.

Pero el fenómeno no debe analizarse únicamente desde la economía. También tiene profundas implicaciones institucionales. Una democracia depende de la confianza de sus ciudadanos en las reglas del juego. Cuando el debate político se convierte en una confrontación permanente entre poderes públicos, cuando cada decisión termina interpretándose como una batalla ideológica y cuando las instituciones parecen estar en conflicto constante, el resultado es una erosión gradual de la confianza colectiva.

La historia ofrece múltiples ejemplos. El economista Friedrich Hayek advertía que la prosperidad depende menos de la capacidad de los gobiernos para dirigir la economía y más de la existencia de reglas estables que permitan a millones de individuos coordinar sus acciones libremente. Por su parte, Milton Friedman sostenía que la incertidumbre política suele convertirse en un impuesto invisible que afecta especialmente a quienes tienen menos recursos para protegerse de ella. Más recientemente, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han insistido en que la estabilidad institucional es uno de los factores más importantes para atraer inversión y generar crecimiento sostenible.

Sin embargo, reducir toda la realidad colombiana a una simple narrativa de fracaso sería tan equivocado como negar los problemas existentes. El país también ha mostrado resiliencia. La inflación, que alcanzó niveles preocupantes después de la pandemia, ha descendido considerablemente. El desempleo se ha reducido frente a los peores años de la crisis sanitaria. Algunos indicadores sociales han mostrado avances. Esto demuestra que la realidad es mucho más compleja que cualquier relato político.

Y precisamente allí aparece el verdadero debate. La pregunta no es si Colombia colapsó o prosperó durante este gobierno. La pregunta es cuánto crecimiento adicional, cuánta inversión adicional, cuánta confianza adicional y cuánta estabilidad adicional pudo haberse alcanzado en un entorno de mayor previsibilidad.

Esa es una pregunta imposible de responder con exactitud porque implica analizar escenarios hipotéticos. Pero también es una pregunta legítima. La economía no solo se construye con resultados observables; también se construye con oportunidades perdidas. Un empresario que decidió no expandir su negocio por temor a cambios regulatorios forma parte de esa historia. Un inversionista que eligió otro país para desarrollar un proyecto forma parte de esa historia. Una familia que aplazó la compra de una vivienda por incertidumbre económica forma parte de esa historia.

La incertidumbre rara vez genera titulares espectaculares. No destruye edificios ni paraliza ciudades de un día para otro. Su efecto es mucho más silencioso. Actúa como una niebla que dificulta la visión del futuro. No impide avanzar, pero vuelve cada paso más cauteloso. Y cuando millones de personas avanzan con cautela al mismo tiempo, el crecimiento de una nación inevitablemente se ralentiza.

Por eso el gran desafío de Colombia no consiste únicamente en debatir quién tiene la razón ideológica. El verdadero desafío consiste en reconstruir la confianza. Porque las sociedades no prosperan solamente por las reformas que aprueban ni por los discursos que pronuncian sus líderes. Prosperan cuando sus ciudadanos creen que existe un rumbo claro, reglas estables y un futuro suficientemente predecible para tomar riesgos, invertir, emprender y construir proyectos de vida.

Al final, los gobiernos pasan, los partidos cambian y las ideologías se alternan en el poder. Lo que permanece es la necesidad permanente de estabilidad institucional. Ninguna nación puede desarrollarse sostenidamente si vive atrapada entre la improvisación y la incertidumbre. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que deja la Colombia actual: que la confianza, aunque no aparezca todos los días en las estadísticas, sigue siendo uno de los activos más valiosos y más frágiles que puede tener una sociedad. Cuando se fortalece, multiplica oportunidades. Cuando se debilita, el costo termina pagándolo todo un país.