La ilusión del 2%

Hay ideas que se repiten tanto en el debate público que terminan adquiriendo la apariencia de verdad técnica incuestionable. Una de ellas es la creencia de que la inflación puede ser gestionada como si fuera una perilla que los bancos centrales ajustan con precisión quirúrgica: ni muy alta para no desbordar la economía, ni demasiado baja para no frenar el crecimiento. En Colombia, esta narrativa ha vuelto al centro de la discusión en medio de tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República, particularmente alrededor del manejo de las tasas de interés. Pero más allá del debate coyuntural, lo que realmente está en juego es algo más profundo: la comprensión misma de qué es la inflación y qué efectos produce sobre la estructura económica.

Conviene empezar por desmontar una premisa cómoda pero problemática. La inflación no es simplemente un aumento generalizado de precios que puede ser calibrado para lograr fines macroeconómicos como el pleno empleo o el crecimiento sostenido. Esa definición, útil para la estadística, resulta insuficiente para entender su naturaleza económica. La inflación, en su dimensión más relevante, es una alteración en el sistema de información que coordina millones de decisiones individuales. Los precios no son números arbitrarios: son señales. Indican escasez relativa, preferencias, costos y oportunidades. Cuando esas señales se distorsionan, incluso levemente, la coordinación se resiente.

Ahora bien, la defensa del objetivo del 2% suele apoyarse en una argumentación pragmática. Economistas influyentes como Ben Bernanke han sostenido que una inflación baja y estable permite anclar expectativas y evitar los costos asociados a la deflación, especialmente en economías con rigideces nominales. En teoría, ese pequeño margen inflacionario actuaría como un “lubricante” que facilita los ajustes sin necesidad de reducciones explícitas de salarios o precios. Sin embargo, esta visión pasa por alto un punto crucial: incluso una inflación baja no es neutral. No es un simple deslizamiento uniforme de todos los precios, sino un proceso desigual que altera relaciones relativas.

En Colombia, este fenómeno es particularmente visible cuando se observa la dinámica de sectores específicos. Mientras algunos precios se ajustan rápidamente —alimentos, combustibles, bienes importados— otros lo hacen con rezago. Este desfase genera ganadores y perdedores no por productividad o eficiencia, sino por posición en la cadena de transmisión monetaria. El resultado es una reasignación de recursos que no responde a decisiones genuinas del mercado, sino a distorsiones inducidas.

Pero el punto más delicado no está en los precios de consumo, sino en el precio del tiempo: la tasa de interés. Cuando el Banco de la República interviene para influir en el costo del crédito, no solo está reaccionando a la inflación observada, sino también moldeando las condiciones bajo las cuales se toman decisiones de inversión. Aquí emerge una crítica que ha sido desarrollada por pensadores como Friedrich Hayek, quien advirtió que la manipulación de las tasas puede generar una descoordinación intertemporal: proyectos que parecen rentables bajo condiciones artificialmente favorables, pero que resultan insostenibles cuando la realidad se impone.

La historia económica reciente ofrece ejemplos suficientes para tomar en serio esta advertencia. La expansión crediticia prolongada en economías desarrolladas antes de la crisis de 2008, seguida de un ajuste abrupto, es un recordatorio de cómo las señales distorsionadas pueden acumular desequilibrios que luego se corrigen de forma dolorosa. En Colombia, aunque en menor escala, también se han observado ciclos de auge y desaceleración donde sectores como la construcción o el consumo financiado reaccionan con alta sensibilidad a las condiciones monetarias.

Sin embargo, sería un error simplificar el debate como una confrontación entre “técnicos responsables” y “políticos irresponsables”, o viceversa. El gobierno de Gustavo Petro ha cuestionado abiertamente las decisiones del banco central, argumentando que tasas altas frenan el crecimiento y afectan el empleo. Desde una perspectiva social, esta preocupación no es trivial. El endurecimiento monetario tiene costos reales: menor inversión, crédito más caro, desaceleración económica. Pero la alternativa —relajar la política monetaria en un contexto inflacionario— tampoco es inocua. Implica aceptar una erosión del poder adquisitivo que afecta, de manera desproporcionada, a los hogares más vulnerables.

Aquí es donde el debate suele perder profundidad. Se discute si subir o bajar tasas, pero no se cuestiona el marco conceptual que da origen a esas decisiones. La idea de que una inflación del 2% es “óptima” descansa en una simplificación que ignora la complejidad del proceso económico. No se trata de que el 2% sea demasiado alto o demasiado bajo, sino de que cualquier objetivo fijo asume una capacidad de control que en la práctica es limitada. Los bancos centrales no operan en un laboratorio; intervienen en sistemas abiertos, sujetos a choques externos, expectativas cambiantes y estructuras productivas heterogéneas.

Y sin embargo, hay algo más inquietante en esta discusión. La persistencia de una inflación moderada y estable puede generar una ilusión de normalidad que oculta distorsiones acumulativas. No hay una señal clara de crisis, pero tampoco una coordinación perfecta. Las inversiones se realizan, los créditos fluyen, el consumo se sostiene, pero sobre una base donde el precio del dinero no refleja plenamente las condiciones reales de ahorro. Es en ese terreno donde se gesta la mala asignación de recursos que, tarde o temprano, se hace visible.

En la vida cotidiana, esto no se percibe como una abstracción teórica. Se traduce en decisiones concretas: hogares que se endeudan bajo condiciones que luego cambian, empresas que expanden operaciones basadas en costos financieros transitorios, sectores que crecen impulsados más por liquidez que por productividad. Cuando el ciclo se revierte, lo que parecía crecimiento revela su fragilidad.

Nada de esto implica negar la dificultad del problema que enfrentan los bancos centrales. Gestionar una economía moderna sin algún grado de intervención monetaria plantea desafíos considerables. Pero reconocer esa dificultad no debería llevar a aceptar sin cuestionamiento la narrativa de control fino. La inflación no es una herramienta neutral ni un instrumento preciso. Es un fenómeno que altera la información sobre la que se construyen las decisiones económicas.

En Colombia, donde las tensiones entre política y técnica se hacen cada vez más visibles, este debate adquiere una relevancia particular. No se trata de defender o atacar al Banco de la República ni de respaldar o rechazar al gobierno de Gustavo Petro. Se trata de entender que el problema es más estructural que coyuntural. Mientras se siga concibiendo la inflación como una variable que puede calibrarse para alcanzar objetivos deseados, se corre el riesgo de subestimar los efectos de largo plazo sobre la coordinación económica.

La verdadera pregunta, entonces, no es si el 2% es un buen objetivo. Es si la economía puede sostenerse sobre señales que, aunque estables en apariencia, están sistemáticamente distorsionadas. Y esa es una discusión que Colombia apenas comienza a dar, pero que resulta ineludible si se quiere ir más allá de la superficie del debate macroeconómico.