No es capitalismo, es privilegio

 

En Colombia repetimos con ligereza que vivimos en una economía capitalista, pero rara vez nos detenemos a examinar qué significa realmente esa afirmación. Capitalismo no es simplemente la existencia de empresas privadas ni la presencia de grandes conglomerados; es, en su formulación más rigurosa, un sistema de intercambio voluntario bajo reglas generales, donde el éxito depende de la capacidad de satisfacer al consumidor y no de la cercanía al poder político. Cuando el acceso al mercado se filtra por la regulación selectiva, la contratación direccionada o el diseño normativo que favorece a quienes ya son grandes, lo que emerge no es libre mercado, sino un régimen de privilegios. Y en la Colombia actual, esa distinción resulta incómoda pero necesaria.

Basta observar la estructura empresarial del país. Según datos del DANE y Confecámaras, más del 99% del tejido productivo colombiano está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, pero la mayor proporción del valor agregado y del acceso al crédito se concentra en un reducido número de grandes compañías. Este fenómeno, por sí solo, no prueba captura regulatoria; la concentración puede ser resultado de eficiencia. Sin embargo, cuando la normativa tributaria, laboral y sectorial se vuelve crecientemente compleja y costosa, el cumplimiento deja de ser una obligación neutral y se convierte en una barrera de entrada. Las grandes empresas pueden financiar equipos jurídicos y departamentos de cumplimiento normativo; el pequeño empresario en Barranquilla, Medellín o Bucaramanga apenas puede sostener su flujo de caja.

Aquí conviene introducir una distinción conceptual que la teoría de elección pública, desarrollada por autores como James Buchanan y Mancur Olson, explicó con crudeza: los grupos pequeños y organizados tienen incentivos para influir en la regulación, mientras que los costos se dispersan entre millones de contribuyentes. En Colombia, la discusión reciente sobre reformas tributarias sucesivas ilustra esta dinámica. Mientras el discurso político se centra en la justicia social, el entramado final de exenciones, tratamientos preferenciales y regímenes especiales suele mantenerse para sectores estratégicos con capacidad de negociación. No es una acusación ideológica; es una regularidad institucional.

Pero la cuestión no se agota en lo tributario. Pensemos en la contratación pública, que representa un porcentaje significativo del PIB nacional. En teoría, el Estatuto General de Contratación busca transparencia y competencia. En la práctica, los requisitos técnicos, financieros y de experiencia suelen estructurarse de tal forma que solo empresas con músculo previo pueden participar. El pequeño empresario queda excluido no por incapacidad productiva, sino por no cumplir umbrales formales diseñados bajo la lógica de minimizar riesgos políticos. La paradoja es evidente: para proteger la transparencia, se termina reduciendo la competencia.

Ahora bien, algunos sostendrán que el problema no es la intervención en sí misma, sino su mala ejecución. Desde una perspectiva socialdemócrata, como la defendida históricamente por pensadores como John Maynard Keynes, el Estado debe intervenir para corregir fallas de mercado y estabilizar el ciclo económico. En contraste, economistas como Friedrich Hayek advirtieron que la expansión regulatoria tiende a consolidar estructuras rígidas y a favorecer intereses establecidos. Colombia, en el presente, parece atrapada entre ambos discursos: un Estado que interviene con intensidad creciente, pero que no logra ni eficiencia redistributiva robusta ni competencia dinámica.

La discusión adquiere mayor relevancia en el contexto político actual, bajo el gobierno de Gustavo Petro, cuyo proyecto enfatiza la transformación productiva y la mayor presencia estatal en sectores estratégicos como energía y pensiones. El debate no debería reducirse a simpatías o rechazos ideológicos. La pregunta estructural es otra: ¿están las nuevas intervenciones ampliando el espacio competitivo o consolidando dependencias políticas? Cuando el acceso a subsidios, contratos o beneficios regulatorios depende de alineamientos políticos o de capacidad de interlocución con el poder, el mercado deja de ser un proceso abierto y se convierte en un terreno administrado.

Introduzcamos aquí un elemento cotidiano. El emprendedor que decide formalizar su negocio en Colombia enfrenta una carga tributaria efectiva que, según estudios de la OCDE, puede superar el promedio regional, además de costos laborales no salariales elevados y trámites administrativos múltiples. Mientras tanto, conglomerados con integración vertical y acceso a financiamiento internacional pueden diversificar riesgos y optimizar su carga fiscal. La consecuencia no es simplemente desigualdad; es asimetría estructural en la posibilidad de competir. El resultado es un capitalismo concentrado, no necesariamente por eficiencia superior, sino por supervivencia institucional.

Se dirá que la concentración también responde a economías de escala. Es cierto. Pero cuando esas economías se ven reforzadas por marcos regulatorios complejos, el efecto se amplifica. George Stigler denominó a este fenómeno “captura regulatoria”: las agencias creadas para regular terminan, con el tiempo, sirviendo a los intereses de los regulados más influyentes. En Colombia, sectores como el financiero, el energético o el de infraestructura muestran altos niveles de concentración. La regulación prudencial es necesaria, pero también eleva las barreras de entrada a niveles casi infranqueables para nuevos competidores.

Y aquí emerge la conclusión incómoda. Si definimos capitalismo como propiedad privada y existencia de lucro, Colombia lo es. Pero si definimos libre mercado como igualdad ante la ley, reglas generales y ausencia de privilegios, el diagnóstico es más matizado. Lo que predomina no es un mercado plenamente libre, sino una economía mixta con fuertes elementos de capitalismo de privilegios. No es socialismo; tampoco es libre mercado en sentido estricto.

La cuestión no es moralizar el debate, sino elevarlo. Un sistema económico dinámico requiere competencia abierta, reglas simples y estabilidad jurídica. Cada reforma improvisada, cada excepción sectorial negociada y cada intervención discrecional amplía la brecha entre quienes pueden influir y quienes solo pueden adaptarse. La pequeña empresa, que constituye el corazón del empleo en Colombia, termina asumiendo costos regulatorios diseñados sin su capacidad operativa en mente.

Cerrar esta reflexión exige una advertencia. No se trata de abogar por la ausencia absoluta del Estado, sino por su limitación a reglas generales, previsibles y no discriminatorias. La evidencia comparada muestra que las economías con mayor crecimiento sostenido son aquellas donde el Estado garantiza competencia y seguridad jurídica, no aquellas donde administra ganadores y perdedores. En la Colombia de hoy, el desafío no es elegir entre mercado o Estado, sino desmontar la estructura de privilegios que convierte la regulación en herramienta de consolidación empresarial.

Decir que no vivimos en un libre mercado pleno no es una consigna ideológica; es una descripción institucional. Y mientras no enfrentemos esa realidad con rigor académico y honestidad política, seguiremos confundiendo capitalismo con cercanía al poder, emprendimiento con lobby y competencia con supervivencia regulatoria. El debate está abierto, pero debe comenzar por reconocer el problema sin eufemismos: cuando el privilegio sustituye a la competencia, el mercado deja de ser libre, aunque conserve su apariencia.