La verdadera lucha de clases en Colombia

 

En Colombia se repite con insistencia la idea de que vivimos atrapados en un conflicto estructural entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores, capital y trabajo. El lenguaje político cotidiano está impregnado de esa narrativa. Desde la tribuna presidencial hasta el debate universitario, pasando por la conversación informal en cualquier barrio de Barranquilla o Medellín, la explicación dominante de nuestras tensiones económicas suele remitirse a una versión tropical del viejo esquema de Karl Marx: una clase que explota y otra que es explotada. Sin embargo, si examinamos con rigor la dinámica real de nuestra economía, la evidencia empírica y la teoría económica ofrecen una lectura distinta y, quizás, más incómoda.

En una economía de mercado, incluso con las imperfecciones propias de un país en desarrollo, la cooperación social descansa en la división del trabajo y el intercambio voluntario. Cuando un trabajador firma un contrato laboral, cuando un emprendedor abre una tienda en Soledad o cuando un inversionista financia una startup tecnológica en Bogotá, no lo hacen bajo una lógica de guerra de clases, sino bajo una expectativa de beneficio mutuo. El salario no surge de una confiscación unilateral, sino de un acuerdo condicionado por productividad, competencia y expectativas de mercado. El beneficio empresarial no proviene de despojar al trabajador, sino de anticipar correctamente las necesidades del consumidor. En este sentido, la “armonía de intereses” formulada por Ludwig von Mises no es una consigna ideológica, sino una descripción funcional del proceso de mercado: cada actor prospera en la medida en que sirve a otros.

Ahora bien, conviene introducir una distinción que cambia por completo el foco del análisis. El conflicto no desaparece; se desplaza. Cuando el Estado adquiere la facultad de redistribuir ingresos, otorgar subsidios, conceder exenciones tributarias selectivas, imponer aranceles, regular sectores estratégicos o expandir el gasto financiado con deuda e inflación, se crea un nuevo campo de disputa. Ya no se compite por satisfacer al consumidor, sino por capturar el favor político. Aquí la lógica deja de ser cooperativa y se convierte en distributiva: lo que un grupo obtiene por vía normativa, otro lo pierde por vía fiscal o regulatoria.

Colombia ofrece ejemplos cotidianos de esta dinámica. Las reformas tributarias sucesivas —basta revisar los informes de la DIAN y del Ministerio de Hacienda sobre presión fiscal y recaudo— muestran un sistema cada vez más complejo, con tratamientos diferenciales y beneficios sectoriales que no siempre responden a criterios de eficiencia económica sino a negociaciones políticas. Los gremios presionan por exenciones; ciertos sectores buscan protección arancelaria; contratistas compiten por adjudicaciones públicas en un sistema históricamente afectado por escándalos de corrupción. No estamos ante una abstracción teórica, sino ante incentivos institucionales concretos.

El presupuesto general de la Nación para 2025 supera los 500 billones de pesos, financiado en parte con un déficit fiscal persistente y un nivel de deuda pública que ronda el 60% del PIB según cifras oficiales. Cada peso asignado es el resultado de una puja política. La pregunta no es moral, sino estructural: ¿quién decide la asignación y bajo qué incentivos? Cuando el acceso a recursos depende más de la proximidad al poder que de la productividad en el mercado, el conflicto de intereses se intensifica. La competencia deja de ser empresarial y se vuelve rentista.

Aquí emerge una redefinición provocadora del conflicto de clases. No se trata de capitalistas contra trabajadores, sino de productores contra extractores de renta política. El pequeño comerciante que paga IVA, renta e impuestos territoriales; el profesional independiente que soporta cargas parafiscales; el empresario que asume riesgos en un entorno regulatorio incierto; todos ellos pueden encontrarse, paradójicamente, en la misma categoría frente a grupos que obtienen ingresos garantizados por privilegio normativo o captura institucional. Esta visión recuerda la distinción entre “medio económico” y “medio político” planteada por Franz Oppenheimer: producir mediante intercambio voluntario o apropiarse mediante coerción legal.

En el debate colombiano actual, esta distinción adquiere relevancia frente a propuestas de expansión estatal. El presidente Gustavo Petro ha defendido una mayor intervención pública en sectores estratégicos, reformas estructurales en salud, pensiones y energía, y un rediseño del modelo productivo. Sus críticos, desde posiciones liberales o conservadoras, advierten riesgos de ineficiencia, desincentivos a la inversión y aumento del déficit. Más allá de simpatías ideológicas, el punto central es otro: cada ampliación del ámbito estatal incrementa el volumen de recursos sujetos a disputa política. Y donde hay discrecionalidad, hay incentivos para la captura.

No se trata de negar problemas reales de desigualdad. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina según el coeficiente de Gini reportado por el DANE. Pero atribuir esa desigualdad exclusivamente al mercado es analíticamente insuficiente. Buena parte de nuestras distorsiones proviene de mercados intervenidos, monopolios legales, barreras regulatorias que dificultan la formalización y una estructura tributaria que grava con mayor intensidad a quienes están dentro del sistema formal, mientras deja amplios sectores en la informalidad. La informalidad laboral, que supera el 55% en algunas ciudades, no es una prueba del fracaso del mercado puro, sino del peso institucional que encarece la formalización.

En la vida cotidiana, el conflicto no se manifiesta entre el tendero y su empleado, sino entre el ciudadano y la maraña normativa que condiciona su actividad. Cada licencia, cada trámite, cada requisito puede convertirse en una oportunidad de extracción. La inflación, aunque moderada frente a picos recientes, actúa como un impuesto silencioso que erosiona el poder adquisitivo, afectando con mayor intensidad a quienes no pueden protegerse con activos financieros. De nuevo, el conflicto no es horizontal entre clases productivas, sino vertical entre quienes producen y quienes administran el poder de emitir, regular y gravar.

Esto no implica idealizar al empresario ni demonizar al funcionario público. Implica reconocer que los incentivos importan. Cuando el éxito económico depende de servir mejor al consumidor, la competencia genera innovación y crecimiento. Cuando depende de influir en la regulación o en el presupuesto, la energía empresarial se desvía hacia el lobby y la cercanía política. El resultado no es justicia social, sino redistribución selectiva.

Tal vez la discusión más urgente en Colombia no sea cómo intensificar la lucha de clases tradicional, sino cómo reducir el espacio para el conflicto rentista. Eso exige instituciones más predecibles, reglas generales en lugar de privilegios particulares, simplificación tributaria, transparencia presupuestal y límites claros al poder discrecional. No es una consigna ideológica; es una cuestión de diseño institucional.

La verdadera pregunta, entonces, no es quién posee los medios de producción, sino quién controla los medios de coerción legal y bajo qué límites. Mientras el debate público siga atrapado en la narrativa de capital contra trabajo, pasará por alto el conflicto más profundo: el que surge cuando el aparato estatal se convierte en botín. Y en esa disputa, la sociedad entera —trabajadores, empresarios, profesionales, emprendedores— termina fragmentada, no por el mercado, sino por la política.

Si queremos una discusión honesta sobre justicia y prosperidad en Colombia, debemos desplazar el eje del análisis. La armonía no es automática, pero el mercado ofrece un mecanismo de cooperación voluntaria que reduce el conflicto estructural. El poder político, en cambio, siempre crea incentivos para la confrontación distributiva. Reconocerlo no es negar los problemas sociales; es identificar con mayor precisión dónde se origina, hoy, la verdadera lucha de clases.