El poder sin límites corrompe

 

Colombia atraviesa un momento decisivo. No se trata simplemente de un cambio de gobierno ni de una alternancia ideológica en la Casa de Nariño; se trata de una redefinición del alcance del Estado, de su papel en la economía, de su capacidad de intervención sobre la vida productiva y de su poder para redistribuir recursos. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, el discurso del “fortalecimiento del Estado” se ha convertido en una bandera política y moral. Sin embargo, toda expansión del poder público plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando el Estado acumula más recursos, más funciones y más discrecionalidad en un entorno institucional históricamente frágil?

No es una cuestión ideológica, es una cuestión institucional. La literatura de economía política ha demostrado que el problema central no es el tamaño del Estado en términos absolutos, sino la calidad de sus controles y la estructura de incentivos que enfrentan quienes administran el poder. James Buchanan, desde la teoría de la elección pública, advirtió que los actores políticos no son ángeles benevolentes; responden a incentivos como cualquier otro individuo. Cuando el Estado amplía su margen de acción —más presupuesto, más regulación, más capacidad de asignar contratos y subsidios— simultáneamente amplía el valor de las rentas políticas disponibles. Y donde hay rentas, surgen incentivos para capturarlas.

Colombia no parte de una hoja en blanco. Según Transparencia Internacional, el país ha oscilado en los últimos años en posiciones intermedias-bajas dentro del Índice de Percepción de Corrupción, con puntajes que revelan problemas estructurales persistentes. La Contraloría General reporta anualmente billones de pesos en hallazgos fiscales, mientras la Fiscalía mantiene miles de procesos activos por delitos contra la administración pública. No se trata de escándalos aislados; se trata de patrones institucionales. La historia reciente —desde el cartel de la contratación en Bogotá hasta los sobrecostos en programas sociales y obras de infraestructura— demuestra que cuando el presupuesto crece más rápido que los controles, la corrupción encuentra oxígeno.

Ahora bien, el actual proyecto político propone un Estado más interventor: reformas estructurales en salud, pensiones, mercado laboral, transición energética, subsidios directos y reorganización administrativa. Cada una de estas reformas implica centralización de decisiones y reasignación masiva de recursos. En abstracto, el objetivo puede ser redistributivo y socialmente legítimo; el problema emerge en la implementación. Si los mecanismos de auditoría, meritocracia y transparencia no se fortalecen al mismo ritmo, el resultado no es mayor justicia social, sino mayor concentración de poder discrecional.

Aquí conviene detenerse en un punto esencial: el riesgo no depende exclusivamente de la voluntad del presidente de turno, sino de la arquitectura institucional. Incluso un gobernante con convicciones éticas firmes enfrenta la realidad de una burocracia heterogénea, redes clientelares arraigadas y presiones políticas regionales. Colombia ha construido su sistema político sobre equilibrios frágiles entre partidos, cuotas burocráticas y alianzas territoriales. En ese contexto, ampliar el tamaño del Estado puede significar ampliar el botín a repartir.

La experiencia latinoamericana ofrece advertencias claras. En países donde el discurso de justicia social justificó la expansión estatal sin controles sólidos, el resultado fue la consolidación de estructuras clientelares y, en algunos casos, autoritarias. El problema no fue la intención redistributiva, sino la erosión progresiva de los contrapesos. Cuando la línea entre política pública y aparato partidista se difumina, la institucionalidad comienza a degradarse desde adentro.

Pero regresemos a Colombia y a su realidad cotidiana. Pensemos en la contratación directa en municipios donde el alcalde concentra la ejecución presupuestal; pensemos en hospitales públicos donde la intermediación política define nombramientos; pensemos en subsidios mal focalizados que terminan capturados por redes locales. Estos no son escenarios hipotéticos. Son prácticas documentadas por órganos de control y medios de comunicación. Si en ese entorno se incrementa el flujo de recursos y se reducen las barreras regulatorias a la discrecionalidad, el riesgo sistémico aumenta.

Algunos argumentarán que el verdadero problema es la desigualdad histórica y que un Estado débil perpetúa la exclusión. Esa posición tiene fundamento moral y sociológico. Sin embargo, la pregunta no es si el Estado debe actuar, sino cómo debe hacerlo. Un Estado fuerte en capacidad técnica y débil en controles es una amenaza; un Estado fuerte en controles y limitado en discrecionalidad puede ser una herramienta de desarrollo. La diferencia no es semántica, es estructural.

Además, la concentración de poder no solo incrementa el riesgo de corrupción económica, sino también el de arbitrariedad normativa. Cuando el Ejecutivo amplía su capacidad de regulación mediante decretos, reformas administrativas aceleradas o reestructuración de entidades, se reduce el espacio de deliberación plural. La historia constitucional colombiana ha sido una búsqueda constante de equilibrio entre gobernabilidad y límites al poder. Alterar ese equilibrio sin fortalecer simultáneamente los mecanismos de rendición de cuentas es jugar con fuego institucional.

No se trata de demonizar a un gobierno específico, sino de reconocer una regularidad histórica: el poder tiende a expandirse cuando no encuentra límites efectivos. Lord Acton lo formuló con crudeza en el siglo XIX: el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En contextos donde la cultura política tolera la informalidad y el clientelismo, la expansión estatal puede acelerar dinámicas preexistentes en lugar de corregirlas.

El debate de fondo, entonces, no es ideológico sino estructural. ¿Está Colombia fortaleciendo simultáneamente sus sistemas de control interno, su carrera administrativa, su independencia judicial y la transparencia digital de la contratación pública? ¿O está priorizando la ampliación del gasto y la centralización de funciones sin una reforma paralela de sus contrapesos? Si la respuesta se inclina hacia lo segundo, la advertencia no es alarmismo, es prudencia institucional.

La historia no juzga intenciones, juzga resultados. Si dentro de algunos años el balance muestra incremento en investigaciones fiscales, deterioro en indicadores de percepción de corrupción y debilitamiento de órganos autónomos, la relación entre expansión del poder y deterioro institucional será difícil de negar. En cambio, si el fortalecimiento estatal viene acompañado de meritocracia, auditoría en tiempo real y reducción efectiva de la discrecionalidad política, el resultado podría ser distinto.

El dilema colombiano actual no es Estado sí o Estado no. Es poder concentrado con controles débiles o poder limitado por reglas claras y enforcement riguroso. Cuando un país con antecedentes de captura institucional decide ampliar el alcance del aparato público, la carga de la prueba recae en demostrar que esa expansión no se convertirá en una oportunidad adicional para la corrupción estructural.

En última instancia, la verdadera discusión es sobre límites. Porque cuando el Estado se fortalece sin fortalecer simultáneamente la vigilancia ciudadana, la independencia judicial y la disciplina fiscal, no solo aumenta su capacidad de acción; aumenta también su capacidad de abuso. Y en sociedades con instituciones imperfectas, esa diferencia no es menor: puede marcar la distancia entre la reforma y la degradación democrática.