El mito del socialismo que nunca existió

En el debate político contemporáneo de Colombia se ha vuelto casi un lugar común escuchar que los países más prósperos del mundo son prueba de que el socialismo funciona. En discursos, redes sociales y debates legislativos se invoca con frecuencia el ejemplo de los países nórdicos como evidencia de que una fuerte intervención estatal y una amplia redistribución de la riqueza pueden producir prosperidad y bienestar. Sin embargo, esta afirmación encierra una confusión conceptual que ha terminado distorsionando el diagnóstico de nuestros problemas económicos. El error consiste en creer que esas sociedades construyeron su prosperidad mediante el socialismo, cuando en realidad hicieron exactamente lo contrario: primero crearon riqueza mediante economías altamente capitalistas y solo después desarrollaron sistemas amplios de bienestar financiados por esa riqueza previamente generada.

Esta diferencia, aparentemente técnica, es en realidad fundamental para comprender por qué muchos países latinoamericanos, incluido Colombia, parecen atrapados en un ciclo permanente de bajo crecimiento, informalidad estructural y frustración social. El problema no es únicamente la pobreza ni la desigualdad. El problema es que el debate político ha invertido el orden lógico del desarrollo económico. Mientras algunas economías del norte de Europa construyeron primero mercados dinámicos, competitivos y altamente productivos, en América Latina se insiste en expandir el Estado antes de que exista una base sólida de generación de riqueza que pueda sostenerlo.

Para comprender mejor esta paradoja conviene observar con detenimiento el caso de Suecia, uno de los ejemplos más citados en el discurso político progresista. Durante buena parte del siglo XX, Suecia fue una de las economías más abiertas y orientadas al mercado de Europa. Entre 1870 y 1970 el país experimentó uno de los procesos de industrialización más exitosos del continente, impulsado por empresas privadas que posteriormente se convertirían en multinacionales globales como Volvo, Ericsson o IKEA. Este período de crecimiento estuvo caracterizado por baja regulación empresarial, altos niveles de comercio internacional y una fuerte cultura de emprendimiento. Fue esa acumulación de capital, innovación y productividad la que permitió, décadas después, financiar un amplio sistema de bienestar.

El propio economista Milton Friedman lo explicó de manera contundente al señalar que estos países no son ricos porque tengan Estados de bienestar grandes; pueden permitirse esos Estados porque primero se hicieron ricos. Esta observación, respaldada por múltiples estudios históricos del desarrollo económico, suele desaparecer del debate político latinoamericano, donde la discusión se concentra casi exclusivamente en la redistribución y no en la creación de riqueza.

Si ampliamos la mirada hacia otros países nórdicos, el patrón se repite. Dinamarca, por ejemplo, posee uno de los mercados laborales más flexibles del mundo desarrollado. El sistema conocido como “flexiguridad” permite a las empresas contratar y despedir trabajadores con relativa facilidad, lo que facilita la adaptación del mercado laboral a los cambios económicos. Esta flexibilidad empresarial convive con una red de protección social amplia, pero el elemento crucial es que el dinamismo del sector privado nunca fue reemplazado por el Estado.

Algo similar ocurre en Noruega, cuyo modelo social suele citarse como ejemplo de éxito redistributivo. Sin embargo, una parte sustancial de su capacidad fiscal proviene de los ingresos del petróleo del Mar del Norte, gestionados a través del fondo soberano conocido como Government Pension Fund Global, uno de los mayores inversionistas institucionales del planeta. Este fondo invierte en miles de empresas privadas alrededor del mundo, lo que ilustra una paradoja interesante: incluso los recursos que financian el bienestar social en Noruega están profundamente integrados en el capitalismo global.

Estas realidades contrastan con la narrativa simplificada que suele difundirse en América Latina. La prosperidad nórdica no surgió de la planificación central ni de la sustitución del mercado por el Estado. Surgió de economías abiertas, productivas y profundamente integradas al comercio internacional.

Y aquí es donde la reflexión inevitablemente vuelve hacia Colombia.

En los últimos años el debate económico nacional ha girado crecientemente alrededor de la redistribución, la expansión del gasto público y la intervención estatal en distintos sectores de la economía. La discusión sobre reformas tributarias recurrentes, cambios en el sistema laboral o intervenciones en mercados estratégicos refleja una tendencia política que privilegia la redistribución como herramienta principal de política económica. El problema no es necesariamente la existencia de políticas sociales —que pueden ser legítimas en cualquier sociedad moderna— sino el hecho de que estas se plantean muchas veces sin resolver previamente el problema central: la insuficiente capacidad de generación de riqueza del país.

Colombia enfrenta desafíos estructurales que rara vez se discuten con la misma intensidad que la redistribución. La informalidad laboral supera el 50 % en muchas ciudades, la productividad empresarial se mantiene baja en comparación con economías desarrolladas y la carga regulatoria y tributaria sobre el sector formal limita la expansión de nuevas empresas. Según datos del Banco Mundial y la OCDE, América Latina en general presenta niveles de productividad muy por debajo de los países desarrollados, lo que explica en gran medida la persistencia de bajos ingresos y desigualdad estructural.

En este contexto, pretender replicar modelos de bienestar propios de economías altamente productivas sin haber construido primero esa base productiva puede generar una presión fiscal creciente que termina debilitando el crecimiento económico. La historia económica muestra múltiples ejemplos de este fenómeno. Cuando los Estados intentan redistribuir riqueza que aún no existe, el resultado suele ser un aumento de la carga fiscal sobre el sector productivo existente, lo que reduce incentivos para invertir, emprender o expandir negocios.

Este dilema no es nuevo. Economistas de distintas corrientes han advertido que el crecimiento económico sostenido depende fundamentalmente de la acumulación de capital, la innovación tecnológica, la estabilidad institucional y la libertad empresarial. Incluso pensadores socialdemócratas europeos han reconocido que el bienestar social solo es sostenible cuando se sustenta en una economía dinámica y competitiva.

La discusión, por tanto, no debería centrarse en si un país debe o no tener políticas sociales, sino en cómo se financian de manera sostenible. Las experiencias internacionales muestran que los sistemas de bienestar más sólidos del mundo descansan sobre economías altamente productivas y abiertas. Sin crecimiento económico sostenido, cualquier intento de redistribución masiva termina chocando con los límites fiscales de la realidad.

Y quizá esa sea la reflexión más incómoda para el debate colombiano actual. Durante décadas el país ha discutido intensamente cómo repartir la riqueza, pero mucho menos cómo multiplicarla. Se discute el tamaño del Estado, pero con menor frecuencia se debate cómo liberar el potencial productivo de millones de emprendedores, pequeñas empresas y trabajadores que operan en condiciones de informalidad o exceso de regulación.

El verdadero desafío del desarrollo no consiste simplemente en repartir mejor los recursos existentes. Consiste en crear un entorno institucional donde la creación de riqueza sea más rápida que su redistribución. Los países que hoy admiramos entendieron esta secuencia histórica. Primero construyeron economías productivas. Luego diseñaron sistemas de bienestar financiados por esa prosperidad.

Colombia, en cambio, parece debatir el proceso en orden inverso. Y mientras no comprendamos esta diferencia fundamental, seguiremos discutiendo modelos que nunca fueron realmente lo que creemos que son.