El mito de los problemas sociales

 

En el debate público colombiano se ha vuelto casi incuestionable una premisa que pocos se detienen a analizar con rigor: la idea de que vivimos rodeados de “problemas sociales”. La pobreza es un problema social, la educación es un problema social, la salud es un problema social, el empleo es un problema social. Bajo esa narrativa, todo parece exigir una respuesta colectiva administrada por el Estado. Sin embargo, detrás de esa formulación aparentemente solidaria existe una confusión conceptual profunda que ha marcado el rumbo de las políticas públicas del país durante décadas. Muchos de los llamados problemas sociales no son, en realidad, fenómenos colectivos en su origen, sino problemas esencialmente económicos: dificultades relacionadas con la capacidad de las personas para generar ingresos a través del trabajo productivo.

Cuando un individuo tiene un empleo estable, cuando puede emprender sin obstáculos excesivos y cuando la economía le permite intercambiar su trabajo por ingresos suficientes, gran parte de las necesidades que hoy se catalogan como “problemas sociales” dejan de serlo. La educación se vuelve accesible, la salud se puede pagar, el bienestar se construye progresivamente. En otras palabras, el trabajo productivo resuelve más problemas humanos que cualquier política pública diseñada desde un escritorio. No es casualidad que los países con mayores niveles de prosperidad económica tengan también menores niveles de dependencia del Estado para resolver necesidades básicas. Allí donde la economía funciona, el asistencialismo pierde relevancia.

Sin embargo, la política contemporánea ha preferido recorrer el camino inverso. En lugar de concentrarse en cómo crear las condiciones para que las personas produzcan riqueza, el discurso dominante se ha enfocado en cómo redistribuirla. Esta lógica no es exclusiva de Colombia, pero aquí ha encontrado un terreno particularmente fértil. La expansión del aparato estatal, el crecimiento constante del gasto público y la proliferación de programas sociales han sido presentados como respuestas inevitables a las necesidades de la población. No obstante, rara vez se discute con la misma intensidad la pregunta fundamental: ¿qué está ocurriendo con la capacidad de la economía colombiana para generar empleo productivo?

Los datos revelan una realidad inquietante. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 55 % de los trabajadores en Colombia se encuentra en condiciones de informalidad laboral. Este fenómeno no es simplemente una falla cultural o una preferencia individual por la informalidad; es, en gran medida, el resultado de un entorno económico que dificulta la creación de empleo formal. Altos costos laborales, cargas tributarias crecientes, complejas regulaciones empresariales y una estructura fiscal cada vez más exigente han convertido la formalización en un desafío para miles de pequeñas y medianas empresas. En este contexto, el sector productivo no se expande al ritmo necesario para absorber la fuerza laboral disponible.

En este punto aparece una observación incómoda pero fundamental: muchos de los llamados “problemas sociales” que hoy enfrenta Colombia no se resuelven con más políticas públicas, sino con un sector privado más fuerte frente al Estado. La evidencia empírica sugiere que cuando la economía productiva se debilita, el Estado intenta compensar ese vacío con programas, subsidios y burocracias que terminan siendo costosas para el país en términos de recursos fiscales. El problema es que estas políticas rara vez atacan la raíz del fenómeno. En lugar de fortalecer la capacidad de la economía para generar riqueza, simplemente redistribuyen recursos dentro de un sistema productivo que se vuelve cada vez más frágil.

Por esa razón, una gran parte de las políticas públicas termina fracasando. No necesariamente porque sus objetivos sean moralmente cuestionables, sino porque parten de un diagnóstico equivocado. Cuando el problema es la falta de oportunidades económicas, la respuesta no puede ser únicamente ampliar el tamaño del Estado. Sin embargo, muchas políticas públicas en Colombia han seguido ese camino: crean nuevas instituciones, amplían el gasto público y multiplican programas sociales, pero rara vez generan las condiciones estructurales para que el sector privado produzca más empleo, más inversión y más crecimiento económico.

El resultado suele ser paradójico. Mientras más interviene el Estado en la economía con el objetivo de resolver problemas sociales, más difícil se vuelve para el sector productivo generar las oportunidades que permitirían resolverlos de manera natural. El resultado es un círculo vicioso: menos crecimiento económico implica menos empleo formal, lo cual a su vez aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto de los programas estatales. Así, el Estado termina intentando solucionar con gasto público problemas que en muchos casos él mismo ha contribuido a agravar mediante regulaciones e impuestos excesivos.

La historia económica ofrece abundantes ejemplos que ilustran esta dinámica. El economista Friedrich Hayek advertía que cuando el poder político asume la tarea de planificar la vida económica de la sociedad, inevitablemente termina limitando la capacidad de los individuos para coordinarse espontáneamente a través del mercado. En América Latina, el economista Hernando de Soto ha documentado cómo los sistemas regulatorios excesivamente complejos expulsan a millones de personas hacia la informalidad, creando economías paralelas donde el talento y la iniciativa sobreviven a pesar del Estado, no gracias a él.

Colombia no es ajena a este fenómeno. La carga tributaria empresarial ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado que el país presenta una presión fiscal corporativa elevada en comparación con su nivel de desarrollo económico. Este entorno no solo reduce los incentivos para invertir, sino que también limita la capacidad de las empresas para expandirse y contratar trabajadores. Paradójicamente, mientras se exige más al sector productivo para financiar el gasto público, se debilita precisamente la fuente que genera los recursos que el Estado pretende redistribuir.

En medio de esta dinámica, el discurso político suele recurrir a una narrativa moralmente poderosa: la idea de que el Estado debe intervenir para garantizar derechos sociales. Este argumento ha sido defendido con fuerza por sectores de izquierda en América Latina y en Colombia ha ganado relevancia en los últimos años dentro del debate político. No obstante, incluso economistas de tradiciones distintas han advertido sobre los límites de este enfoque. El premio Nobel Milton Friedman señalaba que una sociedad que prioriza la redistribución sobre la producción termina enfrentando inevitablemente escasez, porque la riqueza no puede repartirse indefinidamente si no se está creando continuamente.

En la vida cotidiana de los colombianos esta discusión se manifiesta de manera concreta. Un joven que busca empleo encuentra un mercado laboral limitado. Un pequeño empresario que desea expandir su negocio enfrenta impuestos, trámites y regulaciones que encarecen cada decisión de inversión. Un trabajador informal acepta condiciones precarias porque formalizar su actividad implicaría asumir cargas que su ingreso no puede sostener. Mientras tanto, el discurso público insiste en que la solución radica en ampliar subsidios, crear nuevos programas estatales o aumentar el empleo público.

Esta lógica produce una consecuencia política importante: la expansión del Estado como proveedor de oportunidades económicas. Cuando el empleo productivo escasea, el sector público aparece como alternativa atractiva. Los cargos burocráticos, los contratos estatales y los programas financiados por el presupuesto nacional se convierten en mecanismos de sustento para miles de personas. Sin embargo, esta dinámica plantea un problema estructural: el Estado no crea riqueza, la administra. Los recursos que financian esa estructura provienen inevitablemente del sector productivo.

De esta manera, la política corre el riesgo de construir una economía donde cada vez más ciudadanos dependen de un sistema financiado por un sector productivo cada vez más presionado. Cuando esa relación se desequilibra, la sostenibilidad fiscal se vuelve frágil y la economía pierde dinamismo. El resultado es un país donde la discusión pública gira constantemente alrededor de cómo repartir recursos escasos en lugar de cómo expandir la capacidad productiva de la sociedad.

Frente a este panorama, conviene recuperar una pregunta fundamental que muchas veces queda relegada en el debate ideológico: ¿cuál debería ser el papel esencial del Estado en una sociedad moderna? La tradición liberal clásica ha sostenido durante siglos que la función principal del Estado es garantizar el marco institucional dentro del cual los individuos puedan desarrollar su actividad económica con libertad y seguridad. Seguridad jurídica, protección de la propiedad privada, cumplimiento de contratos y un sistema de justicia eficaz constituyen los pilares sobre los cuales florecen las economías dinámicas.

Cuando estas condiciones existen, el crecimiento económico no surge de decretos ni de programas gubernamentales, sino de la interacción creativa de millones de personas que trabajan, invierten, emprenden y cooperan. En ese contexto, el empleo se multiplica y la prosperidad se expande de forma orgánica. El Estado cumple su rol institucional y permite que el sector privado cumpla el suyo: producir riqueza, innovar, generar trabajo y sostener el dinamismo económico de la sociedad.

Tal vez el error más persistente del debate público colombiano ha sido confundir la justicia social con la expansión permanente del Estado. La verdadera justicia social no consiste en multiplicar subsidios ni en ampliar burocracias, sino en construir una economía donde el trabajo productivo sea accesible para la mayoría de la población. Una sociedad donde las personas pueden vivir de su esfuerzo es una sociedad donde la dependencia política disminuye y la libertad individual se fortalece.

En última instancia, el futuro económico de Colombia dependerá menos de la capacidad del Estado para diseñar nuevos programas sociales y más de su capacidad para permitir que el sector productivo respire. Allí donde se crean empresas, se generan empleos; allí donde hay empleos, las personas resuelven sus propios problemas económicos; y cuando las personas resuelven sus problemas económicos, muchos de los llamados problemas sociales simplemente dejan de existir. Esa realidad, aunque incómoda para la política, es una de las lecciones más persistentes de la historia económica.