Rousseau en Colombia: la desconfianza como política

Colombia vive hoy un momento intelectual y político marcado por una profunda sospecha hacia la acción humana organizada a través del mercado, la empresa y la cooperación voluntaria. Se desconfía del lucro, se cuestiona la propiedad privada, se romantiza la naturaleza como un orden puro que el hombre inevitablemente corrompe y se exalta una noción difusa de “bien común” que debe imponerse incluso contra la voluntad individual. Aunque rara vez se lo menciona, este clima intelectual tiene una raíz clara y reconocible: Jean-Jacques Rousseau. No el Rousseau histórico leído con rigor, sino el Rousseau filtrado, simplificado y moralizado que sigue alimentando buena parte del discurso político, ambiental y social contemporáneo en el país.

Rousseau fue una de las mentes más influyentes del siglo XVIII y una de las más contradictorias. Defendió la libertad con una pasión innegable, pero lo hizo desde una profunda desconfianza hacia la sociedad, la civilización y las instituciones que emergen espontáneamente de la interacción humana. Su idea de que “todo se degenera en manos del hombre” no fue una frase marginal, sino el núcleo de su antropología política. Para Rousseau, el ser humano era bueno por naturaleza, compasivo y relativamente libre, hasta que la propiedad privada, la división del trabajo y la vida social compleja introdujeron desigualdad, dependencia y conflicto. Esta narrativa, poderosa en términos morales, sigue siendo extraordinariamente influyente.

Basta observar el debate ambiental contemporáneo. En Colombia, la actividad productiva suele presentarse como una agresión sistemática contra la naturaleza. La minería, la agroindustria, la infraestructura y la energía son descritas no como procesos perfectibles, sino como machos en sí mismos. El empresario aparece como un agente corruptor y el mercado como un mecanismo de destrucción. Esta no visión surge del vacío: responde a una lectura rousseauniana del mundo, donde la naturaleza es el estado moralmente superior y la intervención humana es, por definición, sospechosa. El problema no es la preocupación ambiental —legítima y necesaria— sino su conversión en una filosofía política que rechaza el desarrollo económico como

En el contexto colombiano, esta lógica ha llevado a una paradoja peligrosa. Se exige protección ambiental sin discutir seriamente cómo se financiará, se condena la explotación de recursos mientras se mantiene una dependencia fiscal de esos mismos sectores, y se idealiza a comunidades “ancestrales” como si estuvieran fuera de la historia económica real. Rousseau habría aplaudido esta romantización del hombre “natural”, pero la realidad es que la pobreza rural, la informalidad y la falta de oportunidades no se resuelven con idealizaciones morales, sino con instituciones que permitan inversión, especialización y crecimiento.

Aquí aparece otro punto central del legado rousseauniano: su crítica a la división del trabajo. Para Rousseau, la especialización erosionaba la autonomía individual y convertía al ser humano en una pieza dependiente del engranaje social. Esta crítica, trasladada al presente colombiano, se manifiesta en la desconfianza hacia la empresa privada, hacia las cadenas productivas y hacia la interdependencia económica. Se habla de “soberanía”, de “autonomía productiva” y de “resistencia al modelo”, sin reconocer que ningún país moderno —y menos uno con las limitaciones estructurales de Colombia— puede prosperar sin una profunda división del trabajo integrado.

En contraste, Adam Smith veía en esa misma división del trabajo la base del crecimiento económico y de la cooperación social. La diferencia no es menor. Mientras Smith partía de la imperfección humana y construía instituciones para canalizarla productivamente, Rousseau partía de una supuesta bondad original y veía en la sociedad organizada la fuente de la corrupción. Colombia, en su discurso político actual, parece haber elegido a Rousseau como referente implícito: se desconfía del individuo cuando actúa libremente, pero se confía ciegamente en la voluntad colectiva cuando es invocada d

El concepto de voluntad general es particularmente relevante para entender la política colombiana actual. Rousseau sostenía que el individuo podía seguir siendo libre si renunciaba a sus derechos naturales en favor de esa voluntad general, entendida como la expresión del interés común. El problema, señalado desde hace siglos por pensadores liberales, es quién define ese interés y cómo se controla a quien dice representarlo. En Colombia, el lenguaje del “mandato popular”, del “pueblo” y de la “justicia social” se utiliza con frecuencia para justificar decisiones que restringen las libertades económicas, debilitan la seguridad jurídica y concentran el poder político, todo en nombre de un bien superior que no admite disenso.

Incluso la dimensión religiosa de Rousseau resulta inquietantemente actual. Su afirmación de que los verdaderos seguidores de Jesús no serán buenos ciudadanos revela una preocupación central: cualquier lealtad que compita con la voluntad política es vista como una amenaza. En Colombia, donde el debate público tiende a moralizarse rápidamente, esta lógica reaparece cuando se descalifica al contradictor no por sus argumentos, sino por su supuesta falta de compromiso con la causa colectiva. El ciudadano crítico se convierte en enemigo del pueblo; el empresario, en explotador; el disenso, en sabotaje.

Las contradicciones personales de Rousseau —su vida desordenada, su abandono de sus hijos, su paranoia— no invalidan su obra, pero sí sirven como advertencia. Existe una distancia peligrosa entre el ideal moral abstracto y la realidad concreta del comportamiento humano. Colombia paga hoy el precio de confundir virtud política con buenas intenciones de creer que la desigualdad, la pobreza y el deterioro ambiental se resuelven desconfiando sistemático

Rousseau sigue siendo relevante no porque tenga razón en todo, sino porque ofrece una relación emocionalmente atractiva en tiempos de frustración social. Pero convertir ese relato en guía de política pública implica repetir un error histórico: creer que la sociedad puede ser moralmente redimida suprimiendo los mecanismos que permiten a individuos imperfectos cooperar pacíficamente. En un país que necesita crecer, generar empleo formal y reducir la pobreza de manera sostenible, la desconfianza rousseauniana hacia el mercado y la acción humana libre no es una solución: es parte del problema.