La prosperidad no se legisla

 

Hay frases que incomodan porque obligan a mirar la realidad sin el filtro del discurso político. Decir que los políticos no construirán prosperidad, mientras los emprendedores sí, no es una consigna ideológica ni una provocación gratuita; es una constatación empírica que la Colombia de hoy confirma a diario. En un país donde el debate público gira obsesivamente alrededor del poder, del presupuesto y del control estatal, resulta casi herético afirmar que el bienestar colectivo no nace de la política, sino a pesar de ella.

La economía de mercado, entendida no como un dogma sino como un proceso social de cooperación voluntaria, es el único sistema que permite que millones de personas persigan sus propias multas sin imponerlos a otros. No promete igualdad de resultados, pero sí algo mucho más valioso: igualdad de reglas para intercambiar, competir y crear. En Colombia, donde las diferencias regionales, sociales y culturales son profundas, esta característica no es un defecto, sino una virtud. Ningún ministerio en Bogotá puede saber mejor que un emprendedor en Barranquilla, Medellín o Villavicencio cómo resolver los problemas concretos de su entorno.

La política colombiana actual atraviesa una crisis que ya no es coyuntural, sino estructural. El gobierno promete transformación, justicia social y redistribución, pero lo hace recurriendo a instrumentos que históricamente han demostrado su ineficacia: mayor gasto público, presión tributaria creciente, expansión burocrática y desconfianza sistemática hacia el sector privado. Las cifras son elocuentes. Según datos del DANE, más del 55% de los ocupados en Colombia se encuentra en la informalidad, una realidad que no se explica por falta de normas, sino por exceso de ellas. Cada reforma laboral, tributaria o regulatoria que se anuncia en nombre de la equidad termina elevando el costo de emprender y empujando a más personas fuera del sistema formal.

Aquí aparece una paradoja que rara vez se discute con honestidad intelectual. El discurso político insiste en que el Estado debe intervenir más para proteger al ciudadano, pero en la práctica esa intervención beneficia a quienes ya están dentro del sistema y castiga a quienes intentan entrar. El pequeño empresario, el trabajador independiente y el emprendedor digital cargan con impuestos, trámites y sanciones que no pueden trasladar a nadie más. El resultado es un país donde la dependencia del subsidio crece al mismo ritmo que se debilita la cultura productiva.

En este punto, vale la pena hacer una pausa y observar la historia reciente. Durante la última década, marcada por inestabilidad política, polarización ideológica y reformas improvisadas, no ha sido el Estado quien ha generado las principales innovaciones económicas. Han sido los emprendedores quienes han transformado sectores enteros: desde las plataformas tecnológicas que surgieron como respuesta al desempleo juvenil, hasta los modelos de negocios rurales que han logrado integrar pequeños productores a mercados nacionales e internacionales sin necesidad de planos gubernamentales. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Basta recordar cómo figuras como Milton Friedman defendieron que el crecimiento sostenido no proviene del gasto público, sino de marcos institucionales que respetan la propiedad, el contrato y la libertad económica. O cómo pensadores contemporáneos como Deirdre McCloskey han demostrado, con evidencia histórica, que el “gran enriquecimiento” moderno surgió cuando la sociedad empezó a dignificar al comerciante y al empresario, no al burócrata.

En Colombia, sin embargo, el empresario sigue siendo retratado con sospecha moral. Se le acusa de codicia, evasión o explotación, mientras se idealiza al político como garantía del interés general. Esta narrativa no solo es intelectualmente pobre, sino peligrosa. Porque cuando se demoniza al que producir, se termina justificando un Estado que consume recursos sin rendir cuentas. El déficit fiscal creciente, el aumento de la deuda pública y la fragilidad de las finanzas estatales no son accidentes: son el resultado lógico de una visión que cree que la riqueza es algo que se reparte, no algo que se crea.

Llegados a este punto, surge inevitablemente la pregunta por la esperanza. No está en el próximo discurso presidencial ni en la siguiente reforma estructural. Está en la capacidad de millones de colombianos de seguir emprendiendo a pesar del entorno adverso. Está en quienes abren un negocio sabiendo que enfrentarán impuestos altos, regulación cambiante y escaso respaldo institucional, pero aún así lo hacen porque entienden que su bienestar no puede depender de la voluntad política. Está en la economía real, no en la retórica.

La evidencia comparada refuerza esta conclusión. Países que han apostado por limitar el poder del Estado y fortalecer la iniciativa privada, como Irlanda o Estonia, lograron en pocas décadas transformaciones profundas en empleo, ingresos y productividad. No lo hicieron prometiendo derechos imposibles de financiar, sino creando condiciones para que la inversión y el emprendimiento florecieran. Colombia, por el contrario, parece empeñada en recorrer el camino inverso, confiando en que más control producirá más prosperidad.

Los políticos administran poder y buscan votos; los emprendedores administran recursos escasos y enfrentan consecuencias reales si se equivocan. Esa diferencia de incentivos lo explica todo. Mientras el error político se cubre con retórica y presupuesto, el error empresarial se paga con quiebra. Por eso la prosperidad no se decreta ni se legisla: se construye desde abajo, con riesgo, creatividad y responsabilidad individual.

Si Colombia quiere un futuro distinto, debe abandonar la ilusión de que la política es la solución a todos sus problemas económicos. El debate serio no es cuánta riqueza puede redistribuir el Estado, sino cuánta riqueza está dispuesta a dejar crear. Porque al final, más allá de ideologías y discursos, la realidad sigue imponiendo su veredicto con crudeza: los políticos no construyen prosperidad. Los emprendedores sí.