El negocio de la pobreza y la trampa de la ilusión

En una sociedad que avanza a la velocidad de la información, donde las oportunidades se multiplican para aquellos que saben aprovecharlas, resulta paradójico que la pobreza siga siendo el motor de muchas estructuras de poder. Se nos ha dicho, una y otra vez, que la solución a la miseria radica en la intervención del Estado, en la redistribución de la riqueza y en programas asistencialistas que, con el tiempo, terminan siendo una pesada ancla en lugar de una escalera hacia la prosperidad. Sin embargo, lo que pocos se atreven a decir es que la pobreza es un negocio, no para el empresario, sino para el político. Mientras el empresario necesita consumidores con mayor poder adquisitivo para que su negocio crezca, el político necesita votantes vulnerables que dependan de sus promesas para mantenerse en el poder. Y en esta contradicción se juega el destino de millones de personas.

La lógica del mercado es implacable en su transparencia: para vender más, se necesita que más personas tengan con qué comprar. No es casualidad que las naciones más ricas sean aquellas donde el acceso a bienes y servicios es masivo, donde la clase media es fuerte y donde el emprendimiento es incentivado en lugar de asfixiado por regulaciones y tributos asfixiantes. Un empresario no puede prosperar en una sociedad donde la mayoría apenas sobrevive; necesita una población con capacidad de consumo, porque la rentabilidad se encuentra en los productos de mayor valor agregado, aquellos que requieren de un cliente con ingresos crecientes y aspiraciones de mejor calidad de vida. En otras palabras, el empresario necesita que la pobreza desaparezca.

Pero el político juega un juego diferente. No vende bienes ni servicios, vende ilusiones. No le interesa que el ciudadano se libere de la pobreza, sino que le agradezca por migajas que apenas le permiten subsistir. Su poder radica en la dependencia, en la promesa eterna de que el mañana será mejor si se mantiene el mismo esquema de subsidios, protecciones y dádivas. La pobreza no es un problema a resolver para el político, es un recurso a administrar. En Colombia, este modelo se ha perfeccionado hasta volverse una maquinaria electoral inquebrantable: se reparten ayudas que nunca alcanzan para progresar, se crean programas que mantienen a las personas atadas al Estado y, cuando las cosas empeoran, se culpa al mercado, a la empresa privada, al neoliberalismo, a cualquier cosa menos a la estructura de poder que se beneficia de la miseria.

La trampa está en la ilusión. Se nos enseña a desconfiar del éxito económico, a ver con recelo a quienes prosperan y a exigir que el Estado “regule” y “redistribuya” en lugar de permitir que la gente cree su propio destino. Se nos inculca la idea de que el empresario es enemigo del pueblo, cuando en realidad es el motor de su progreso. La historia lo demuestra con claridad: los países que han apostado por la libertad económica han sacado a millones de la pobreza, mientras que aquellos que han apostado por el control estatal han hundido a sus poblaciones en el estancamiento y la desesperanza. ¿Cómo puede explicarse que, en un país tan rico en recursos como Colombia, siga habiendo tanta gente sin oportunidades? La respuesta no está en la falta de riqueza, sino en la falta de instituciones que permitan que esa riqueza fluya libremente hacia quienes están dispuestos a crear, innovar y trabajar por su propio bienestar.

El problema es aún más grave porque el discurso populista, que se alimenta del resentimiento, ha calado profundamente en el imaginario colectivo. Se nos ha convencido de que la riqueza es una anomalía que debe ser corregida, en lugar de una meta a la que todos deberíamos aspirar. Mientras en otras partes del mundo el emprendedor es visto como un héroe que genera empleo y bienestar, en Colombia se le percibe con sospecha, como alguien que debe ser controlado y limitado. Y en esa mentalidad radica la perpetuación de la pobreza, porque en lugar de incentivar la creación de riqueza, se promueve la lucha por su reparto. En lugar de incentivar la inversión, se criminaliza el éxito. En lugar de fortalecer instituciones que protejan la propiedad y fomenten el emprendimiento, se alienta la dependencia del Estado.

El círculo vicioso de la pobreza política se mantiene porque funciona. Mientras existan suficientes personas que dependan de las ayudas del gobierno, habrá suficientes votos para perpetuar el sistema. Mientras se mantenga el discurso de que la riqueza es un juego de suma cero, donde unos tienen porque otros carecen, se seguirá justificando el intervencionismo y la expropiación disfrazada de impuestos confiscatorios. Mientras se mantenga viva la idea de que el Estado es el gran benefactor y no el principal obstáculo para la creación de riqueza, seguiremos atrapados en esta trampa.

Romper con esta estructura requiere un cambio de mentalidad. No se trata de esperar a que el Estado resuelva nuestros problemas, sino de entender que la verdadera solución está en la libertad económica. Se trata de promover un modelo donde el éxito de unos beneficie a todos, donde la competencia genere innovación y donde el trabajo, la creatividad y la iniciativa sean las herramientas principales para salir adelante. Se trata de dejar de pensar en términos de escasez y empezar a ver el mundo como lo que realmente es: un lugar de oportunidades infinitas para quienes están dispuestos a tomarlas.

En Colombia, todavía estamos a tiempo de dar ese giro. Pero para lograrlo, es fundamental reconocer que la pobreza no se erradica con promesas, sino con hechos. No se elimina con discursos, sino con oportunidades reales. Y, sobre todo, no se supera esperando que el político de turno nos salve, sino tomando el control de nuestro propio destino. La pregunta no es si el empresario necesita pobres. La verdadera pregunta es: ¿cuánto más vamos a permitir que el político siga lucrándose de la pobreza?