Fraude como política: cuando el Estado de bienestar se convierte en botín

 

En Colombia, hablar de fraude es hablar a la vez de un fenómeno administrativo y de una decisión colectiva: no siempre se trata solo de delincuentes que vulneran normas, sino de contextos y estructuras que hacen del desvío de recursos una herramienta política rentable. El Estado de bienestar moderno —esa promesa de protección social, salud, educación y transferencia de ingresos— genera flujos masivos de recursos y discrecionalidad en su asignación. Cuando las reglas, los incentivos y las redes de poder convergen perversamente, esos flujos no solo se desperdician por ineficiencia: se reproducen y se institucionalizan como mecanismos para sostener clientelas, financiar campañas y afianzar clientelismos. Esta es una reflexión que parte de la evidencia acumulada en Colombia y del debate internacional sobre cómo el diseño institucional y la cultura política tornan el fraude en política pública, con graves consecuencias para la legitimidad y la equidad.

Las políticas sociales y compras públicas en Colombia no se aplican en el vacío. Viven dentro de un sistema donde los actores —políticos, funcionarios, contratistas, intermediarios y beneficiarios— responden a incentivos claros: maximizar recursos, conservar poder y minimizar riesgos personales. En este tablero, un contrato público es más que un mecanismo para proveer un bien: puede ser una moneda política. La crisis alrededor de empresas promotoras de salud y del aseguramiento, las investigaciones sobre contratación pública en varias alcaldías y gobernaciones y los casos internacionales que tocaron a Colombia muestran un patrón: cuando las instituciones de control son débiles o capturadas, y cuando las sanciones son impredecibles, el fraude deja de ser una anomalía y pasa a ser una estrategia instrumental para reproducir clientelas y garantizar lealtades. No es casualidad que grandes escándalos —desde la participación en redes de sobornos vinculados a consorcios internacionales hasta la manipulación de contratos locales— surjan en contextos donde la entrega de recursos se relaciona directamente con favores políticos y con la construcción de poder territorial.

Afirmar que el fraude es político no implica negar la presencia de mafias o de criminalidad organizada: implica reconocer que las decisiones públicas y los diseños institucionales pueden facilitar o impedir la captura. Un programa de transferencias condicionado, pobremente focalizado y administrado por intermediarios locales crea un campo propicio para la captura clientelar. Un sistema de contratación con cláusulas ambiguas y con adjudicaciones directas bajo supuestos de emergencia favorece la facturación inflada y la colusión entre oferentes y funcionarios. La evidencia comparada indica que la discrecionalidad amplia, la opacidad y la baja capacidad estatal son predictores sólidos de corrupción y fraude, y Colombia no es una excepción a esas relaciones generales.

Las consecuencias son profundas y multiformes. En primer lugar, la desviación de recursos erosiona la equidad: quienes más necesitan servicios quedan desproveídos porque los fondos se filtran hacia redes privilegiadas. En segundo lugar, la eficiencia del gasto público se desploma: los recursos destinados a la salud, la educación o los subsidios pierden impacto social real cuando son capturados. En tercer lugar, la legitimidad del Estado se resquebraja; cuando los ciudadanos perciben que las políticas públicas son convertidas en botón, la confianza se reduce y se produce una retroalimentación que justifica la evasión por parte de los destinatarios y la tolerancia social al clientelismo. Finalmente, hay un efecto político perverso: la normalización del fraude fortalece a quienes dependen de estas prácticas para sostener estructuras de poder, reduciendo la probabilidad de reformas profundas.

Para ilustrar con situaciones reconocibles en Colombia: piénsese en subsidios mal focalizados que terminan en manos de redes familiares o partidarias; en municipios donde la contratación se concentra en pocas empresas que repiten adjudicaciones, muchas veces vinculadas a actores políticos locales; o en la persistencia de facturación inflada en sectores como la salud, donde los proveedores cobran por servicios no prestados o por prestaciones de calidad dudosa. Casos emblemáticos del pasado reciente —investigaciones sobre grandes constructoras internacionales que involucraron pagos ilícitos en adjudicaciones, quiebras de aseguradoras y crisis en proveedores de servicios sociales— no son meras anécdotas: son señales de una falla sistémica en la gobernanza pública. Al mismo tiempo, hay actores políticos que, desde posiciones ideológicas diferentes, instrumentalizan la denuncia o la indiferencia frente a estos fenómenos según su conveniencia: mientras algunos exigen transparencia radical y sanciones ejemplares, otros minimizan escándalos cuando estos consolidan redes de apoyo. La relación poliédrica entre ideología y tolerancia al fraude es palpable en la política colombiana, donde clientelismos tradicionales han sido utilizados tanto por partidos conservadores como por sectores emergentes en la izquierda.

Abordar este problema exige una lectura que supere el moralismo y que ponga el foco en incentivos y diseño institucional. La sensibilidad punitiva es importante, pero insuficiente si no se acompaña de cambios técnicos que reduzcan la discrecionalidad y aumenten la trazabilidad. La digitalización de pagos, los registros abiertos sobre contratación y beneficiarios (respetando privacidad donde corresponda), sistemas de pago condicionados a evidencia verificable y auditorías continuas hacen más costosa y menos rentable la captura. Pero la tecnología por sí sola no garantiza la integridad: si las élites políticas y económicas mantienen la capacidad de neutralizar controles, la innovación administrativa será capturada. Por eso las reformas técnicas deben acompañarse de transformaciones políticas: fortalecimiento de órganos de control con independencia real, medios de comunicación libres y recursos para la sociedad civil que monitoree y denuncia, así como sanciones efectivas que no dependen de climas políticos temporales.

Existe además una dimensión cultural que no puede obviarse. En sociedades donde la percepción de impunidad es alta y la desconfianza hacia el Estado es profunda, el fraude puede ser racionalizado por amplios sectores como una forma de “redistribución informal” o como respuesta a un sistema que se percibe injusto. Esa justificación, por real que sea la frustración social, termina por corroer las normas cívicas y reducir la capacidad colectiva para exigir integridad. Si el discurso público se limita a demonizar a los “corruptos” sin atender las causas estructurales —falta de oportunidades, concentración de poder económico y político, diseño institucional débil— el problema persistirá. La lucha contra el fraude, por tanto, es también una lucha cultural por reconfigurar expectativas sobre la relación entre ciudadanos y poder público.

Pero no todo está perdido; Colombia ha mostrado avances y aprendizajes. La presión social y mediática ha forzado investigaciones de alto impacto. Herramientas de transparencia fiscal y nuevas exigencias de rendición de cuentas en varios entes territoriales han logrado exponer prácticas antes invisibles. Iniciativas de participación ciudadana en control social y veedurías han obstaculizado adjudicaciones irregularmente favorables. Estos logros no son triviales: demuestran que las redes de captura son vulnerables cuando existen incentivos claros para la investigación y la sanción. Sin embargo, la historia reciente muestra que los avances son frágiles cuando no se institucionalizan: cuando cambian los vientos políticos, los mecanismos de control pueden ser desactivados o cooptados.

La reforma debería mirar, por tanto, en tres direcciones interdependientes. Primero, reducir la caja de discrecionalidad: simplificar criterios de adjudicación, favorecer mecanismos de competencia reales y automatizar procesos que hoy se hacen “a mano” y permiten manipulaciones. Segundo, hacer creíbles las sanciones: independencia judicial y administrativa, procesos transparentes y sanciones proporcionales que desincentivan la repetición. Tercero, empoderar a la sociedad: abrir datos en formatos útiles, apoyar a organizaciones de vigilancia y proteger denunciantes para que el control no dependa únicamente de organismos estatales que pueden ser influenciados. Estas acciones deben enmarcarse en una narrativa pública clara: que la protección social no es botón sino derecho colectivo, y que la defensa de ese derecho exige reglas limpias y actores responsables.

La discusión no es meramente técnica; es política y moral. Diferentes corrientes ideológicas pueden coincidir en la necesidad de proteger a los vulnerables e, incluso, en la utilidad de ciertos programas sociales; pero divergen en cómo diseñarlos y en qué controles toleran. El reto para Colombia es construir pactos mínimos de integridad que trascienden ciclos electorales y que rompen la perversa coincidencia donde quienes ganan poder lo hacen habitualmente impidiendo la transparencia. No será suficiente invocar virtudes cívicas: requieren también institucionalidades que hagan el fraude costoso y poco rentable.

Si el Estado de bienestar se mantiene como proyecto legítimo, debe reconfigurar sus incentivos. No se trata de desmantelar la protección social por miedo al fraude, sino de reenfocar su gestión para que la búsqueda de justicia social sea incompatible con la captura. En la medida en que las élites políticas y económicas comprendan que la rentabilidad de la captura se ha agotado —porque los controles son eficaces, las sanciones previsibles y la sociedad vigilante—, el fraude perderá su racionalidad política. Hasta entonces, cada escándalo expuesto y cada investigación seria son recordatorios incómodos: el problema no es solo la deshonestidad individual, sino un diseño institucional que facilita convertir la solidaridad pública en botón privado. En la encrucijada colombiana actual, elija entre esa captura o la renovación institucional es, en última instancia, una decisión sobre qué clase de democracia y qué tipo de Estado de bienestar se quiere preservar.